La investigación por el asesinato de Pablo Julio Antonio Salemi se reabrió el 23 de marzo, a solicitud de sus sobrinos Mary France y Juan Carlos Antonio Abrego; sin embargo, hasta el momento la Policía no tiene acceso al cuaderno de investigaciones.
“A la fecha, la Policía no pudo reanudar las investigaciones porque no recibieron las carpetas del caso”, informó la sobrina. Los hermanos fueron imputados de un supuesto cohecho, que sigue en investigación y por el que tuvieron medidas sustitutivas. “Nunca fuimos imputados por el asesinato de nuestro tío”, precisó.
Este medio habló con el teniente coronel Rafael Bustillos, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de la Zona Sur, quien confirmó lo dicho. “Aún no me ha llegado nada”.
El 6 de mayo de 2017, Antonio Salemi salió de su casa para comprar pan, pero nunca llegó a la tienda porque fue interceptado y apareció muerto en Chicani.
Los sobrinos denunciaron una serie de irregularidades durante el proceso, entre las que citaron la denuncia de cohecho y extorsión en su contra, supuestamente, para evitar el avance de la investigación. “No son $us 37.000 los que nos encontraron en posesión como dicen los denunciantes, sino $us 25.000, de los cuales $us 22.000 eran para el acuerdo transaccional original encontrado en la notaría que pretendía regularizar observaciones a una propiedad ajena al caso del asesinato”.
Darío Quispe Landaeta, Edwin Quispe Ramírez y Rosmery Mamani Mamani, cuidadores de una propiedad de la víctima, pasaron a apoderados de la hermana del anciano. “El único bien compartido es una casa en la Santa Cruz e Isaac Tamayo, era de nuestros abuelos y ahora está en posesión de los apoderados”.