Una masiva marcharon y posterior cabildo en la Plaza Mayor, centro de La Paz, decidió exigir al Gobierno central la municipalización del servicio de dotación de agua potable y juicios contra los responsables de la crisis del agua que afecta a unos 100 barrios de La Paz y El Alto.
La convocatoria fue emitida por la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de La Paz contraria a la administración del presidente Evo Morales. La convocatoria reunió a vecinos de los nueve macrodistritos de la sede de Gobierno.
“Queremos agua para La Paz, que se municipalice de inmediato, no queremos esperar tres meses, queremos que el Gobierno entregue al municipio de La Paz EPSAS (Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento). Queremos la construcción de represas para que no haya un segundo agotamiento de agua”, reclamó la representante vecinal Edith Montenegro.
EPSAS comenzó a funcionar en enero del 2007 y se hizo cargo de la provisión de agua y alcantarillado en La Paz y El Alto en reemplazo de Aguas del Illimani, administrada por el consorcio transnacional francés Suez que fue expulsado por malos servicios.
Tras denuncias de malos manejos e ineficiencia en el servicio, la proveedora fue intervenida por el Gobierno en abril de 2013, proceso que se fue extendido y que debe concluir, de acuerdo al último reporte, en marzo de 2017.
La crítica situación que aqueja a La Paz se debe al descenso del embalse de Hampaturi debido a la falta de lluvias. Lo ocurrido provoccó la destitución de las autoridades de EPSAS, Hugo Gómez, y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS), Benecio Quispe. En su lugar asumieron Marcel Humberto Claure y Víctor Hugo Rico, respectivamente.
Durante el cabildo, el representante de Control Social de la Urbe, Julio Sanjinés, hizo un llamado a las autoridades de los municipios de La Paz, El Alto, Viacha, Achocalla y Palca para aunar esfuerzos y de una vez concretar soluciones conjuntas mediante “la creación de una empresa metropolitana del agua”.
En esa misma línea, demandó que “de oficio se inicie procesos penales y administrativos a todos los responsables de esta crisis”.
En muchos casos el cronograma fijado por EPSAS para la dotación de agua no se cumplió, lo que provocó la queja de los vecinos, quienes hacen largas filas en los barrios afectados a la espera de los camiones cisterna o para se agolpan en los tanques fijos que se instalaron en puntos estratégicos de los barrios.
Montenegro aseguró que uno de los pedidos de los vecinos es que “se vaya la ministra de Agua (Alexandra Moreira) y la ministra de Salud (Ariana Campero) porque están permitiendo que se nos reparta agua en cisternas de Yacimientos (Petrolíferos Fiscales Bolivianos – YPFB)”.
EPSAS ya se querelló contra las anteriores autoridades. Los vecinos de la zona Sur de La Paz, los más afectados por el plan de corte y racionamiento, también preparan medidas judiciales contra las exautoridades.
El concejal del opositor Movimiento Al Socialismo (MAS) en La Paz Jorge Silva descalificó la movilización a través de su cuenta de Twitter. “Terminó cabildo de Sol.bo (partido gobernante en La Paz) con presencia de militantes, funcionarios del GAMLP y vecinos. Problema del agua continua” (sic), escribió la autoridad.
Montenegro respondió que harán otras movilizaciones para demostrar al Gobierno del MAS que no son “solo unos pocos locos” los que reclaman por este conflicto.
“Van a haber continuas marchas que vamos a apoyar, que se dé cuenta el gobierno que no son cuatro locos los que habíamos convocado a este cabildo (…) en caso de que el Gobierno no nos haga caso nosotros vamos a hacer un paro cívico que nos están pidiendo a gritos los vecinos”, amenazó la dirigente vecinal. (29/11/2016)