Un cadete de la Policía es acusado por tentativa de feminicidio luego de que, presuntamente, intentó asesinar a su enamorada obligándole a tomar sustancias fosforadas.

La víctima, Betty A. A. de 26 años de edad había llegado desde Cochabamba hasta La Paz para someterse a una cirugía debido a su embarazo ectópico y la discusión entre ambos surgió porque el cadete, de nombre Aldair M. G. (23) no quiso asumir su responsabilidad.

El fiscal departamental, William Alave, informó este lunes que el Ministerio Público ordenó la aprehensión del cadete, investigado por el delito de feminicidio en grado de tentativa, ya que había forzado a la mujer a ingerir órganos fosforados.

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“Al conocer este hecho, la Fiscalía dispuso que la víctima y el presunto autor sean valorados por un médico forense, toda vez que el sujeto tiene heridas (con armas) punzocortantes. En este caso, se tomaron las declaraciones informativas de ambos y según el historial clínico la víctima tiene tres días de impedimento médico legal por intoxicación por órganos fosforados; de acuerdo a la valoración del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF)”, explicó Alave.

El fiscal que investiga el caso, de la zona sur, Ricardo Caballero, informó que el hecho sucedió ayer, 11 de junio, cerca de las 11.20, aproximadamente, cuando los efectivos policiales de Radio Patrulla trasladaron a la joven a la clínica Virgen de Copacabana, donde ella refirió que su enamorado, cadete de la Academia Nacional de Policías, le habría forzado a tomar algún tipo de líquido orgánico fosforado.

Según la declaración informativa de la mujer, en el momento en el que estaba en el domicilio de su enamorado, le hizo tomar un líquido a la fuerza “y luego habría agarrado un cuchillo y se hubiese apuñalado él mismo”.

El agresor será puesto a disposición de la justicia.

Varios sindicatos del transporte público se han movilizado este miércoles en La Paz en demanda del incremento en 50 centavos de los pasajes del transporte público. El alcalde Luis Revilla ha descartado ese extremo y el ministro Iván Arias los emplazo a cumplir con su palabra.

“No hay ninguna posibilidad de incrementar tarifas, eso no va a ocurrir. Y por lo demás, no hay forma que los choferes obliguen a los ciudadanos a subirse en mayor cantidad dentro de sus vehículos ni a salir de sus casas, eso tampoco va a ocurrir y vamos a proseguir con los controles que corresponde a la guardia municipal y a la Policía Boliviana”, dijo Revilla.

Desde temprano, varias agrupaciones de choferes del transporte público La Paz se movilizaron este miércoles por el incremento de los pasajes en plena cuarentena por el coronavirus, la habilitación de más pasajeros por motorizado y por el diferimiento de sus créditos bancarios.

Revilla calificó los planteamientos del sector como “irracionales” y atribuyó la movilización a intereses políticos en medio de lo que considera un fraccionamiento del sector.

Clima electoral

“El clima electoral está obnubilando la mente de algunos dirigentes sin considerar la delicadísima situación de salud por la que atraviesa la ciudad de La Paz”, reclamó Revilla.

Por su lado, Arias, el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, exhortó a los transportistas a cumplir la “palabra de caballeros” que empeñaron respecto al incremento de la tarifa.

“Hemos sido el primer departamento donde se ha flexibilizado el servicio del transporte y hemos hecho un acuerdo, yo pido a los chóferes que respeten su palabra de caballeros: que no se iba a tocar el tema de tarifas; este fue un criterio fundamental y no puede ser con otro tema”, reclamó, reportó radio Éxito.

En ese sentido, recordó el acuerdo firmado con el sector para mantener intacta la tarifa. “Cumplan su palabra, ese tema estaba fuera de discusión”, emplazó Arias. (01/07/2020)

De cara a la crisis, el Gobierno reforzó los programas estatales para preservar y generar al menos 11.000 empleos formales a escala nacional con la subvención de salarios de hasta Bs 3.000 durante el segundo semestre de este año.

Así lo anunció este miércoles el ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, Óscar Mercado, en el marco del plan gubernamental de reactivación económica.

“Queremos anunciar que se tiene alrededor de 11 millones de dólares disponibles para que podamos generar inserciones laborales en el sector formal de la economía a partir de inserciones que las va a realizar a realizar el Servicio Público de Empleo (SPE) y el Programa de Apoyo al Empleo (PAE II)”, dijo.

Mediador

El Gobierno asumirá el papel de un intermediador entre el futuro empleado y el empleador.

Para ese fin, se reforzaron los servicios de atención denominados “puntos de empleo” para que los interesados, entre ellos profesionales, se afilien “sin burocracia” a una nómina que luego será evaluada en función a los requerimientos de la firmas.

Mercado explicó que su despacho hizo gestiones para que los recursos programados a largo plazo en el SPE y el PAE sean canalizados en esta gestión para afrontar premisamente la crisis generada por el nuevo coronavirus.

Objetivo

“El objetivo que nos hemos trazado como ministerio es generar al menos 11.000 inserciones laborales entre los próximos tres a seis meses”, dijo. El Gobierno espera alcanzar el 45% de esa cifra en los primeros dos meses.

