El Gobierno llegó a la conclusión de que una «organización criminal» operó en la Alcaldía de Cochabamba para estafar a los pobladores de esa ciudad con una dotación mochilas con sobreprecio de más del 80%, que causaron un daño económico de al menos 10 millones de bolivianos. Por ello, anunció que decidió sumarse como querrellante en este proceso, donde se encuentra involucrado el alcalde José María Leyes, quien autorizó esa adquisición..
El anuncio lo hizo en conferencia de prensa el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, quien aseguró que existen pruebas suficientes e «incuestionables» para demostrar ello. «Aquí ha habido una organización criminal para estafar al pueblo de Cochabamba, ha habido una organización criminal absolutamente incuestionable en su formación, en su desarrolo, que debe ser profundamente investigada por el Ministerio Público», afirmó.
Antes, explicó que el gobierno municipal encabezado por Leyes adquirió 92.000 mochilas fabricadas en China y valuadas en 26 bolivianos por unidad, a un costo de 145 bolivianos por pieza, lo que representó un sobreprecio de 81,21% y un daño económico que asciende a más de un millón de dólares. Dijo además que una empresa constituida accidentalmente mandó a confeccionar las mochilas cuatro meses antes de que salga la licitación.
“Aquí hay pruebas y una claridad absoluta de la comisión de gravísimo delitos de corrupción por parte del alcalde (Leyes) que es quien es la máxima autoridad del municipio, pero además es quien personalmente suscribe este contrato para la provisión con sobreprecio de más del 80%”, insistió.
El caso fue develado por la concejal Rocío Molina del Movimiento Al Socialismo (MAS) hace un par de semanas, cuando advirtió de dolo en la licitación para la dotación de las mochilas escolares para la gestión 2018 y denunció que hubo “información privilegiada” para la sociedad accidental que ganó la licitación.
Entonces Leyes respondió que la denuncia es parte una confabulación y anunció que «nosotros vamos a defender a Cochabamba, vamos a defender la verdad. Los masistas intentan distraer a la opinión de la ciudadanía».
El proceso de contratación, según la denuncia, se lanzó en noviembre de 2017, pero el material había sido encomendado para su fabricación en China, inclusive con los logotipos ediles, en agosto del mismo año, tres meses antes de conocerse los términos de la compra. No solo eso, también hay indicios que dan cuenta que la sociedad que se adjudicó el contrato se conformó cuatro días antes.
Arce se refirió a esos detalles y anunció que el viceministro de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Diego Jiménez, se apersonará en la Fiscalía para “coadyuvar y llevar adelante” el proceso en contra de Leyes y su administración.
“Es una situación verdaderamente grave, nos ha sorprendido como Ministerio la cantidad de documentación, el cinismo con el que se ha actuado en este caso y el alto índice de daño económico que se ha producido”, lamentó el ministro. (05/04/2018)