Cuatro concejales masistas del municipio de Vinto, Cochabamba, retenidos contra su voluntad desde el martes por pobladores de Llave Grande y Cerro Cota, fueron rescatados la tarde de ayer por la Policía, que desplegó un gran operativo.
“Hemos logrado salir, con resguardo”, informó Elizabeth Ancalle, legisladora del Movimiento Al Socialismo (MAS), quien fue encerrada desde la mañana del martes en el Concejo de ese municipio cochabambino, al igual que Martha Choque, Hugo Cáceres y Joaquín Vegamonte.
La mañana de este jueves, Cáceres clamó por ayuda. “Estamos como rehenes, prácticamente en huelga de hambre, porque no permiten el ingreso de ningún alimento, quieren obligarnos a renunciar. Queremos ayuda, estamos mal”, dijo.
Sus familiares y la asambleísta departamental por el Frente Único, Lizeth Veramendi, acudieron al Comando Departamental de la Policía para denunciar el caso.
El rescate se produjo cerca de las 16.00. Los legisladores locales fueron llevados al Comando Regional de la Policía y por la noche, trasladados a sus domicilios, donde tendrán resguardo mientras se soluciona el conflicto.
Ancalle sostuvo que gran parte de la gente que los retuvo “se asentó en tierras fiscales, sobre la cota 2.750 (Parque Tunari) y quiere legalizar las casas, pero el Instituto Nacional de Reforma Agraria ya (les) notificó con el desalojo”. Ellos —según la concejala— pactaron con los suplentes para que les ayuden, a cambio de forzar la dimisión de los titulares, de ahí la consigna de la alternancia. “No voy a renunciar a mi cargo, voy a hacer respetar mis derechos, la ley nos ampara”.
Ancalle anticipó que tomará acciones legales contra la gente que los retuvo y gestionará en la vía que corresponda la otorgación de garantías para reanudar sus actividades. En reunión con la dirigencia del MAS, los concejales plantearon ceder sus curules en diciembre. “No aceptaron; los dirigentes departamentales y regionales quieren que los suplentes asuman ya no más”.
Praxides Castellón, secretario orgánico de la Dirección Departamental del MAS, aseguró que la alternancia “es de estricto cumplimiento”, aunque —dijo— depende de los acuerdos entre titulares y suplentes. Los suplentes deben asumir los cargos “porque todos han colocado su granito de arena” y el tiempo “es por dos años y medio, no un día”.
Vegamonte recordó que en abril de 2018 el mismo grupo apaleó a los concejales hasta dejarlos hospitalizados.
“Son dos años de permanente persecución por la fiscalización, que no les gusta”, apuntó.