Sociedad

miércoles 27 oct 2021 | Actualizado a 19:36

Tejedoras aimaras ayudan a la ciencia a salvar niños con cardiopatías

Las 20 mujeres que trabajan en el proyecto, aimaras o con raíces aimaras, tienen la responsabilidad de tejer los dispositivos para solucionar las cardiopatías infantiles sobre unos moldes circulares de acero con un solo y delgado alambre de nitinol (aleación de níquel y titanio), lo que hace que el producto sea único.

Una mujer aymara tejiendo un dispositivo que ayuda a curar las cardiopatías congénitas en niños, en La Paz (Bolivia). Foto: EFE

/ 1 de abril de 2017 / 21:31

El arte de las tejedoras aimaras es hoy una valiosa ayuda a la ciencia para fabricar artesanalmente dispositivos únicos que conceden una nueva oportunidad de vida a niños que sufren cardiopatías congénitas en Bolivia y en otros países del mundo.

Una de las tejedoras, Karina Iturri, dijo en una entrevista con Efe que se trata de una trabajo minucioso, que requiere de meses de entrenamiento, mucha paciencia, un buen pulso y uso de tecnología.

Los dispositivos se hacen en la ciudad de La Paz en la empresa PFM, liderada por el pediatra boliviano Franz Freudenthal, quien inventó estos aparatos que han salvado la vida de al menos 500 niños en Bolivia y en el mundo a más de 50.000 con afecciones cardiacas.

El médico Freudenthal ha sido objeto de reconocimientos sobre todo internacionales por haber inventado los dispositivos.

Las 20 mujeres que trabajan en el proyecto, aimaras o con raíces aimaras, tienen la responsabilidad de tejer los dispositivos para solucionar las cardiopatías infantiles sobre unos moldes circulares de acero con un solo y delgado alambre de nitinol (aleación de níquel y titanio), lo que hace que el producto sea único.

Las afecciones que se tratan con estos dispositivos son el ductus arterioso persistente y la comunicación interauricular, por lo que es necesario tejer el equipo en diferentes tamaños, dependiendo de la dimensión del problema en el corazón.

«Al principio es complejo, a mí me han hecho llorar algunos tejidos porque el alambre es delgado como un cabello y hay que tener mucho cuidado que no se doble ni se desgaste o se rompa porque ya no sirve», dijo Iturri, quien teje diez años estos dispositivos.

Ella como todas las demás tenía conocimientos previos en tejidos que fueron transmitidos por sus madres, pero para hacer este equipo médico se entrenó durante tres meses en una escuela de tejido no sólo en la técnica, sino en buenas prácticas de manufactura.

«Esos tres meses les sirven también como un entrenamiento en cómo deben vestirse, hábitos de limpieza para trabajar en la fabricación de dispositivos y así ofrecer un producto de la mejor calidad», explicó a Efe la responsable de control de calidad, Olga Murguía.

Iturri rememoró las sensaciones de la primera vez que el doctor Freudenthal le contó que su tejido fue implantado a una niña y que logró salvar una vida con sus habilidades como tejedora.

«Es una gran responsabilidad para todas las que hacemos los dispositivos porque se puede salvar una vida y se puede dar una oportunidad, es lo mejor que una persona puede hacer por otra», sostuvo Iturri.

Otra de las tejedoras, Julia Yapita, afirmó a Efe que este trabajo supone una alegría para ella y las demás, ya que se sienten orgullosas de contribuir con sus habilidades para dar una segunda oportunidad a un niño enfermo.

«Sabemos que no es como tejer una prenda, sabemos que va a ir a un corazón y eso no es chiste, por eso le ponemos nuestros cinco sentidos y todo el interés para que salga bien», subrayó.

Cada una de ellas tarda en hacer un dispositivo muy pequeño entre 40 a 60 minutos y uno un poco más grande hasta dos días por la complejidad del tejido.

Al mes tejen, en total, al menos 120 dispositivos.

Murguía explicó que el tejido es el primer paso en realizar estos dispositivos, ya que después pasan por un tratamiento térmico en un horno y luego se le da la forma al tejido dependiendo a qué afección está destinado curar.

