La inmediata inserción laboral de unas 500 personas con discapacidad y la entrega de 920 viviendas con subvención y créditos forman parte del acta de acuerdo alcanzado ayer entre el Gobierno y las personas con discapacidad que no realizan protestas.

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, aseguró que algunos acuerdos serán implementados lo antes posible y citó como ejemplo la inserción laboral en el sector público. “Vamos a desarrollar en el menor tiempo posible una inserción laboral en el Gobierno nacional, en lo que corresponde a los ministerios. Los 21 ministerios tenemos la obligación de incorporar a personas con discapacidad en el 4% de planillas”, indicó.

Un grupo de ministros y la dirigencia departamental de las personas con discapacidad, del sector que no efectúa las protestas, comenzaron un diálogo por tiempo y materia el miércoles. Declararon un cuarto intermedio en la madrugada y en la mañana de ayer retomaron las negociaciones, que culminaron en la tarde con un acuerdo de 42 puntos.

La ministra de Salud, Ariana Campero, dio lectura al acta de acuerdo que hace referencia a beneficios en áreas de vivienda, salud, educación, empleo y productividad.

En materia de empleo, dicho documento establece la creación de una comisión para garantizar la inserción laboral en el sector público y privado. También la ejecución de un plan de incorporación de este sector poblacional o de familiares y tutores de personas con discapacidad grave y muy grave, para así cumplir con el 4% de inserción laboral, dispuesto por ley.

“Se dará inicio de forma inmediata a la capacitación técnica laboral de 500 personas con discapacidad, que incluye un salario mínimo nacional en empresas públicas o privadas”, anunció la ministra Campero. Agregó que se hará un estudio de los grados de discapacidad para determinar una asignación de recursos económicos, de acuerdo con la necesidad y el impedimento de cada uno.

El Ejecutivo se comprometió a entregar este año 920 viviendas bajo las modalidades de subvención y crédito, dependiendo de cada caso. El acta también menciona que en un plazo de 90 días, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) entregará un reglamento de créditos de vivienda social y productiva.

Además, se prevé asignar viviendas que fueron incautadas en la lucha contra el narcotráfico para sedes sociales y centros de rehabilitación transitoria, y la entrega de vehículos. “El Ministerio de Desarrollo Productivo implementará el sello ‘Hecho en Bolivia’ a los productos de las iniciativas productivas de las personas discapacitadas”, señaló Campero.

En salud, el acta establece el despliegue de una campaña comunicacional para el trato preferente a los beneficiarios, un estudio de factibilidad para determinar la posibilidad de otorgar un carnet indefinido a personas con discapacidad grave y muy grave, y un plan de señas para la atención médica. Un censo será levantado en cuatro meses.

No obstante, la dirigencia del sector movilizado desconoció este acuerdo porque no participaron de las negociaciones. Las federaciones de Sucre (Chuquisaca), Cochabamba y Santa Cruz hicieron lo propio.

La vigilia desconoce  a dirigentes

División

Los discapacitados que protestan en La Paz desconocieron a los dirigentes que negociaron con el Gobierno, y los acusaron de ser afines al Movimiento Al Socialismo.

La protesta crece en dos departamentos

Yuvert Donoso, Iván Condori

Las personas con discapacidad de Santa Cruz y Sucre (Chuquisaca) se suman desde sus regiones a las protestas en La Paz, en demanda de un bono mensual de Bs 500. En Cochabamba anunciaron que radicalizarán medidas desde la próxima semana.

Al cumplir 53 días de vigilia en el frontis de la Gobernación de Chuquisaca, los discapacitados bloquearon ayer las calles y uno de ellos optó por colgarse de uno de los árboles de la plaza 25 de Mayo. “Nosotros nos vamos a colgar y crucificar, no nos podemos quedar así mientras nuestros compañeros son agredidos por el Gobierno. Si no nos atienden, preferimos estar muertos porque queremos una vida digna”, dijo Abundio Callasa y señaló que las medidas se reiniciarán desde el lunes.

En Santa Cruz, el representante Juan José Barrea indicó que continuará la vigilia en demanda del bono mensual. En ambas ciudades desconocieron a los dirigentes que negocian con el Gobierno. Francisca Guarachi, de Cochabamba, informó que habrá presión la siguiente semana.