La expareja del juez Rolando V., quien fue enviado a la cárcel en pasados días por, se presume, favorecer a una litigante, aseguró que éste tuvo fuertes vínculos con el abogado Jhasmany T. y que era cómplice de los delitos de extorsión, que recibía dinero de las torturas y que redactaba los fallos y resoluciones de su despacho en la vivienda del denominado «abogado torturador».
“Le favorecía de manera directa en los proceso que tenía en su juzgado y posteriormente ha realizado trabajos, memoriales, apelaciones, incidentes y resoluciones para el señor Jhasmany T. en su domicilio particular en horas de la noche, en la segunda circunvalación, una casa roja, donde algún rato me he apersonado y he visto que ha realizado memoriales junto con la abogada Rocío P.”, contó la mujer a la red ATB.
La denunciante dijo también que fruto de estos trabajos, su entonces esposo llegaba a su vivienda y le entregaba fuertes sumas de dinero que recibía del Jhasmany T., que oscilaban entre los $us 500 y $us 1.000 y que, inclusive, en una ocasión llegó a recibir como forma de pago una vagoneta Nissan Murano.
Asimismo, sostuvo que Jhasmany T. asistió al juez como su abogado defensor en varios procesos que tenía el juez.
Rolando V. no fue suspendido de su cargo y continúa figurando como juez de la Sala 5ta Cautelar de Cochabamba, pese a estar con detención preventiva en el penal de Arani tras ser acusado de haber influenciado en vocales y otras autoridades para beneficiar a una familia que fue denunciada por apropiación indebida de bienes y abuso de confianza.
Nuevas víctimas en caso del abogado extorsionador
Ivana C. es la duodécima víctima del consorcio de abogados, jueces, fiscales y policías liderado por Jhasmani T.; la mujer alquiló una casa en 2016 pero los inquilinos ni la desocupan ni pagan alquileres, que según la afectada, son parientes del abogado recluido en Chonchocoro.
En noviembre de 2016, la víctima alquiló una vivienda al teniente de Policía Gabriel Vargas y a su esposa Kelly T., pero, al encontrar irregularidades en el uso del bien y el retraso en el pago de alquileres, les pidió que desalojen su casa.
El 1 de febrero de 2018, Kelly T. le informó que su abogado se iba a encargar del tema. Ivana C. informó que poco después, un grupo de personas, al mando de Jhasmani T., irrumpió en su vivienda.
“‘El problema lo arreglará conmigo. ¿Cómo quiere arreglar?, porque yo arreglo esto de otra forma, ¿No ve?’, les dijo a sus colaboradores, que empezaron a filmar con celulares; en eso, llegó mi abogado”, contó la afectada.
Su defensor conocía al dueño de Leclere & Asociados, así que la dejaron ir y se comprometieron a desocupar el inmueble cuanto antes; pero no cumplieron y ella denunció amenazas.
También se presentó ante las autoridades un sargento de Policía —la decimotercera víctima—, quien acusó al abogado y a su “brazo operativo”, el capitán Jhamil S., de haberlo despojado de su familia y sus bienes.
Ese capitán —agregó— “proporciona información institucional, confidencial, armas, granadas, archivos de policías y sus familiares” y otros, al cabecilla del consorcio.
Desde 2017, el sindicado fue ayudante del hoy comandante de la Policía de Cochabamba, coronel Raúl Grandy, cuando éste era aún subcomandante, y como tal tenía acceso a documentos confidenciales, según reza la denuncia. (19/02/2019)