Después de este proceso pasa por control de calidad, se sutura una membrana, luego se desinfecta y se monta en el sistema de liberación, una especie de armazón hecho de resortes y delgados tubos que se usa para introducir el dispositivo en el paciente.

«Estas mujeres merecen mucho respeto porque son las que trabajan con mayor detalle, paciencia y la habilidad manual muy grande», dijo el doctor Freudenthal en declaraciones a Efe.

Agregó que todas aportan al primer objetivo de la empresa que es dar al paciente el mejor dispositivo del mundo. «Nosotros sabemos que lo podemos hacer y lo hacemos», añadió.

Una parte de este equipo médico se dona para tratar a los niños con bajos recursos que no pueden pagar por uno de éstos.

Este dispositivo llega a Europa, también a parte de Asia y a países latinoamericanos como Argentina, Perú, Colombia y Brasil.

Freudenthal fue galardonado en 2014 con el premio Innovadores de América en la categoría Ciencia por la creación de este equipo. (1/04/2017)

Comparte y opina:

Defensoría acude a la Justicia para retoma de la interrupción del embarazo de una niña

La Defensoría activó también una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de medidas cautelares “para que el Estado asuma medias de protección y salvaguarda en favor de la niña"..

Nadia Cruz, la Defensora del Pueblo, en la conferencia de prensa de este miércoles. Foto: Rodwy Cazón

/ 27 de octubre de 2021 / 18:35

La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, informó este miércoles que en los inmediato presentará un recurso de Acción de Libertad para que la Justicia ordene la interrupción del embarazo de la niña de 11 años que fue llevada a un albergue por personeros de la Iglesia Católica para garantizar que continúe con su estado de gravidez.

“Hemos presentado una Acción de Libertad contra las defensorías de la Niñez y la Adolescencia de Yapacaní y Santa Cruz de la Sierra, el Arzobispado de Santa Cruz y el Hospital Percy Boland a fin de que la justicia constitucional ordene a las defensorías cumplir con acciones de protección a fin de reencaminar el proceso de interrupción legal del embarazo de la menor de 11 años”, informó en una conferencia de prensa en La Paz. (Observa el video aquí)

La segunda acción tiene que ver con la solicitud de la Defensoría del Pueblo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de medidas cautelares “para que el Estado asuma medias de protección y salvaguarda en favor de la niña.

Lee también: Naciones Unidas: Someter a una niña a un embarazo forzado está calificado como tortura

La niña fue violada por el padre de su padrastro en el municipio de Yapacaní, departamento de Santa Cruz. Sus dos hermanas también fueron ultrajadas sexualmente. Inicialmente la familia de la víctima había autorizado la interrupción del embarazo, pero después desistió tras visitas –se denunció- de personeros de la Iglesia Católica.

Lee también: La niña embarazada es dada de alta, Iglesia asegura que ‘cumplirá promesa de sanar a la niña’

“Finalmente, la Defensoría, ante la gravedad del hecho y principalmente desprotección de las niñas en Bolivia, está presentando una acción penal contra el personal médico del Hospital Percy Boland, servidores públicos de las defensorías de Yapacaní y Santa Cruz, Conferencia Episcopal de Santa Cruz y contra la madre por los delitos de incumplimiento de deberes, desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad y trata de personas con fines de disposición del ser humano con o sin fines de lucro, con fines de embarazo forzado con fines de guarda o adopción”, explicó.

Según Cruz, la sanción por estos delitos tiene entre 15 y 20 años de cárcel.

El martes, la niña de 11 años violada y embarazada por su abuelastro fue dada de alta de la Maternidad “Percy Boland” y permanecerá en un hogar de acogida. “Se cumplirá las promesas de “sanar a la niña” en la parte médica y psicológica, afirmó el delegado Episcopal de Salud de la Iglesia Católica, Víctor Hugo Valda, quien también asesora a la familia de la víctima.

Comparte y opina:

La Defensora confirma procesos y acusa a la Iglesia de promover ‘embarazos forzados’

“Parecería que hay una cadena delincuencial para generar embarazos forzados”, afirmó la Defensora del Pueblo.

La Defensora del Pueblo en entrevista con La Razón.

