Ante las dudas surgidas sobre la culpabilidad del doctor Jhiery Fernández en el caso de la muerte del bebé Alexander, ocurrida hace cuatro años, el Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, pidió este miércoles garantizar la presunción de inocencia de este profesional, condenado a 20 años por ese delito.
Afirmó además que hubo presión de parte de algunas autoridades, de analistas e incluso de los medios de comunicación para que fuera sentenciado por el delito de violación, algo que ahora está en duda.
Luego del escándalo surgido por la revelación de un audio en el que presuntamente la jueza Patricia Pacajes -quien dictó sentencia- admite haber condenado a Fernández sabiendo que era inocente, Tezanos Pinto pidió al Consejo de la Magistratura “liberar a un inocente”, además de iniciar una auditoría jurídica al proceso y realizar la valoración de todas las pruebas puestas a conocimiento del Tribunal Décimo de Sentencia de La Paz.
“Con la finalidad de evitar aplicar una condena a una persona que puede ser inocente, en el marco de las reglas del debido proceso establecidas en la Constitución, la Convención Americana de Derechos Humanos (…) la Defensoría del Pueblo ha pedido al Consejo de la Magistratura, en aplicación del parágrafo II, numeral 10, del Artículo 183 de la Ley del Órgano Judicial garantizar la presunción de inocencia de JFS”, señaló Tezanos Pinto, en un comunicado de prensa.
El escándalo del caso Alexander desató gran indignación en la población en general, en autoridades del Ejecutivo, del Legislativo y hasta del propio Poder Judicial.
El Defensor considera que hubo presión de parte de algunas autoridades, analistas y hasta de los medios de comunicación para cerrar este caso con un culpable.
En ese marco, solicitó a los medios limitarse a difundir las noticias «sin emitir juicios de valor y mucho menos presionar» para que se esclarezca un caso.
Para Tezanos Pinto, un error en la investigación generó “una noticia capaz de despertar el horror y rechazo de autoridades, medios de comunicación y opinión pública, y de ahí en adelante, sin objetividad se mostró como culpable a quien terminaría imputando y sentenciando en dos instancias, de un hecho que no ocurrió (la violación a un niño que sí falleció por negligencia médica)”.
«El bebé Alexander se encontraba bajo custodia y cuidado del Estado y lejos de ser protegido y dictarse justicia se tejió otra injusticia para cubrir el caso», finalizó. (19-09-2018)