El bloqueo de los choferes, que se oponen al tren eléctrico interurbano que promueve el Gobierno central, le dio contundencia al paro de ayer convocado por el Comité Cívico de Cochabamba, que dio 10 días para que se atiendan sus 12 demandas.
Desde las 03.00, calles, avenidas y carreteras al occidente y oriente del país fueron tomadas por los transportistas —que usaron sus buses y micros para impedir el tráfico, incluso de los vehículos particulares—, funcionarios ediles y comerciantes.
El paro enfrentó a autoridades de la Gobernación, administrada por el Movimiento Al Socialismo (MAS), y la Alcaldía, impulsora de la movilización cívica, en poder del Movimiento Demócrata Social (Demócratas).
La protesta, que comenzó como respuesta a la negativa del Ministerio Público de permitir la demolición de un puente vehicular que colapsó en octubre de 2015, terminó apuntalando un pliego de 12 peticiones dirigidas sobre todo al Gobierno nacional. “Después de 10 años de desaparición del Comité estamos batallando, haciendo conocer que tenemos necesidades”, dijo el presidente cívico, José Flores.
“Queremos invitar a los ministros a resolver de manera inmediata estos puntos. Hemos dado 10 días de plazo a las autoridades judiciales para que resuelvan el tema del puente; en esos mismos 10 días el Gobierno debe sentarse a trabajar y resolver las demandas de la región”, añadió.
PLIEGO. Flores, exmilitante de Nueva Fuerza Republicana de Manfred Reyes Villa, fue elegido presidente del ente cívico en octubre de 2015 con el apoyo del Comité Cívico Provincial, transportistas y comerciantes. El pliego, además de la demolición de la estructura colapsada construida en la gestión del alcalde masista Edwin Castellanos, exige la conclusión “a la brevedad posible” del proyecto Misicuni, y una solución definitiva al tramo El Sillar, camino a Santa Cruz, que cada año es cerrado por los derrumbes en la época de lluvias. El Comité exige un plan de emergencia contra la sequía y la otorgación de ítems e infraestructura para salud y educación.
También demanda que se autorice el uso de los $us 504 millones, comprometidos por la administración de Evo Morales para el Tren Metropolitano, en el cambio de la red de agua potable en todo el departamento. Solicita la realización de los juegos Odesur; la redistribución de recursos a través de un nuevo pacto fiscal; la generación de empleos estables, y la elaboración del Estatuto Autonómico.
Además, rechaza “la intención de nacionalizar” las empresas Comteco, Coboce y PIL, y exige una amnistía a favor de comerciantes, microempresarios y otros para que paguen los impuestos nacionales sin multas.
José Orellana, dirigente de la Federación Departamental del Autotransporte, explicó que existen cinco obras que dificultan su trabajo debido al cierre de rutas, como la avenida 6 de Agosto. En esa vía, los puentes Independencia y Panamericana no funcionan; uno colapsó y el otro por seguridad. Respecto a las demás peticiones, “no compartimos y no las conocemos”, manifestó.
Los municipales también colaboraron con la toma de vías. El secretario general de la Alcaldía de Cochabamba, Álex Contreras, disidente del MAS y hoy su oponente político, aseguró que la medida fue cívica y que los funcionarios se adhirieron “como parte del pueblo”. Al paro se sumaron universitarios, maestros urbanos y gremiales. La Alcaldía y el Concejo cerraron puertas, lo que no hicieron otras entidades del sector público, como la Gobernación.
Político. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, en una rueda de prensa en esta capital valluna, hizo notar que: “llama la atención la existencia de un voto resolutivo muy genérico, que no tiene antecedentes de gestión oficial”.
“Queremos denunciar el carácter político de esta movilización”, ya que los ministerios “de Agua, Autonomías, Salud, Obras Públicas y Economía no recibieron ninguna carta, ni los dirigentes cívicos hicieron ninguna gestión pidiendo atender alguna problemática o solicitando una reunión”.
El viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, exhibió una foto de Contreras. “En esta fotografía está personalmente instruyendo el bloqueo de un puente”.
María Teresa Zegada: ‘El pliego no tiene mayor sentido’
Ha sido una sorpresa para la ciudadanía este paro, primero, porque la entidad cívica desde hace muchos años ha perdido la capacidad de convocatoria y prestigio en el ámbito local, y los paros cívicos tuvieron muy poca respuesta. Sorprende esta emergencia con un personaje (Juan Flores, presidente cívico) que no tiene trayectoria reconocida.
Lo segundo, es el pliego petitorio. Hay malestar por el puente y la mala gestión; el desperdicio de recursos ha sido una burla a la población: el transporte y la gente que se desplaza en esta zona comercial fueron afectados.
Hay indignación por la manera en la que se postergó una solución a ese problema, pero lo que sorprende no solo es que este tema sea puesto en cuestión, ahí aparece un pliego petitorio bastante ambiguo, con temas muy generales y que, en el fondo, no tienen mayor sentido. Creo que el éxito de este paro está en el compromiso, sobre todo del sector del transporte. Todos sabemos que los paros, si no bloquea el transporte, no tienen mayor repercusión.
Seguramente el punto del pliego referido al tren urbano, que ya recibió amenazas de los transportistas, es el que ellos quieren instalar con esta movilización. La región está postergada, es evidente, los puntos son sentidos por la población, pero no creo que impliquen un compromiso abierto con esas problemáticas. Son puntos sensibles, pero no como para una medida como esta.
María Teresa Zegada es socióloga y analista política.