/ 27 de octubre de 2021 / 16:43

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, confirmó este miércoles que impulsará acciones legales por el desistimiento en el proceso de interrupción del embarazo de una niña de 11 años, que fue violada por el padre de su padrastro en el municipio de Yapacaní, departamento de Santa Cruz.

Cuando se había definido la interrupción del embarazo de la niña violada, la Arquidiócesis de Santa Cruz, mediante un comunicado, aseguró que “un crimen no se soluciona con otro crimen”; además, ofreció “acogida y atención a la niña y a la criatura que tiene en su vientre” dando hospitalidad gratuita en su centro de madres adolescentes.

Después se conoció que, incluso, personal eclesiástico visitó el hospital de Santa Cruz donde estaba internada la menor para la interrupción de su embarazo y de donde fue dada de alta en pasadas horas para luego ser trasladada al centro ofrecido por la Iglesia.   

Por ello, la Defensoría del Pueblo –según confirmó Cruz– decidió “activar la justicia ordinaria” porque “hubo un incumplimiento de deberes” por parte de varios servidores públicos que dejaron que la Iglesia intervenga en el caso siendo que la menor estaba internada en un hospital.

Del mismo modo no se cumplió un fallo constitucional (que permite la interrupción del embarazo en este tipo de casos), por lo que “yo le diría (que) hubo una captación (de la menor por parte) de la Iglesia desde un centro de salud (y ahora) tendrán que explicar ante la justicia: qué hace una iglesia en un centro de salud hablando con una menor que ha sido violada”, cuestionó.

En una entrevista con el programa Piedra, Papel y Tinta de La Razón, la Defensora añadió que, asimismo, hubo “todo un proceso legal y formal” para llevar a la menor al centro de acogida de la Iglesia.

“También hemos escuchado versiones, por parte de servidores públicos en Santa Cruz, que han señalado que hay denuncias sobre remuneraciones económicas; (por tanto, en) todo esto parecería que hay una cadena delincuencial para generar embarazos forzados (en el) que aparentemente están miembros de la Iglesia”, remarcó Cruz.

Sin embargo, la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), a través de su asesora legal Susana Inch, apeló a su “obligación ética y legal” para justificar la postura que asumió la Iglesia con el fin de proteger la vida de la niña embarazada y de su bebé en proceso de gestación.

“En la práctica hemos forzado tanto las cosas que hemos llegado a creer que efectivamente una solución a un hecho como éste podría ser el acabar con la vida del bebé, pero por el otro lado, tenemos la obligación ética y legal de proteger también esa vida del bebé, (es decir) las dos vidas deben ser protegidas”, dijo Inch en una entrevista con La Razón Radio.

La jurista anunció que la Iglesia Católica responderá “a cualquier acción de Nadia Cruz u otro funcionario” que quiera plantear un proceso, porque la institución que representa está convencida “de que se está actuando, no solo en el marco de la conciencia, sino en el marco de la legalidad”.

También puede leer: Iglesia enuncia ‘obligación ética y legal’ para defender su postura sobre la niña embarazada

Comparte y opina:

Iglesia enuncia ‘obligación ética y legal’ para defender su postura sobre la niña embarazada

La Iglesia Católica anunció que responderá a cualquier acción de la Defensoría u otra instancia porque está convencida de que se está actuando en el marco de la conciencia y la legalidad.

/ 27 de octubre de 2021 / 12:32

En medio de una serie de cuestionamientos, la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), a través de su asesora legal Susana Inch, recurrió este miércoles a su “obligación ética y legal” para justificar la postura que asumió para proteger la vida de la niña de 11 años embarazada producto de una violación y de su bebé en proceso de gestación. 

“En la práctica hemos forzado tanto las cosas que hemos llegado a creer que efectivamente una solución a un hecho como éste podría ser el acabar con la vida del bebé, pero por el otro lado, tenemos la obligación ética y legal de proteger también esa vida del bebé, (es decir) las dos vidas deben ser protegidas”, dijo Inch en una entrevista con La Razón Radio.

Por tanto, según la asesora legal, la Iglesia Católica, en este caso, no tenía otra opción que asumir la defensa de ambas vidas pese a los peligros porque se trata de un embarazo de alto riesgo.

