Marcia R. S., esposa del gerente del proyecto Word Trade Center La Paz (WTC-La Paz), Boris Kuscevic Leyton, trabaja en el Concejo Municipal de La Paz como responsable de Ceremonia y Protocolo, según información a la que tuvo acceso La Razón.
El mismo Kuscevic, de profesión arquitecto, en 2014 fue responsable de Mantenimiento del Parque Urbano Central, una dependencia de la municipalidad paceña, según información extraída del Sistema de Contrataciones Estatales.
El presidente del Concejo, Pedro Susz, dijo que la funcionaria “nada tiene que ver con las decisiones legales y administrativas (del Concejo). Sus funciones son estrictamente protocolares y las desempeña desde 2003, mucho antes de estar casada con el arquitecto Kuscevic, quien es técnico arquitecto de planta, sin atribuciones legales y administrativas en la mencionada empresa”.
El exfuncionario firma la solicitud de aprobación del proyecto WTC-La Paz, cuyo promotor es el empresario Edwin Santos Saavedra Toledo, accionista mayoritario de la firma Tersa SA.
En 2015, Saavedra nombró apoderada legal a Maricruz Medrano Strelli, esposa del concejal Fabián Siñani, de Soberanía y Libertad (Sol.bo), según el testimonio de poder 1151/2015 presentado por el concejal Jorge Silva, del Movimiento Al Socialismo (MAS), quien tramitó ante el Concejo el cambio del uso de suelo.
El 15 de diciembre de 2016, el Legislativo edil autorizó el cambio de uso de suelos —de aires de río a área de equipamiento— de 47.710.00 m2, ubicado entre las avenidas Los Leones y Del Libertador para el WTC-La Paz.
La vinculación entre Kuscevic y la responsable de protocolo del Concejo sale a flote en medio de denuncias del MAS sobre los supuestos actos de favorecimiento de la Alcaldía a Tersa SA, que administra desde 2003 el relleno sanitario de Alpacoma y que se encarga del recojo de la basura en la ladera este y los macrodistritos rurales de Zongo y Hampaturi desde fines de 2013.
Este medio se comunicó con el arquitecto Kuscevic para conocer su posición sobre este tema, y aunque en un primer contacto se mostró accesible a dialogar, pidió que se le volviera a llamar en una hora. Sin embargo, cuando se hizo el intento, otra persona respondió su móvil y dijo que continuaba en reunión. En un tercer intento, el teléfono dio tono apagado.
Sobre el lazo matrimonial entre el gerente del WTC y Marcia R. C., Silva dijo que: “Entiendo que la señora ha trabajado varios años en la Alcaldía y, posteriormente, contrajo nupcias con esta persona, eso no es ilegal, no tengo ninguna observación. Pero, de lo que se trata es de investigar las influencias que hubiera generado esa relación para lograr las gestiones que se estaban realizando”.
Incluso —añadió— podrían ser parte de la “red de corrupción” que denunció la diputada masista Valeria Silva, quien pidió al Ministerio Público investigar incluso al alcalde Luis Revilla.
El 21 de febrero, la diputada Betty Yañiquez (MAS) presentó una denuncia penal contra Siñani y el exdirector del Sistema de Regulación Municipal Giovanni Jemio.
Al primero lo sindicó de uso indebido de influencias, con base en el Testimonio de Poder 406/2013 del 13 de junio de 2013, por el que Saavedra concede a la esposa del concejal la representación de Tersa SA, y al segundo por incumplimiento de deberes y omisión de denuncia, por el deslizamiento ocurrido en 2017 en el relleno de Alpacoma.
El 24 de mayo de 2017, en una nota dirigida al Alcalde, con hoja de ruta 31496, Kuscevic solicitó la aprobación del proyecto, en el que hace conocer los estudios efectuados, los cuales fueron consensuados con técnicos ediles, dice.
El 9 de agosto del mismo año, Saavedra y Revilla firman un convenio para la aprobación del plan de masas y demás autorizaciones administrativas para la ejecución del WTC, en el que el empresario cedió 4.500 m2 para una estación de transferencia de LaPazBUS.
El 6 de diciembre, el Concejo refrendó el convenio. Según Silva, el presidente del Legislativo edil, Susz, no participó de la sesión, presidida por él en su calidad de decano. Como secretario participó Siñani. El convenio fue aprobado por los concejales de Sol.bo Siñani, Isaac Fernández, Beatriz Álvarez y Andrea Cornejo. Kathia Salazar se abstuvo en la votación.
“Lo que se está investigando es supuesto tráfico de influencias, no se está denunciando la ordenanza o su contenido”, recalcó Silva.