De manera inicial se beneficiará a las medianas, pequeñas y micro empresas, pero no se descartan otros sectores como el agropecuario y el de la tecnología.

“Vamos a asumir los primeros meses de sueldo, entre tres a seis meses, dependiendo de las circunstancias, va a ser el Ministerio de Trabajo a través del PAE que ha de subvencionar estos salarios que han de ser promedios entre un salario básico establecido hasta 3.000 bolivianos”, dijo.

El fin —dijo Mercado— es frenar la ola de despidos que se han denunciado en varios puntos del país. (01/07/2020)

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, anunció este miércoles que ordenó buscar a los cabecillas de lo que ha calificado como el “grupo salvaje” que atacó el martes a funcionarios y policías en Punata, una localidad del departamento de Cochabamba.

“Quiero llamar a la reflexión a aquellos sectores que están vulnerando la seguridad por el COVID-19”, dijo, y alertó que “más allá de poner su vida en riesgo, hay gente que está maltratando policías”.

“Ayer vi en Punata un grupo salvaje atacando a policías y médicos; quiero decirles que he ordenado se busque a los cabecillas de aquello y se les aplique el máximo castigo de la ley”, anunció.

El caso

Al menos 400 comerciantes que participan en la feria de esa localidad arremetieron contra policías y funcionarios ediles que controlaban el cumplimiento de la cuarentena rígida, declarada en la región ante el incremento de casos de COVID-19.

“Unas 400 personas se reunieron en desacato a esa ordenanza municipal y comenzaron a lanzar piedras y objetos contundentes contra el personal policial. Hubo tres heridos y rompieron vidrios de dos vehículos”, informó el coronel Franz Sellis, comandante departamental de la Policía.

En criterio de Murillo, «si hay personas a las que no les importa su vida, allá ellos, pero no pueden arriesgar la vida de los funcionarios».

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El incidente comenzó cerca de las 07.00 del martes —informó La Razón— cuando la fuerza pública y los guardias ediles trataban de impedir que los vendedores de asienten en vías públicas de la zona norte, donde se instala todos los martes la feria, que congrega a productores del valle alto.

En medio de la trifulca, los movilizados lanzaron en contra del edificio edil piedras, verduras y otros objetos; tras el asedio lograron ingresar y causaron destrozos en instalaciones de la Intendencia y el Salón Rojo de la Alcaldía.

Defensoría

La Delegación de la Defensoría del Pueblo de Cochabamba condenó la agresión aunque deslizó una falta de información sobre las medidas asumidas para afrontar la pandemia.

Murillo, sin embargo, denunció que “lamentablemente dirigentes políticos están enviando a maltratar a la Policía y los médicos”, aunque no identificó a quiénes se refería. (01/07/2020)

El Movimiento Al Socialismo (MAS) denunció que el Gobierno de la presidenta Jeanine Áñez  impulsa un plan para inhabilitar la candidatura a la Presidencia de candidato, el exministro  Luis Arce, luego de que se anunciara desde el Órgano Ejecutivo procesos en su contra.

El más reciente trata la denuncia sobre la licitación de programas informáticos para la Gestora Pública con presunta irregularidad.

Esa entidad y ahora el Viceministerio de Transparencia impulsan una querella en la Fiscalía en contra del extitular del Ministerio de Economía y hombre fuerte del gobierno de Evo Morales.

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“Denunciamos a la opinión pública nacional e internacional que el gobierno de facto pretende inhabilitar a nuestro candidato a la Presidencia por el MAS-IPSP, Luis Arce Catacora, que se presenta primero en la preferencia ciudadana, con amplia ventaja, según todas las encuestas, y con ese propósito político ha iniciado, hoy, 30 de junio, una demanda judicial sobre bases totalmente ilegales”, reseña el comunicado.

En una conferencia de prensa, Arce consideró «que la denuncia no es casual» y dice que surge luego de su advertencia de un inminente retorno al «neoliberalismo» y las críticas a los casos de corrupción que golpean al actual Gobierno.

‘Estrategia’

El expresidente Evo Morales planteó similar denuncia en su cuenta de Twitter y anunció que el fin de la “estrategia judicial con fines políticos” es “impedir” la participación electoral del MAS, que –en su criterio— figura primero en las encuestas de intención de voto para las elecciones generales del 6 de septiembre.

El MAS apunta a Áñez, también candidata de la alianza Juntos, en medio de una fuerte tensión por el manejo de la crisis sanitaria generada por la pandemia del coronavirus.

Transparencia asimismo ha pedido a la Fiscalía que Arce responda por el millonario desfalco en el ex Fondo Indígena en el cual son procesadas varias exautoridades y dirigentes del MAS.

Pedidos

En ese sentido, el MAS pidió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) otorgar garantías para que se lleve adelante un proceso electoral en el que la participación de los frentes ocurra en igualdad de condiciones.

El partido opositor también convocó a la Fiscalía General del Estado a actuar de forma “imparcial” frente a las acciones de la administración de Áñez que —asegura— exponen un “revanchismo político.

“Llamamos a las organizaciones sociales, pueblos indígenas y militancia del MAS-IPSP a mantenerse alertas frente a estos intentos que pretenden inculcar nuestros derechos ciudadanos”, concluye el comunicado. (01/07/2020)