Aunque “otra opción más cómoda hubiera sido decir: no nos metemos y dejamos que todo pase; pero eso está fuera de conciencia”, remarcó la jurista.

Inicialmente se había definido la interrupción del embarazo de la niña, violada por el padre de su padrastro en Yapacaní, pero luego la Arquidiócesis de Santa Cruz, mediante un primer comunicado, aseguró que “un crimen no se soluciona con otro crimen” e incluso ofreció “acogida y atención a la niña y a la criatura que tiene en su vientre, dando hospitalidad gratuita en el Centro de Madres Adolescentes”.

Después la niña y su madre desistieron de la determinación inicial, tras haber sido visitadas por personal eclesiástico, lo que provocó una serie de cuestionamientos en contra de la Iglesia Católica por involucrarse en este caso. Esta semana, la víctima fue llevada a un centro dirigido por la Iglesia a la espera de tener al bebé.

Incluso la Defensoría del Pueblo advirtió de posibles consecuencias legales, mientras el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo que “cuando una niña de 11 años es obligada a dar a luz producto de una violación, se están vulnerando todos sus derechos”.

Sin embargo, “vamos a responder a cualquier acción de Nadia Cruz (Defensora del Pueblo) o cualquier otro funcionario que quiera plantear porque estamos convencidos de que se está actuando, no solo en el marco de la conciencia, sino también en el marco de la legalidad”, insistió Inch.

Remarcó que la Iglesia Católica está actuando en función de los derechos fundamentales que plantean la Constitución Política del Estado y el Código Niña, Niño y Adolescente.

“Tenemos la obligación, como ciudadanos y como instituciones, de cumplir el deber que plantea el Código (…) y la propia Constitución de proteger los derechos de los niños (…) desde el momento mismo de la concepción y ¿cuál es el principal derecho a proteger?, el derecho a la vida”, ratificó la jurista, quien indicó que la interrupción legal del embarazo es inconstitucional.

Comparte y opina:

Naciones Unidas: Someter a una niña a un embarazo forzado está calificado como tortura

Señala que se debe respetar la confidencialidad y privacidad de las niñas víctimas de violaciones, evitando presiones sociales, religiosas o de otra índole que promuevan revictimización y atenten contra sus derechos.

/ 27 de octubre de 2021 / 11:04

Mediante un comunicado, el Sistema de Naciones Unidas en Bolivia hizo un llamado urgente a intensificar los esfuerzos para la protección de los derechos de las niñas víctimas de violencia sexual y de embarazos forzados, “manifestaciones extremas de violencia por motivos de género, que se constituyen en actos de tortura”. Ello tras el caso de una niña violada y embarazada en la localidad de Yapacaní, en Santa Cruz.

“Ante los alarmantes casos de violencia sexual y embarazos forzados en niñas menores de 15 años, ONU Bolivia recuerda que hay un marco normativo internacional y nacional de protección a las niñas que debe aplicarse de manera integral y oportuna para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las víctimas. El embarazo de una niña no solo pone en riesgo su vida, su salud y su proyecto de vida, sino que también atenta contra su salud mental y emocional, su autonomía corporal, alentando y reforzando las desigualdades, el ciclo de la pobreza y la discriminación”, señala el documento que fue posteado en las redes sociales de la institución.

Y el pronunciamiento continúa: “Asimismo, ONU Bolivia reafirma que es imprescindible que, en caso de violencia sexual y embarazos, el Estado active los mecanismos de protección integral de manera oportuna, incluidos los servicios de salud, para garantizar el cumplimiento de las normas internacionales y nacionales vigentes para el ejercicio de los derechos de las niñas. Ellas y sus familias, antes de otorgar consentimiento o tomar una decisión, deben recibir información y orientación clara, científica y oportuna, respetando su confidencialidad y privacidad, evitando presiones sociales, religiosas o de otra índole que promuevan revictimización y atenten contra sus derechos”.

El anterior viernes, tras un acuerdo con autoridades judiciales y médicos se tenía planificado aplicar la interrupción legal del embarazo de la niña violada. Por ello fue llevada al hospital Percy Boland de la ciudad cruceña. Sin embargo, la víctima y su madre fueron visitadas en el nosocomio por personal de la Iglesia Católica, tras lo cual dieron marcha atrás en la cirugía. Más aún, esta semana la menor fue llevada a un centro de acogida de la Iglesia, que le ofreció incluso atención posparto.

