Sugieren que en cada entidad pública se interactúe una hora/semana en idioma nativo
El responsable del Instituto Plurinacional de Estudios de Lenguas y Culturas (IPELC), Pedro Apala, informó que una hora es el tiempo mínimo para aprender un idioma nativo como el aymara, quechua o guaraní. Se pedirá un informe para conocer el nivel de aprendizaje de los funcionarios público
En cada una de las diferentes instituciones estatales todos los funcionarios deben interactuar al menos una hora a la semana en idioma nativo como parte del proceso de aprendizaje y cumplimiento de las disposiciones legales que establecen la obligatoriedad de aprenderlo, planteó el responsable del Instituto Plurinacional de Estudios de Lenguas y Culturas (IPELC), Pedro Apala.
“Una hora al día sería ideal, pero eso no siempre es posible, en consecuencia, una hora a la semana estaría bien”, sugirió el responsable de una de las instituciones acreditadas para enseñar uno de los idiomas nativos, aymara, quechua o guaraní, a los funcionarios públicos. El IPELC depende del Ministerio de Educación.
El IPELC junto al Viceministerio de Descolonización y la Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP) es la responsable de dar cursos básicos del idioma nativo. Esta tarea se enmarca en la Ley 269, de Derechos y Políticas Linguísticas, promulgado el 2 de agosto de 2012, que en el artículo 7 de su reglamento 2477 establece que los servidores públicos deben aprender una lengua indígena originario campesina.
El destinar una o dos horas a la práctica del aymara, quechua o guaraní en las oficinas públicas está en manos de cada Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), porque no está establecida en una norma. En el caso del Viceministerio de Descolonización, por ejemplo, dedican cada miércoles a interactuar y atender al público en aymara.
“El objetivo es apoyar en el aprendizaje de las lenguas, ya que no es fácil. Si se da una hora se logrará mayor práctica”, insistió Apala.
En abril de 2016, La Razón publicó que solo el 9,7% de los funcionarios se inscribió a clases de idioma nativo. Todas las instituciones públicas del país concentran 350.000 trabajadores, de los cuales solo 33.923 (9,7%) se capacitaron en un idioma originario.
Los candidatos a presidente, vicepresidente y legisladores están obligados a certificar que hablan un idioma nativo como parte de los requisitos para su habilitación.
Según el informe oficial de EGPP, entre 2007 y 2015 se capacitó a 33.923 servidores públicos en todo el país. Solo en 2015 se enseñó un idioma originario a 13.681 hombres y mujeres. Y el IPELC certificó en 2015 a 9.934 personas, entre servidores públicos y maestros, un nivel básico.
Según Apala, las tres instituciones, IPELC, Viceministerio de Desconolización y la EGPP, pedirán un informe de la situación real en la administración pública sobre cuántos servidores hablan un idioma y cuántos están en proceso de aprendizaje. “En un mes tendremos estos datos”.
La Ley 269 establece un plazo para aprender un idioma, lo cual feneció en agosto de 2015. “Ya suponemos de que los servidores deberían haber logrado una certificación o estar en proceso de aprendizaje”, aseguró Apala.