La Defensoría del Pueblo reportó, entre enero de 2018 y mayo de 2019, seis casos de interrupción legal de embarazo. Además la institución atendió tres denuncias durante este año.
“Llegamos de cinco a seis casos, aproximadamente (por interrupción de embarazos legales)”, informó la defensora del Pueblo Nadia Cruz, tomando como parámetro 2018 y parte de 2019.
La titular de la institución precisó que este año se atendieron tres casos. La Delegación Defensorial de Chuquisaca reportó el martes el caso de una niña de 10 años con 10 semanas de gestación producto de una violación en el municipio de Macharetí. Se gestionó el traslado de la menor a un hospital de Sucre, donde será evaluada y se definirá si procede o no a la interrupción legal, informó esta institución.
El segundo caso se conoció el 15 de abril, cuando entidades dependientes del Estado y de subnacionales posibilitaron que una niña de 11 años en gestación, producto de abuso sexual, sea atendida para la interrupción legal de su embarazo.
En abril se da un tercer caso, en el que la afectada hace una denuncia contra la Caja Nacional de Salud (CNS) de Sucre, luego de que el hospital Obrero Jaime Mendoza rechazará el aborto legal, porque justificó que no había orden judicial y por objeción de conciencia de médicos. La mujer buscó otro hospital donde le realizaron la interrupción del embarazo, ya que se tenía la existencia de malformaciones congénitas.
Norma. Cruz recordó la vigencia de la Sentencia Constitucional 206/2014, que norma la prestación en los servicios de salud de la interrupción legal y segura del embarazo, cuando está en peligro la vida de la mujer, si hay la existencia de malformaciones congénitas letales, si es producto de violación, estupro e incesto.
A partir de denuncias atendidas, Cruz señaló que hay un desconocimiento de la sentencia tanto de los establecimientos de salud como en las mujeres.
Anticipó que ese año la Defensoría realizará una intervención “especial” en hospitales a nivel nacional para ver el grado de cumplimiento de la Sentencia 206 y los procedimientos que se han instalado en los establecimientos de salud. “Habrán entrevistas para ver si los servidores conocen y diferencian lo que es la objeción de conciencia y la sentencia como tal”.
Anticipó que la Defensoría incorporará en un curso, que se prevé lanzar en este mes sobre derechos sexuales y reproductivos, la interrupción legal del embarazo. Aclaró que estos talleres no solo serán para servidores públicos de la salud, sino para la población en general.