Ante la violencia registrada en los últimos dos días entre personas con discapacidad y la Policía, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos exhortó al Gobierno y a los movilizados a dialogar y buscar soluciones.
“La Oficina exhorta al Gobierno, como a las organizaciones representativas de personas con discapacidad, a entablar un diálogo que permita llegar a acuerdos y soluciones integrales en todos los ámbitos: salud, educación, trabajo y justicia, asegurando el goce de sus derechos en igualdad de condiciones para tener una vida digna”, señala el comunicado de la ONU.
También “insta a todos los actores involucrados a abstenerse del uso de la violencia; y a las autoridades policiales, a precautelar la integridad física de las personas con discapacidad movilizadas, en el marco de su derecho a reunión y manifestación pacífica”.
Las personas con discapacidad que llegaron de Cochabamba a La Paz, tras una marcha de 35 días en demanda de un bono mensual de Bs 500, protagonizaron el miércoles una protesta por el centro de la sede de gobierno. Al tratar de rebasar las vallas metálicas de dos metros de altura, instaladas por la Policía, fueron afectadas por el gas pimienta.
Ayer por la mañana, los marchistas se colocaron pies arriba con sus sillas de rueda, como medida de presión. Por la tarde, un grupo del sector se enfrentó con la Policía y logró retirar al menos dos vallas de seguridad. Inmediatamente, los efectivos reforzaron el lugar para impedir el paso a la plaza Murillo, mientras que uno de los movilizados se crucificó.
“Hemos logrado sacar dos puertas, otra ya está por moverse. Entonces, ya podemos pasar y hacer escuchar nuestra petición delante del Gobierno porque no nos quiere recibir, nos ha puesto barreras en todo lado. Solo queremos dialogar con el Presidente (Evo Morales)”, expresó la dirigente de las personas con discapacidad de Pando, Juana Orbe.
Para terminar con el conflicto, el vicepresidente Álvaro García Linera informó por la mañana que el Ejecutivo planteará a la dirigencia de los discapacitados que asistió a la reunión con el Gobierno, la contratación en entidades públicas de un familiar de personas con discapacidad extrema.
“Si hay 100 personas en una institución (pública), cuatro tienen que ser personas con discapacidad, y si éstas no pueden, y es lo que vamos a decir en la reunión, un familiar de esa persona con discapacidad puede entrar a trabajar en su lugar”, planteó García.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, comunicó que se detuvo a un infiltrado. Se trata de D. Hurtado, quien se hacía pasar por un policía. La autoridades mostraron fotografías del individuo. En tanto, la ministra de Comunicación, Marianela Paco, aseguró que detrás de la movilización se encuentran políticos de la oposición. “Hemos identificado que la táctica es intentar desgastar, la desinformación, hay un financiamiento camuflado, hay operadores políticos”.
El dirigente nacional de las personas con discapacidad, David Cayo, respondió que el movimiento no es político. “Nosotros no buscamos la lástima del Gobierno, solo queremos que no nos discrimine y nos atienda en nuestra demanda de un bono”.
Liberan a un discapacitado detenido en los conflictos
Aleja Cuevas
Un joven con epilepsia, que forma parte de las movilizaciones por un bono mensual de Bs 500 para personas con discapacidad, fue liberado ayer, después de ser detenido en los incidentes del miércoles entre marchistas y la Policía, en cercanías de la plaza Murillo.
Enrique Gómez, de 28 años, fue sometido a una audiencia cautelar. La jueza de Instrucción en lo Penal, Melina Lima, determinó otorgarle la libertad con dos garantes. El ejecutivo de la Confederación de Personas con Discapacidad, David Cayo, señaló antes de las medidas sustitutivas que un grupo de abogados agilizaba la liberación del joven.
Entretanto, la Federación de Personas con Discapacidad de La Paz informó que Gómez está acusado de robo agravado y daños a la propiedad del Estado. Él arrebató un escudo policial. La dirigencia del sector movilizado aclaró que el joven tiene epilepsia y retraso mental. Él actúa como un niño de 10 años.
El miércoles, los discapacitados intentaron ingresar a la plaza Murillo, pero las vallas metálicas de dos metros de altura, que fueron instaladas en los ingresos por la Policía, les cerraron el paso. Ese día, marchistas en sillas de ruedas y con muletas fueron afectados por agentes químicos. El Gobierno aseguró que solo se roció el gas a los infiltrados.