El caso ha generado consternación y debate en el país. Al respecto, Naciones Unidas, en su comunicado, remarca que “someter a una niña a un embarazo forzado está calificado como tortura. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), en la Recomendación General 35, señala que la vulneración del derecho a la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas, como la continuación forzada del embarazo, son ‘formas de violencia por razón de género que, según las circunstancias, pueden constituir tortura o trato cruel, inhumano o degradante’. Así también, el Comité Contra la Tortura, en reiteradas oportunidades ha establecido que la prohibición de la interrupción del embarazo puede constituir tortura o maltrato porque pone a las mujeres en riesgo de mortalidad materna evitable”.

Aparte, la ONU, al analizar la normativa boliviana, indica que el artículo 61 de la Constitución prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra las niñas, niños y adolescentes, tanto en la familia como en la sociedad. Eso no es todo, enuncia al Código Niña, Niño y Adolescente, que en su artículo 148 garantiza a las niñas el derecho a ser protegidas contra la violencia sexual. Y también rige la sentencia constitucional 0206/2014 que establece que la mujer y la niña podrán, como una opción, acceder a la interrupción legal del embarazo en caso de violación, incesto, estupro y cuando su vida o salud esté en riesgo.

“Naciones Unidas reafirma su compromiso de continuar trabajando por la promoción del cumplimiento de los derechos humanos fundamentales y la prevención de la violencia sexual y de embarazos no deseados, mucho más en niñas, a través del fortalecimiento de los servicios de atención y protección, la educación integral de la sexualidad, y el fomento de masculinidades positivas en el sistema educativo, en las familias y comunidades”, añade el documento. “Finalmente, ONU Bolivia reitera la importancia de contar con una ley marco de derechos sexuales y reproductivos compatible con otras normas referidas a la salud e integridad física, psicológica y emocional de las niñas, para poner fin al silencio y la impunidad, asegurando que ellas puedan alcanzar su pleno potencial y desarrollo”.

Comparte y opina:

En Todos Santos, prohibidas las mesas y las serenatas en cementerios de El Alto

El secretario de Desarrollo Económico de la Alcaldía, Bernardo Huanca, anunció puntos de vacunación en los tres camposantos durante la festividad de Todos Santos y operativos para resguardar las medidas de bioseguridad.

/ 27 de octubre de 2021 / 10:38

El secretario de Desarrollo Económico de la Alcaldía de El Alto, Bernardo Huanca, informó este miércoles que en Todos Santos estarán prohibidas las mesas y las serenatas en los tres cementerios municipales.

“Si bien pueden ir los dolientes, van a ir a plantar sus flores y deberán salir inmediatamente, además están prohibidas las bebidas alcohólicas, no pueden llevar a niños, ni llevar a personas adultas mayores, está prohibido el armado de mesas y llevar cánticos a los nichos”, explicó en una entrevista con La Razón Radio.

Afirmó que los controles serán coordinados con la Policía Boliviana, que desplegará 60 efectivos para garantizar el cumplimiento de esas medidas, además de la Guardia Municipal y la Unidad de Regulación Urbana del municipio alteño.

Dijo que el sábado, personal de la Alcaldía realizará una «megalimpieza» en los tres cementerios ediles de esa urbe, en vistas de la festividad de Todos Santos, en la que la población asiste de manera masiva.

Las prohibiciones regirán en el camposanto del “(sector del exregimiento) Tarapacá, (de la zona de) Villa Ingenio y en Mercedario”, con el fin de prevenir posibles contagios por el coronavirus.

Aseguró además que se instalarán puntos de vacunación contra el COVID-19 en los tres cementerios. Por otra parte, informó que las autoridades municipales realizan controles a los hornos que elaboran las tradicionales masitas que acompañan esta festividad.

“En estos días, están haciendo el pancito y las masitas en los diferentes hornos, tienen que cumplir con las medidas de bioseguridad, la inocuidad alimentaria, portar barbijos y los implementos necesarios”, explicó.

Comparte y opina:

Últimas Noticias