Los nuevos dirigentes de la Asociación de Jubilados Petroleros de Santa Cruz, denuncian al directorio saliente de malversar $us 600 mil que derivan de sus aportes.
Carlos Loayza, presidente del comité electoral, considera que hay una “corrupción generalizada” en la organización sindical en la Confederación Nacional y en la Federación departamental.
“Cada fin de gestión, es costumbre llamar a una Asamblea para conformar un Comité Electoral para elegir a la nueva directiva, ya que los salientes hacen cuatro años que no rinden cuentas (Desde el 2013 al 2016)”, remarcó.
Dijo que en el primer periodo, han modificado los estatutos internos y se lanzaron una segunda gestión sin que hayan hecho la rendición de cuentas.
Indicó que concluido el 2016, se llamó a una asamblea para nombrar nueva directiva, pero no lo hicieron, con el supuesto encubrimiento del dirigente Walter Suárez, quien pidió 90 días de plazo para arreglar sus problemas, pero no lo hicieron.
Loayza relató que pasaron seis meses sin que haya soluciones por lo que se determinó formar el Comité Electoral, se nombró a la nueva directiva a la cabeza de Mario Quisberth, pero ahora no los quieren reconocer.
Sumado a ello, después de tres meses llegó un aval ampliación de mandato hasta el 2018, en una supuesta asamblea en noviembre del 2016, “ya que incluso han plagiado el acta, pisoteado el Estatuto Interno y ahora no les quieren dar los credenciales”.
Por este motivo, es que se declaran en emergencia y dan plazo hasta el 31 de julio, caso contrario, tomarán las medidas de presión que correspondan que manden las bases de los jubilados. (20/07/2017)