La exdirectora de la escuela Vicenta Juaristi Eguino, María del Rosario Vargas de Villarroel, está en La Paz y negó que haya fugado del país. Afirmó que ganó una acción de libertad y al no tener arraigo viajó por 10 días a Lima, Perú por motivos de salud.
Paola Barriga, abogada de la familia de la niña Patricia, denunció a los medios de comunicación que es una irregularidad que Vargas haya podido salir del país, cuando pesa sobre ella una condena de cinco años de prisión. La jurista anunció que pedirá informes a Migración y solicitará una reunión con autoridades del Ministro de Gobierno, el Ministerio de Justicia y la Defensoría del Pueblo.
Vargas visitó la noche del martes las instalaciones del diario La Razón para explicar los motivos de su viaje. Recalcó que no tenía ningún impedimento legal para salir de Bolivia y detalló que su viaje fue del 14 al 24 de enero. “He salido presentando mi pasaporte y retornado presentando mi pasaporte”.
“Tengo una acción de libertad plena y puedo disponer de mi tiempo. He salido y regresado por los conductos regulares. He salido concretamente a Lima por cuestión de salud, estos años me han acabado; tengo varios problemas de salud y me dijeron que haga un viaje para ver una posible solución. Yo nunca estado en el afán de escapar”, afirmó.
Respecto a su situación afirmó que continuará con la batalla legal para probar su inocencia. “Ha salido esta acción de libertad, sé que tiene que seguir su curso en Sucre y allá dispondrán lo que se tenga que disponer”.
El director de Régimen Penitenciario, Jorge López, explicó el lunes que Vargas ingresó al Centro Penitenciario de Obrajes en julio de 2017 y salió en libertar el 5 de diciembre por una acción de libertad emitida por la jueza anticorrupción Cinthia Delgadillo.
La abogada Barriga recordó que la exdirectora fue condenada a cinco años de cárcel por el caso de la violación y muerte de la niña Patricia Flores, por los delitos de incumplimiento de deberes además de encubrimiento.
Este caso se remonta al 27 de agosto de 1999, cuando la menor, que tenía 10 años, cuando su cuerpo sin vida en el depósito del establecimiento educativo. Se condenó a 30 años de presidio, sin derecho a indulto, al entonces regente Odón Mendoza.