El dirigente cocalero de Adepcoca Sergio Pampa fue vinculado con la muerte por disparo de arma de fuego de Eduardo Apaza, dirigente de Cofecay. La Fiscalía inició la investigación contra Pampa y su abogado, Omar Durán, dijo que se busca descabezar a la dirigencia de Adepcoca, contraria al oficialismo.

Artemio Surco M., principal sospechoso de la muerte de Apaza, relacionó a Pampa, dirigente de la Asociación de Productores de Coca (Adepcoca), con el asesinato del dirigente del Consejo de las Federaciones Campesinas de los Yungas (Cofecay), dos organizaciones cocaleras que tienen su área de influencia en Yungas.

La fiscal Jhanet Usnayo informó que la investigación se amplió, luego de las declaraciones de Surco sobre la muerte de Apaza en la región de Villa Bolívar, en los Yungas. El hoy encarcelado narra en un video difundido por el Ministerio de Gobierno lo ocurrido.

“Roberto Chira ha agarrado el arma, (me dijo que) me pagaría Bs 15.000 y vas disparar; dije ya. Al Roberto Chira le acompañaban el Sergio… ¿Sergio qué? (inquirieron) Sergio… Pampa, el otro Edgar Bautista”, revela en parte del video.

En la mira de la Fiscalía también está Roberto Chira, quien habría contacto y entregado el arma a Surco; además de Édgar Bautista.

Duran denunció que el video fue montado y que se violó el derecho constitucional a la “presunción de inocencia”.

“El Gobierno quiere hacer ver como si hubiera contratado Sergio Pampa y la dirigencia de Adepcoca (al asesino), totalmente falso. Vamos a demostrar con pruebas que no fue así. Este es un Gobierno que está acostumbrado a sembrar pruebas”, cuestionó Duran.

El diputado oficialista Tito Veizaga criticó que la oposición responsabilice al Gobierno de lo ocurrido.

Usnayo adelantó que convocará a la sobrina de Apaza como “testigo presencial para realizar un desfile identificativo” y dar con todos los responsables. (17/06/2019)

Dos fábricas de cemento estatales empezarán a operar este año con una capacidad de producción de 2 millones de toneladas, por lo que el Gobierno decidió obligar a los gobiernos central, departamental y municipal, como a las empresas públicas, a comprar ese cemento para la construcción de obras y carreteras.

La decisión está contenida en una ley que fue aprobada en la Cámara de Diputados y que amplía el alcance del decreto de marzo, que establecía el uso de cemento boliviano para la construcción de carreteras departamentales, con el fin de frenar la importación de asfalto y preservar las reservas internacionales.

Ahora el gobierno central, las gobernaciones y los municipios estarán obligados a comprar la producción de cemento estatal, al igual que las empresas que se adjudiquen las obras, informó el presidente de Diputados, Víctor Borda.

Bolivia contará con dos fábricas. La Empresa Pública Productiva de Cementos de Bolivia (Ecebol) Oruro empezará en agosto la comercialización del cemento, en tanto que la firma de Potosí entre noviembre y diciembre de 2019; cada una tendrá una producción de más de 1 millón de toneladas.

"Ayer (jueves) se ha aprobado una ley que obliga a las empresas públicas a utilizar el cemento boliviano que no se exporta, que no se importe cemento de otros países”, precisó Borda a la prensa.

Ecebol apunta a producir un producto de alta calidad y a un precio competitivo de Bs 37 puesto en fábrica. Ahora se trabaja en la parte logística y de transporte para definir el precio al consumidor final

La factoría de Ecebol Potosí registra 66% de avance y empezará a operar entre noviembre y diciembre.

“Estamos abriendo mercado para estas industrias en la construcción de caminos y obras. Está garantizado el mercado interno”, insistió.

Diputados aprobó el Proyecto de Ley de Fomento a la Industria Cementera para la promoción e incentivo a la industrialización de los recursos naturales. Una vez sancionada será promulgada y puesta en vigencia por el presidente Evo Morales. (14/06/2019)

La futura planta de tratamiento de basura será metropolitana y, bajo licitación pública, los municipios elegirán la mejor propuesta de las empresas interesadas. Estará emplazada en la zona Sak'a Churu de Alpacoma, anunció el alcalde de La Paz, Luis Revilla, quien junto al gobernador Félix Patzi visitó hoy el Distrito 6 de esta localidad.

