El caso de violencia intrafamiliar que golpea al magistrado Orlando Ceballos sigue causando polémica. El ministro de Justicia y Transparencia institucional, Héctor Arce, sugirió a la repartición judicial definir una licencia en tanto duren las investigaciones que encara la Fiscalía, ahora de oficio, tras el desistimiento presentado por la denunciante, su esposa.

Se conoció que el magistrado representante de Chuquisaca en el pleno del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) fue denunciado por su pareja, Carmela Wilma T. por presunta agresión física y verbal ocurrida el domingo 10 de marzo en su domicilio, a raíz de una discusión.

En el certificado del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) se otorga siete días de impedimento, pese a ello la víctima desistió al proceso y salió en una conferencia de prensa a aclarar de la mano de su pareja que todo era parte de un malentendido magnificado en las redes sociales, un espacio en el cual también circularon las copias de los informes.

Este miércoles, el fiscal Departamental, Mauricio Nava, reveló que el caso se declaró en reserva, pero aclaró que la Fiscalía continuará con las pesquisas para emitir una resolución.

Insistió en que “el hecho de que exista el desistimiento no quiere decir que el Ministerio Público no pueda seguir el caso de oficio, esa es la posición que tiene el Ministerio Público y así hemos estado actuando de manera objetiva en todos los casos”.

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La decisión fue asumida en el marco de la Ley 348, “para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia”. La reserva tiene una vigencia de 10 días y tras ella la Fiscalía hará conocer una resolución.

“Si bien existe un desistimiento público, el Ministerio Publico tiene todas las facultades y atribuciones de seguir (las investigaciones) de oficio para poder llegar a la verdad de los hechos”, remarcó Nava.

Pero la polémica en la que está envuelto el magistrado también ha llamado la atención del Gobierno. El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, lamentó la situación y se mostró preocupado porque “había una suerte de denuncias que se han presentado en tiempos pasados”.

“Con  todo el respeto y consideración y toda la valoración que tenemos sobre los órganos de la Justicia, es una situación que no podemos aceptar”, sentenció el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce.

Luego demandó al pleno del TCP que asuma una medida al respecto y sugirió que se otorgue licencia laboral a Ceballos en tanto dure el proceso.

“Esperemos que el pleno del TCP, además formado mayoritariamente por mujeres, tome una decisión de pedirle la licencia, por lo menos entre tanto dure las pesquisas para que se lleve una investigación de manera objetiva”, dijo Arce tras aclarar que eso “está en manos del TCP”, un órgano “absolutamente independiente” debido a que su pedido se enmarca “solo” en un criterio. (14/03/2019)

Por decisión de sala plena, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) urgió confianza y garantizó que resolverá hasta la conclusión del mandato de sus actuales miembros todos los procesos pendientes, entre ellos el presentado por el oficialismo para validar la repostulación del presidente Evo Morales.

“No solo es ese tema (de repostulación) sino otros como el de la coca, de género y la acción abstracta (del oficialimso) se van a resolver en esta gestión. Los magistrados tenemos la responsabilidad de emitir los fallos que han ingresado en esta gestión”, anunció el magistrado Zenón Bacarreza.

Entre los demandas pendientes están contra la ley de la Coca, que es cuestionada por legalizar cocales en el Chapare, y la ley de Identidad de Género, que permite a las personas trans cambiar su nombre y género en documentos como el de identidad, cuentas bancarias, títulos profesionales.

El jueves 18 de octubre, la Comisión de Admisión de ese tribunal designó al magistrado relator que redactará la sentencia sobre la Acción Abstracta de Inconstitucionalidad que el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) presentó un mes antes con el fin de habilitar la repostulación indefinida de autoridades electas como Morales.

Desde el 19 de octubre, corre el plazo de 45 días para que emita el fallo, es decir, hasta fines de noviembre. Los actuales magistrados cumplirán su gestión recién el 3 de enero de 2018.

