La Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) rechazó la legalización del aborto, propuesto en la ley del Código de Sistema Penal, y consideró que “introduce una colonización ideológica extranjera” e incorpora a la pobreza como “razón de impunidad para delitos como el infanticidio y la eutanasia”. La propuesta fija como una causal para el aborto la pobreza.
“Es obligación de todos interesarnos por las leyes que se proponen en la Asamblea Legislativa Plurinacional, para que respondan a la ética y moral de nuestras culturas exigiendo de las autoridades públicas respeto a la vida, apoyo a las madres embarazadas en riesgo y precautelar los principios y la fe de nuestro Pueblo”, establece un comunicado de la Iglesia Católica.
La propuesta de ley viabiliza el aborto hasta las primeras ocho semanas de embarazo y cuando se encuentre en situación de extrema pobreza, no cuente con recursos suficiente para la manutención, sea estudiante o madre de tres o más hijos o hijas y no cuente con recursos suficientes para su manutención.
También se legaliza la interrupción del embarazo en cualquier etapa de gestación para prevenir un riesgo presente o futuro para la vida de la mujer embarazada, en caso de que se detecten malformaciones fetales incompatibles con la vida, que el embarazo sea consecuencia de violación o incesto o que la embarazada sea niña o adolescente.
Las autoridades de la jerarquía eclesiástica hicieron conocer este lunes una posición oficial respecto a la propuesta de ley que incorpora este sensible tema. La diputada del MAS Susana Rivero explicó el domingo en el programa “Esta casa no es hotel” que las causales establecidas respetan “los derechos internacionales protegidos”.
Para iglesia la iniciativa incorpora una visión de descarte de las niñas y niños. “Este proyecto introduce una colonización ideológica extranjera que descarta a niños y niñas por nacer vulnerables y acepta la triste violencia del aborto como un supuesto camino para solucionar problemas sociales y económicos”, sostiene.
Rechazó el contenido de la normativa que ingresó para su tratamiento a la Cámara de Diputados. “Como Iglesia y como sociedad digna no podemos aceptar estos supuestos. El Estado está obligado a crear políticas públicas orientadas a mejorar la vida de las personas y políticas educativas de apoyo a la mujer embarazada y de prevención de la violencia para que la vida en nuestra sociedad sea posible para todos.
Iglesias evangélicas también cuestionaron la propuesta y reafirmaron la defensa de la vida desde la concepción. (13/03/2017)