Iglesia denuncia discriminación por no ser convocada para fijar posición sobre aborto
La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) denunció en un comunciado que la Comisión Mixta de Constitución no la convocó para expresar su posición sobre el aborto.

La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) denunció este miércoles discriminación por no haber sido convocados por la Comisión Mixta de Constitución del Legislativo para exponer su posición sobre el debate de la ampliación de las causales de aborto.
«La posición discrimina a la inmensa mayoría de la población boliviana, en razón de sus ideas religiosas», expresó la Iglesia Católica en un comunicado respecto a las audiencias abiertas en el Legislativo sobre la interrupción del embarazo y otros temas.
«Siendo la población boliviana mayoritariamente cristiana, es incongruente rechazar las observaciones planteadas por cualquier instancia religiosa frente a temas que afectan directamente a personas y familias», sostiene la CEB.
Los miembros de la Comisión Mixta, donde están legisladores del oficialismo y la oposición, recibieron en los últimos días a activistas y organizaciones que defienden y rechazan el aborto inscrito en el proyecto de ley del Sistema del Código Penal.
La propuesta de ley plantea el aborto hasta las ocho semanas de embarazo y por causales de situación de extrema pobreza, no contar con recursos suficientes para la manutención, ser estudiante o madre de tres o más hijos o hijas y no contar con recursos suficientes para su manutención.
También se viabiliza la interrupción del embarazo en cualquier etapa de gestación para prevenir un riesgo presente o futuro para la vida de la mujer embarazada, en caso de que se detecten malformaciones fetales incompatibles con la vida, que el embarazo sea consecuencia de violación o incesto o que la embarazada sea niña o adolescente.
La Iglesia Católica se opone al aborto. “Reiteramos una vez más que la propuesta del Código del Sistema Penal es inconstitucional en su formulación sobre los delitos del aborto, el infanticidio y la muerte asistida. Por tanto, “como Iglesia y como sociedad digna no podemos aceptar estos supuestos».
Demandó al Estado crear políticas públicas orientadas a mejorar la vida de las personas y políticas educativas de apoyo a la mujer embarazada y de prevención de la violencia.