La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) expresó su “profunda preocupación” por las recientes denuncias de violencia contra mujeres que involucran a servidores públicos de Bolivia.
Así lo hizo saber en un comunicado que publicó este 20 marzo la oficina del organismo internacional, donde apunta dos casos: el de la mujer brasileña que estuvo privada de libertad en Rurrenabaque y denunció que fue violada reiteradamente por policías y el del magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional Orlando Ceballos, implicado en un caso de violencia intrafamiliar.
“En cumplimiento del marco normativo nacional, la Oficina Regional alentó al Estado a continuar con las investigaciones de oficio sobre estas denuncias y a velar porque todos los casos de violencia contra las mujeres sean investigados y sancionados oportunamente”, señala el comunicado.
No obstante, hace saber también que ACNUDH saludó las medidas anunciadas por el Estado para investigar estas denuncias, “en especial cuando involucran a servidores públicos responsables por hacer cumplir las leyes, quienes deben mantener un actuar intachable no solo en el ejercicio de sus funciones públicas, sino también en el ámbito privado”.
Además, resaltó “la importancia de que los casos de violencia de género no sean abordados como delitos aislados, sino que las autoridades del Estado enfrenten las causas estructurales de la violencia y discriminación contra las mujeres, combatiendo así los estereotipos de género a través de acciones efectivas e integrales”.
El 8 de marzo, tras una investigación, el senador Yerko Nuñez reveló que la brasileña E. C. de A, de 21 años, denunció que fue violada reiteradamente por policías en la carceleta de Rurrenabaque, donde estuvo recluida por un año. Ocho policías fueron aprehendidos por ello y actualmente son investigados, mientras que la mujer fue liberada tras que el proceso en su contra fuera anulado por un juez.
En el caso de Ceballos, fue denunciado por su pareja, Carmela Wilma T, por una presunta agresión física y verbal ocurrida el domingo 10 de mayo, la que fue acompañada por un informe forense. No obstante, cinco días después pidió perdón a su esposa y, junto a ella, dijo que se trató de un problema familiar. Luego pidió licencia hasta que concluya una investigación que comenzó el Ministerio Público.
En el comunicado, se recuerda que Bolivia recibió recomendaciones de mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas. “En 2013, el Comité contra la Tortura expresó preocupación por la persistencia de la violencia de género —en especial la violencia doméstica y sexual— que a menudo sigue sin denunciarse, e instó al Estado a investigar, enjuiciar y castigar a los autores de tales actos”, señala.
A su vez, recuerda que en 2015 “el Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer recomendó a Bolivia impulsar un proceso participativo para elaborar estrategias de prevención de la violencia contra las mujeres, con énfasis en quienes se encuentran en situaciones especiales de riesgo y vulnerabilidad, como las mujeres privadas de libertad”.
ACNUDH destacó además la reciente creación del Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización “Ana María Romero”, que tiene entre sus retos la erradicación de todo tipo de violencia y formas de discriminación contra las mujeres, evitando que estos delitos queden en la impunidad. (21/03/2019)