Esta semana cierra con la agudización del conflicto de Achacachi y la amenaza de extenderse a su quinta semana. Como no había ocurrido en más de tres semanas, la Defensoría del Pueblo busca ahora mediar y ayudar en acciones legales para liberar a los tres dirigentes detenidos. Además pidió la libertad por razones humanitarias de un dirigente de los Ponchos Rojos.
“Se llama a deponer posiciones de ambas partes, para evitar enfrentamientos o intervenciones que podrían traer la pérdida de vidas humanas. Se pide humanitariamente apartar a Modesto Clares, Ejecutivo de los Ponchos Rojos, de las movilizaciones y que retorne con su familia”, sostuvo el defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto.
Este viernes se cumplen cuatro semanas del conflicto que mantiene bloqueada la vía principal a Copacabana y una vigilia de día y noche en puertas de los tribunales en el centro de La Paz por un grupo de mujeres. La situación se tensionó aún más esta semana cuando se conoció que el dirigente Modesto Clares, de los Ponchos Rojos apuestos a la protesta, fue secuestrado.
Desde un punto de bloqueo y tras haber desaparecido un día, Clares reapareció y usando el teléfono celular de Felipe Quispe, El Mallku, responsable de las estrategias de movilización, aseguró que no fue secuestrado y que permanecerá en la zona de conflicto hasta su solución, que implica la dimisión del alcalde cuestionado Édgar Ramos y la libertad de tres dirigentes detenidos.
Tezanos Pinto pidió un cuarto intermedio en la protesta e hizo un llamado a la Iglesia Católica a ser parte de los mediadores de un diálogo amplio y de reencuentro que alienta.
En una oportunidad ya la representación de la iglesia fracasó en su intento de facilitar el diálogo ante la inasistencia de la representación del Gobierno y de Ramos. Diferentes autoridades del Ejecutivo explicaron en varias ocasiones que la solución está en un referéndum revocatorio o en un proceso judicial que termine con el alejamiento del cargo de Ramos.
El jueves, la Defensoría inició acercamientos con representantes de la FEJUVE de Achacachi e inicialmente acordaron trabajar en la cesación a la detención preventiva de Esnor Condori, Gonzalo Layme y Pastor Salas, quienes guardan detención en la cárcel de San Pedro por su vinculación con los hechos de violencia de febrero en Achacachi en rechazo a la gestión edil.
“En este conflicto con hechos cometidos por móviles políticos desde el 13 de febrero de 2107, queda demostrado que la persecución penal no cumple fines de prevención sino que entorpece la solución al mismo”, cuestionó Tezanos Pinto, quien en una anterior oportunidad había dejado que la solución se encauce por la vía judicial o del voto.
Para una eventual negociación ve necesario estén representados los 13 cantones del municipio de Achacachi, aunque el conflicto solo está siendo encaminado por los habitantes del área urbana.