A las 08.30 de mañana, la Fiscalía Departamental de Potosí efectuará una inspección al punto donde se encuentran las cañerías que llevan el agua captada del caudal del río San Juan a siete ingenios mineros asentados en la comunidad de Agua Dulce, informó el diputado Víctor Borda.
El viernes 21 de julio, el diputado masista presentó una denuncia contra los ejecutivos de la Administración Autónoma Para Obras Sanitarias (AAPOS) por los delitos incumplimiento de deberes y vulneración de derechos y garantías constitucionales, ya que en el país el acceso al agua es un derecho humano fundamental.
Además solicitó al Ministerio Público la suspensión del suministro a las plantas de concentración de minerales.
AAPOS se halla envuelta en un escándalo desde el martes de la semana pasada, cuando en una inspección, se evidenció que de la tubería que capta agua para la ciudad de Potosí se desprenden ocho tubos que llevan el líquido a las piscinas de ingenios asentados Agua Dulce, pese a que pobladores de la Villa Imperial soportan un drástico racionamiento desde hace casi un año.
“Son 190 litros por segundo que salen del río San Juan hacia Potosí y, de acuerdo con los informes de AAPOS solo llegan entre 140 y 150 l/s a la ciudad. Nosotros nos hemos preguntado: ¿dónde están los 40 l/s faltantes, y están yendo a los ingenios”, denunció entonces.
Tras la inspección, la tuvo que admitir que reanudó en enero el suministro a los ingenios y que el volumen oscila entre 15 y 20 l/s. Además, su gerente, Rolando Montesinos, alegó que sin la facturación de estas plantas, se tendrían que elevar las tarifas.
Sin embargo, antes de que el caso saliera a la luz pública, la Autoridad de Agua Potable y Saneamiento (AAPS) informó que 20 empresas solicitaron un reajuste tarifario, entre las que se encuentra AAPOS.
La venta de agua también originó una investigación de la Autoridad sectorial, que pidió un informe a la empresa y envió el fin de semana un equipo técnico a evaluar lo ocurrido. (24/07/2017)