Tras una audiencia de medidas cautelares, el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia de La Paz, Bernardino B, fue derivado con detención preventiva en el penal de Patacamaya por presunto delito de abuso sexual que fue denunciado por una subalterna policial.
La Fiscalía, mediante un comunicado, explicó que en esta jornada se emitió la orden de un juez de materia. “De los argumentos exteriorizados en la imputación formal, así como por los indicios con los cuales se cuentan, se establece la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el sindicado es, con probabilidad, autor del delito. Es así que la autoridad jurisdiccional determinó su detención preventiva, en apego a lo solicitado por el Ministerio Público”, explicó el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco.
En la audiencia de medidas cautelares, la fiscal asignada al caso, Karina Cuba, relató el incidente del pasado viernes. Explicó que la víctima, Aidee C. V., ingresó a la oficina del director departamental de la FELCV para expresarle un informe referido a esta unidad policial.
“En ese momento, el coronel le agarró de sus manos y ella reaccionó haciéndose soltar; sin embargo, el sindicado volvió a tomarle de las manos y le tomó el rostro para besarla a la fuerza, ante lo que la víctima le reclamó por su comportamiento”, relató la Fiscal.
La investigadora indicó que tras el beso forzoso, el coronel le dijo a la víctima que “no había nadie en las instalaciones”, ya que todo el cuerpo policial se encontraba en una actividad, por lo que nuevamente aprovechó para forzar otro beso y posteriormente trató de tocarle los senos al abrazarla por la espalda.
“Ante la denuncia verbal, se determinó la valoración psicológica de la víctima, la cual evidenció llanto intermitente, estado de ánimo triste, con sintomatología ansiosa elevada, pensamientos de temor y estado emocional asociado a un acontecimiento amenazante a su integridad física y psíquica”, agregó Cuba.
Por los antecedentes, la fiscal sostuvo que existe la convicción de que la conducta inadecuada de la autoridad policial se enmarca al delito de acoso sexual, que es sancionado con una pena de cárcel de 4 a 8 años en caso de que una persona que “valiéndose de una posición jerárquica o poder de cualquier índole hostigue, persiga, exija, apremie, amenace con producirle un daño o perjuicio cualquier”.
Ante lo expuesto, Cuba solicitó la detención preventiva, toda vez que existen elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado no se someterá al proceso, siendo que la víctima cumple una función de subordinación con relación al sindicado.