Representantes del Colegio Médico de Bolivia y autoridades del Gobierno acordaron, tras una reunión la mañana de este lunes, que una comisión jurídica analice las observaciones que realizan los galenos a los dos decretos supremos que son observados. El miércoles los equipos de abogados volverán a reunirse y las medidas de presión quedan temporalmente sin efecto.
La semana pasada, los médicos cumplieron un paro de 48 horas en rechazo a la Ley de Libre Afiliación y la creación de la Autoridad de Fiscalización de Salud. El sector amenazó con desplegar un paro de 72 horas si no reciben respuestas de la reunión con Gobierno.
“Hemos iniciado una mesa jurídica donde los abogados harán las observaciones que corresponda. El planteamiento del Colegio Médico de Bolivia es que en caso de considerar las observaciones de inconstitucionalidad, la ministra deberá plantear ante el Ejecutivo la abrogación de estos decretos”, informó el presidente del colegio médico, Anibal Cruz.
El titular del ente colegiado precisó que al encuentro acudieron representantes del Concejo Nacional de Salud, que agrupa a todos los profesionales en salud, quienes también respaldan las observaciones legales a los dos decretos. “El pedido es la abrogación de estos decretos porque vulneran la Constitución Política del Estado”.
A su turno, la ministra de Salud, Ariana Campero, afirmó que espera un debate “sano y profesional” entre los equipos jurídicos y que la mesa de negociación sea productiva sin que se “impongan posiciones”.
“Hay instancias competentes, quien determina la inconstitucionalidad no es el Colegio Médico ni el Ministerio de Salud, es el Tribunal Constitucional”, precisó la autoridad.
Agregó que el Gobierno tiene el desafío de reestructurar el sistema de salud y ello implica el cambio estructural de normas, entre ella la Ley Marco de salud.
En la reunión y durante su exposición, el presidente del colegio médico, Anibal Cruz, lamentó que en las anteriores reuniones, las autoridades no respondieron a las observaciones que hicieron conocer a los decretos 3091 y 3092.
“La voluntad de los dirigentes que estamos acá no es intransigente, nuestra voluntad responde a un mandato de nuestras bases de que se sienten amenazados y amedrentados”, afirmó el representante del ente colegiado. (22/05/2017)