Cura pederasta trabajó en 4 ciudades bolivianas
Sociedad. El jesuita tomó psicoterapia en el país; activistas cuestionan a la Iglesia Católica.
Luis Tó González, el cura pederasta sentenciado en España por violar a una niña de ocho años, fue enviado en 1992 como misionero a Bolivia y desde entonces “colaboró” en instituciones religiosas de La Paz, El Alto, Cochabamba y Oruro, entre ellas Fe y Alegría.
“Los superiores de la Compañía de Jesús en Bolivia tenían conocimiento del caso; él tuvo una sentencia en España con pena mínima de dos años, por lo que no ingresó a la cárcel, y la prohibición de realizar una labor docente por seis años, por lo que no ejerció cargos de profesor en centros educativos. Sus funciones estaban vinculadas a tareas administrativas”, informó ayer a La Razón el vocero de la Compañía de Jesús en Bolivia, el padre Sergio Montes.
El domingo, el periódico El País de España publicó un artículo sobre Tó y el agustino recoleto, José Luis Untoria, quien también fue condenado por abuso sexual contra 10 alumnos de un colegio de Salamanca. Ambos fueron enviados en misiones a América Latina: Tó a Bolivia y Untoria a Perú.
Montes explicó que Tó llegó al país en 1992 y trabajó cuatro años en El Alto. En 1997 se trasladó a Lima, Perú, para tratamientos psiquiátricos y tareas profesionales. En 1998 retornó, pero esta vez a La Paz, donde vivió hasta 2008. En 2009 se fue a Oruro y en 2010 a Cochabamba, ciudad en la que murió el 11 de abril de 2017.
La Pastoral Urbana de El Alto, Caritas, Fe y Alegría y el Instituto de Aprendizaje Industrial de Oruro fueron algunas instituciones en las que trabajó. (Ver recuadro)
A través de un comunicado, la Compañía de Jesús aclaró ayer que el religioso trabajó en el Centro de Multiservicios Educativos (Cemse) como miembro del directorio y en Fe y Alegría formó parte del equipo de planeamiento y base de datos, además de colaborar en la revisión de equipos de computación.
Respecto al tratamiento psiquiátrico, Montes especificó que además de las sesiones de Perú en 1997, se sometió a otras en España, en 1994, y en Bolivia tuvo “acompañamiento psicoterapéutico”.
Al respecto, activistas por los derechos de los niños y adolescentes repudiaron que la Iglesia Católica envíe al país curas con antecedentes de pedofilia bajo el “camufle” de misioneros y que las autoridades locales permitan el ingreso.
“La Iglesia debe asumir sanciones más drásticas contra religiosos que abusan de los niños y no deslindar el problema con sus misiones. Pareciera que tomaron a Bolivia como una cárcel para castigar a los que violan a los niños de España, ¿y nuestros niños?”, declaró Julia Velasco, directora de la Agencia Nacional Infantil (ANNI).
Melisa Ibarra, otra activista, criticó el silencio de la Iglesia el año de la llegada de Tó y que los seguidores (católicos) no se hayan manifestado. “Ya debería haber una marcha masiva en contra de las violaciones a niños por parte de los sacerdotes”.
Opiniones sobre la presencia de Tó en el país
– Melisa Ibarra, activista por los niños: ‘Es una ola de denuncias’
“Lo lamentable es que estamos ante una ola internacional de denuncias sobre curas pederastas y aún debe haber mucho silencio sobre este crimen, porque la mayoría de los abusos sexuales es a niñas, más que a niños, y en la sociedad patriarcal es más cubierto”.
– Sergio Montes, vocero de la Compañía de Jesús: ‘Conjugar vía civil y eclesial’
“Considero que se debe conjugar los procedimientos que corresponden a la vía civil, para cualquier ciudadano, del que se pueden solicitar antecedentes, con la vía eclesial. Se deben implementar mejores protocolos de protección a menores”.
– Julia Velasco, directora de ANNI: ‘La sanción debe ser pública’
“Las sanciones que emiten las autoridades de la Iglesia Católica o de otras religiones deberían ser públicas y en todos los idiomas; primero, como una sanción drástica; y segundo, para que ese religioso no cometa el delito en otro espacio geográfico”.
Exigen pedir el historial de curas
Activistas por los derechos de los niños y adolescentes exigieron ayer a la Iglesia Católica y a autoridades del Estado que soliciten los antecedentes de los misioneros antes de su ingreso al país, para así evitar poner en peligro a la niñez.
“El Estado no debe permitir que se envíe al país a religiosos y en general a gente con antecedentes de pedofilia. Los ministerios de Justicia y de Gobierno deberían tomar medidas y solicitar previamente los antecedentes”, indicó Julia Velasco, directora de la Agencia Nacional Infantil.
Agregó que las autoridades deberían coordinar con los representantes del más alto nivel de la Iglesia (Vaticano) para acceder a los antecedentes de los religiosos que envían como misioneros.
El vocero de la Compañía de Jesús en Bolivia, el padre Sergio Montes, opinó que la solicitud de antecedentes debería considerarse debido a que en los últimos años salieron a la luz una serie de abusos cometidos contra niños y en distintos lugares del mundo, donde se iniciaron las investigaciones correspondientes.
“Se debe conjugar los procedimientos que corresponden a la vía civil, para cualquier ciudadano, del que se pueden solicitar antecedentes, con la vía eclesial. Se debe implementar mejores protocolos de protección a menores”, expresó.
Melisa Ibarra, activista por la defensa de los derechos de niños, consideró que estos delitos y crímenes, especialmente de sacerdotes, deberían ser de conocimiento público internacional.
“Estos delitos tienen que ser rechazados a través de manifestaciones masivas a nivel internacional y socializar el tema para ahondar en la denuncia y exigir que se realice una investigación profunda de cada caso”.