Dijo que en paralelo a la instalación de planta industrial, que tomará aproximadamente un año, se acoplará un relleno transitorio para recibir los residuos de la urbe. El acuerdo se selló entre autoridades del municipio, la gobernación y, según dijo, en consulta con los pobladores de Alpacoma.

La planta estará ubicada al frente del actual relleno de Alpacoma, administrado por la empresa Tersa. Revilla destacó que la obra “trae progreso, empleo y desarrollo económico”.

“Después de los análisis ha resultado un lugar adecuado para la instalación de nuestra planta de tratamiento a nivel metropolitano, de que sea aquí, en el distrito de Alpacoma. Esos han sido los resultados técnicos que han trabajado las instancias, se ha identificado en Sak’a Churu, que es un lugar adecuado”, anunció en presencia de los pobladores del Distrito 6.

Dijo que el cierre del relleno de Alpacoma es de prioridad, pero reconoció que remitió a la Gobernación una solicitud de ampliar su uso por unos días más por la urgencia. “Y a ustedes también les pedimos unos días, no va ser mucho. Esos días nos va permitir establecer el inicio del trabajo de esta planta de tratamiento”, señaló.

Destacó que la adjudicación de la empresa que instale y administre la planta sea por licitación pública y no por acuerdos “entre cuatro paredes”. “Van a competir las empresas y junto con la comunidad vamos decidir cuál es la mejor propuesta que le conviene a nuestro distrito, al municipio y al departamento”, indicó.

En el acto, el alcalde y el gobernador comprometieron además la construcción de un camino de interés metropolitano entre Achocalla y Sankata, en El Alto, para lo cual el municipio pondrá una contraparte de 3 millones de bolivianos y la gobernación de La Paz hará efectiva la vía. (14/06/2019)

Mediante un mensaje publicado en su cuenta en Twitter, el presidente Evo Morales agradeció este viernes al gobierno de Chile por los trabajos de rescate de los tres mineros bolivianos atrapados por un derrumbe en Tocopilla y expresó su disposición de cooperar en lo que sea necesario para coadyuvar en estas labores.

“Consternados por los tres compatriotas atrapados en la mina San José de Tocopilla en #Chile. Muy agradecidos a las autoridades chilenas y a su presidente @sebastianpinera que están trabajando para liberarlos. Estamos dispuestos a colaborar en lo que se necesite” (Sic), escribió el Jefe de Estado.

La tarde del jueves, Leonardo Condori, de 64 años; Solomón Veizaga (padre), de 45, y Lenin Veizaga (hijo), de 19, no retornaron al punto de descanso habitual en la mina San José, en Tocopilla, tras lo cual se inició una búsqueda y se descubrió que se encuentran atrapados a unos 70 metros bajo tierra.

Esta mañana se conoció que una enorme roca obstruye, de momento, las tareas de rescate que fueron encaradas por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) de Chile.

Comenzaron tareas acompañadas de explosiones controladas con el objetivo de desintegrar la roca, pero hasta media mañana el trabajo no había permitido aún abrir un espacio para la salida, por lo que los especialistas de Sernageomin comenzaron a buscar salidas alternativas. (14/06/2019)

La participación de dos funcionarios del Batallón de Seguridad Física de Santa Cruz en un feminicidio hizo que la Policía ponga más atención en la conducta intrafamiliar de los uniformados. Ahora se acentuará el seguimiento a la “conducta psicológica intrafamiliar”, informó el comandante de la institución, general Yuri Calderón.

Ausencia en la fuente de trabajo o la denuncia de la esposa, activará el seguimiento respectivo para actuar en el marco de las normas vigentes. "Ahí haremos un seguimiento y tomaremos cartas en el asunto”, insistió.

Un funcionario del Batallón de Seguridad Física de la Policía de Santa Cruz mató, junto a otro funcionario, a su pareja para evitar pagar una pensión familiar por su hija de 11 meses. El cuerpo de la víctima fue metido en un turril y sepultado con concreto en una vivienda.

Calderón indicó que los funcionarios que incurran en casos de “violencia familiar, están cometiendo un delito”, por lo que se será “tajante” a la hora de sancionar esos hechos.

“Haremos un seguimiento a la conducta psicológica intrafamiliar del funcionario, esto nos tiene que llevar a un programa de prevención, que ya lo estamos haciendo, y a conductas que nos llamen la atención”, explicó.

Calderón reconoció que fue una debilidad el practicar exámenes psicológicos solo en la admisión a las instituciones de formación policial.

“Hemos cometido el error de hacerlo de manera periódica”, sostuvo. (13/06/2019)