Doce horas viajó Zoraida C. Q., de 13 años, con el hombre que la violó desde la comunidad Contravarisia hasta Cobija, capital del departamento de Pando, en una vagoneta policial, pues en el municipio Gonzalo Moreno no hay un médico legista.
“Si es un caso de asesinato, homicidio o violación trasladamos (el cadáver o a las víctimas) a Cobija. Se tarda entre 12 y 15 horas por el estado del camino. En Cobija hay forenses, pero no salen al área rural”, informó telefónicamente a LA RAZÓN el capitán Wilmer Herrera, comandante de la Policía Rural y Fronteriza de Pando.
“Hasta hacer los actuados, la descomposición del cuerpo, más la distancia, todo se vuelve muy complicado”, agregó. La violación a Zoraida fue cometida cerca de las 02.00 del 27 de marzo de este año. Axel C. H., de 18 años está detenido preventivamente en Puerto Busch.
El galeno de la posta de Contravarisia confirmó la violación, pero víctima y agresor tuvieron que viajar juntos a Cobija “para su valoración del médico forense y entrevista psicológica”.
Éste no es el único caso en el que, por la falta de especialistas, principalmente en el área rural, los agentes deben trasladar en camionetas o patrulleros a personas con vida, sino a los cadáveres, hasta el municipio más cercano que cuente con ese especialista y hacer luego el viaje de retorno.
“En casos de violación tenemos que viajar con la víctima y el agresor, revictimizando a la víctima. La ley prevé su cuidado, aunque por logística, tanto por el transporte, como por la distancia, es imposible. La Fiscalía está un poco lejana al lugar de los hechos”, añadió el capitán Herrera.
En otros puntos del país, la afectada —si es menor de edad— es trasladada en un vehículo de las defensorías de la niñez y adolescencia (DNA) y el atacante en el vehículo de la Policía, dijo el sargento Romelio Pacosillo, que trabaja en el municipio de Apolo, departamento de La Paz.
El último episodio ocurrió a fines de marzo. Teodoro M. viajó dos días con el cadáver de su hija Pamela Viviana M. C., de 29 años, asesinada con cinco puñaladas por su esposo Jaime P., de 38, desde Rurrenabaque, Beni, hasta la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de El Alto, La Paz, para que sea sometido a la autopsia de ley.
El padre de la mujer indicó que no había un forense en ese municipio. Andrés Flores, director nacional del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), sin embargo, aseguró que son los peritos quienes se trasladan hasta las comunidades para hacer el estudio.
“Como instituto tenemos la obligación de atender estos casos en coordinación con las fiscalías y la Policía. Faltan a la verdad los que dicen que deben movilizarse con el cadáver, nosotros vamos donde se nos convoca, cubrimos todos los requerimientos”.
Respecto a la odisea de Teodoro M., explicó que el fiscal notificó al forense de Riberalta para que examine el cuerpo, que fue trasladado con ese propósito a ese municipio beniano. Pero “el forense se vio con la sorpresa de que la familia, bajo presión, se llevó el cadáver a La Paz. No quiso esperar”.
Según datos oficiales, el IDIF cuenta con 53 médicos legistas y oficinas en 25 de los 339 municipios del país. De su planta de 53 profesionales, 15 están en municipios secundarios. Más información en la edición impresa de La Razón. (14/04/2019)