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En el recurso legal, el oficialismo pidió al TCP que declare inconstitucionales cinco artículos de la Ley 026 del Régimen Electoral  y suspenda la aplicación de cuatro de la Constitución Política del Estado (CPE) que, aseguran, vulnera derechos humanos y políticos de los gobernantes y que están reconocidos en el supraestatal Pacto de San José de Costa Rica.

La oposición ha cuestionado ese trámite y busca frenarlo con un recurso que presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el respaldo de protestas callejeras que vieron su culmen el 10 de octubre cuando se conmemoró el Día de la Democracia.

“No podemos dejar para el siguiente tribunal lo que nosotros hemos (conocido), al menos es una misión que hemos hablado como ente colegiado que vamos a resolver todos las causas”, remarcó el magistrado en respuesta a las versiones de algunos políticos en sentido de que serían las autoridades electas en las elecciones de diciembre los que fallarían sobre ese asunto.

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Algunos sectores oficialistas y el propio ministro de Desarrollo Productivo , Eugenio Rojas, demandaron a los movimientos sociales enviar resoluciones de “apoyo” y movilizarse para que el TCP fallé en su favor. Inclusive, el ejecutivo de la Central Obrera Departamental de Santa Cruz Rolando Borda llamó a ir en “patota” (grupo) a sus puertas para exigir ese extremo.

Bacarreza ratificó, como lo hiciera su colega Mirtha Camacho en las horas precedentes, que no trabajan bajo presión y demandó a la población y a los políticos que confíen en su labor que, aseguró, se apega a la normativa vigente.

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“Nosotros no actuamos bajo presión, actuamos bajo la norma y la línea jurisprudencial. Por tanto pido a la opinión pública y a los sectores que dejen trabajar al Tribunal. (Les pido) confianza porque al fin vamos a fallar acorde al texto constitucional y a la línea jurisprudencial, nosotros no nos salimos de eso, es nuestra brújula”, insistió. (17/10/2017)

La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) fijó para el 9 de marzo la audiencia de resolución de la apelación interpuesta por la Fiscalía y la Procuraduría a las medidas sustitutivas que dispuso la Sala Penal para que Samuel Doria Medina se defienda en libertad en el juicio por el caso Focas.

“El tribunal ha recibido apelaciones en el caso Focas. Una vez recibido los antecedentes se señaló audiencia para el día jueves 9 de marzo a horas 15.00. A ese efecto, estamos disponiendo que se corran las notificaciones de rigor”, precisó el presidente de la repartición judicial. Rómulo Calle.

La Sala Penal del mismo Tribunal determinó el 11 de febrero de este año otorgar medidas sustitutivas a la detención preventiva en favor de Samuel Doria Medina y otros implicados en el caso.

Para el empresario y líder de la opositora Unidad Nacional (UN), determinó un pago de fianza de Bs 200.000 y la presentación ante los tribunales el primer día hábil de cada mes.

Ante esa decisión, el Ministerio Público y la Procuraduría General del Estado impugnaron el Auto Supremo 15 y 16, “invocando que los mismos resultan gravosos para ellos”, explicó Calle quien junto con su colega Rita Nava tratará el recurso de objeción.

“Esperamos que no haya interferencia para atender estas solicitudes de las partes a la brevedad posible”, auguró el magistrado en alusión a la fase inicial del proceso que se extendió por más de tres meses.

El 13 de octubre de 2016, la Fiscalía General presentó la imputación formal en contra de 10 exautoridades –entre ellas–  Doria Medina por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica por el caso Focas.

Son acusados de desviar irregularmente dineros públicos por un monto de Sus 21 millones de la denominada Formación de Capital en Áreas Secundarias (Focas) a cuentas privadas de Funda Pro en 1992, cuando el opositor fungía como Ministro de Planeamiento.

Doria Medina alega su inocencia y acusa al Gobierno de montar el caso como parte de una persecución política. (02/03/2017)