El concejal Jorge Silva, del Movimiento Al Socialismo (MAS), presentó ayer en Sucre un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) contra dos leyes tributarias aprobadas por el Concejo Municipal de La Paz y promulgadas por el Ejecutivo edil.
Ambas normas —Ley de Plano de Zonificación y Valuación Zonal del Área Urbana, y Ley de Modificación a la Ley de Creación de Impuestos Municipales— según Silva, afectan a la economía de los vecinos, “porque incrementan en un 203% el Impuesto Municipal a las Transferencias Onerosas (IMTO)” por la modificación de la Base Imponible. Para este legislador, eso es un “impuestazo”.
Las autoridades recurridas por Silva son el presidente y la secretaria del Concejo, Pedro Susz y Beatriz Álvarez, respectivamente, ambos de Soberanía y Libertad (Sol.bo), agrupación de la que el alcalde Luis Revilla es su líder.
“Modifican la Base Imponible (BI) de bienes inmuebles y afectan a las transferencias en un 203% de impuestos, cambian la tabla de depreciación de los vehículos y afectan en un 100% el pago de impuestos”, añadió. Silva alegó que ambas normas vulneran el régimen de competencias establecido en la Constitución Política del Estado, los principios constitucionales tributarios y la política fiscal.
Sin embargo, a través de diversos voceros la administración edil explicó que las alícuotas siguen siendo las mismas, y que lo único que persigue la Alcaldía es que el 60% de los que efectúan transacciones en el municipio no evadan el IMTO mediante la suscripción de dos minutas de compra-venta: una con el precio real y otra por un monto menor.
“Hemos subido la BI en un 36,7%, pero a la vez, exactamente en la misma proporción, hemos bajado las alícuotas” para evitar que se afecte el monto tributado, señaló el 15 de marzo el legislador de Sol.bo Fabián Siñani. La demanda de Silva entrará a la Comisión de Admisión del TCP, que en 10 días emitirá un informe sobre el cumplimiento de los requisitos formales de la demanda.
Luego, la Sala Plena procederá a sortear y asignar el caso a un magistrado relator, que tendrá 40 días para pronunciarse sobre el fondo del asunto. Fernando Velásquez, director Jurídico del gobierno local, dijo que espera que el TCP rechace el recurso, porque ya se pronunció en otro asunto que enfrentó a la Alcaldía con el Gobierno nacional.
“Esa instancia ya se ha pronunciado con la Sentencia 48/2015 emergente de una acción que habíamos interpuesto en la discusión de este tipo de impuestos (transacciones leasing), y el TCP declaró su improcedencia”.