Discapacitados se crucifican y se cuelgan por el bono en 3 regiones
Conflicto. Sector alista marcha nacional; Gobierno denuncia maltrato a una policía
Tras un nuevo enfrentamiento entre policías y personas con discapacidad, una dirigente en silla de ruedas se colgó de la pasarela de la Pérez Velasco para exigir el bono de Bs 500. En Sucre, el panorama fue similar, mientras que en Cochabamba se crucificaron.
“Son 60 días los que hemos estado en vigilia en Cochabamba, más de 35 en la carretera, ahora estamos más de 10 días en La Paz. ¿Acaso hemos tenido algún diálogo?”, reclamó Rosmery Huayta, una dirigente de las personas con discapacidad que se colgó ayer de la pasarela para exigir la renta mensual de Bs 500, en vez de la anual de Bs 1.000.
A las 11.00, un grupo de hombres y mujeres en sillas de ruedas, algunos junto a sus hijos, se enfrentó con los efectivos en el intento de cruzar el puente de la Pérez Velasco. Al final, logró establecerse sobre la infraestructura a empujones, insultos y gritos. “Solo queremos marchar, por qué no nos dejan pasar”, reprochó uno de los movilizados.
Al mediodía, Huayta se puso debajo de la pasarela para ser elevada con su silla de ruedas, pero uno de los efectivos cortó en dos ocasiones la soga. Este hecho molestó al grupo y originó más enfrentamientos. Uno de los policías que no portaba identificación fue increpado por el uso del cuchillo. “No es cuchillo, es mi navaja de bolsillo, es parte del equipo policial”, afirmó. Sin embargo, los movilizados lograron suspender a Huayta. “No me importa la vida, lo que importa es que la renta de 500 bolivianos llegue a las personas con discapacidad para que vivan dignamente”.
Denuncia. El Ministerio de Gobierno denunció, mediante un comunicado, que una policía fue “brutalmente violentada” hasta causarle heridas en el cuero cabelludo. El corresponsal de este medio en Sucre (Chuquisaca) reportó que los discapacitados radicalizaron sus medidas. Su dirigente, Arminda Valeriano, y otros miembros se colgaron en los árboles de la plaza 25 de Mayo. “Me encuentro delicada, pero aún así no me rindo; continuaré no solo por mí, sino por mis compañeros”.
Esta medida fue apoyada por los estudiantes de Kinesiología de la Universidad San Francisco Xavier con el bloqueo de los cuatro ingresos a la plaza central.
Mientras la corresponsalía en Cochabamba informó que dos movilizados se crucificaron en los pilares del edificio de la Gobernación, en demanda del bono mensual. “Vamos a apoyar la caravana desde aquí. Hoy nos crucificamos para reclamar la falta de atención y la discriminación que sufrimos en La Paz”, manifestó la dirigente de la región, Francisca Guarachi.
Alfredo Rada, viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, llamó a los discapacitados a sumarse al acuerdo de los 42 puntos, suscrito entre el Gobierno y los no movilizados. El sector alista una marcha nacional como otra estrategia de presión para ser atendido. La dirigencia espera aún reunirse con el presidente Evo Morales.
Exigen la anulación de la Ley 223
Referéndum
La dirigencia de las personas con discapacidad iniciará el registro de firmas en La Paz, Chuquisaca, Santa Cruz y Pando para un referéndum de anulación de la Ley 223, porque considera que no responde a las necesidades del sector. Advierte que caso contrario pedirá la revocatoria de Evo Morales.
Sugieren 6% de inserción laboral
La Central Obrera Boliviana (COB) propuso ayer al Gobierno modificar la Ley 223, de Personas con Discapacidad, para que la inserción laboral en las empresas públicas sea del 6%, en vez del 4%. “La COB pidió que esa política de empleo del 4% debe ser elevado al 6% en el sector público. Y para el privado, una obligación que los empresarios absorban el 4%, pero con un salario digno para todos los compañeros discapacitados”, dijo el ejecutivo de la COB, Guido Mitma.
Proyectos. La Ley 223 dispone de manera general que todos los niveles del Estado deben incorporar planes, programas y proyectos de desarrollo inclusivo, orientados al desarrollo económico y a la creación de puestos de trabajo para las personas con discapacidad.
Mientras que el artículo 4 del Decreto Supremo 29608, promulgado en junio de 2008, establece que todas las entidades de Gobierno, gobernaciones y alcaldías tendrán la obligación de contratar a las personas con discapacidad, en un promedio mínimo del 4% del total de su personal.
El viceministro de Educación Alternativa y Especial, Noel Aguirre, explicó que dentro del acuerdo de los 42 puntos se estableció elaborar una norma que garantice la inserción del 4% en entidades. “Se acordó en comisión que se elaborará una ley de carácter coercitivo de aplicación en todas las instancias de Gobierno”. El viceministro Aguirre mencionó que hay la posibilidad de similar política para las empresas privadas. La decisión se la tomará en las reuniones de la comisión, que se realizarán en próximos días.
