Las 8 hectáreas de terreno donde se produjo el deslizamiento —que afectó a las zonas de San Jorge Kantutani, Inmaculada Concepción y 14 de Septiembre— no volverán a ser habitadas; allí se construirá un parque, informó ayer el alcalde Luis Revilla.
“Hemos calculado en un bosquejo preliminar de proyecto que se requieren $us 30 millones (…). Hay que embovedar el río Cotahuma, la captación de aguas subterráneas, la construcción de muros de la Kantutani para sostener el área del deslizamiento y otros proyectos para que esa área se convierta en un parque, porque no es un área que pueda volver a ser habitada, de ninguna manera”.
Esta determinación fue explicada a los propios damnificados. Sin embargo, entre ellos hay quienes exigen volver a los terrenos que tenían y piden que ahí la Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda) les construya sus casas, según constató este medio en una visita al campamento Libertad.
El 30 de abril, el deslizamiento de 800.000 m3 de tierra, escombros y residuos sólidos causó el colapso de 68 viviendas de las tres zonas afectadas.
La Alcaldía identificó además en la franja roja a otros 22 inmuebles que deben ser demolidos para la estabilización del sector; 26 viviendas ubicadas en la franja verde son monitoreadas, y 53 en la azul fueron evacuadas con carácter preventivo.
El área deslizada es parte del antiguo botadero de Sopocachi, espacio que por disposición del Decreto Supremo 20922 emitido en 1995, en la gestión de Hernán Siles Zuazo, debió ser expropiado al igual que otros predios de Llojeta para construir allí en Gran Jardín de la Revolución Nacional.
La norma también dispone “el inmediato desalojo de todas las ladrilleras que existían en el lugar, incluidas las existentes en la calle final Armaza y Muñoz Cornejo para que la Honorable Alcaldía Municipal de La Paz emprenda de inmediato la ejecución de los trabajos proyectados”.
Según el Viceministerio de Vivienda, un total de 162 familias fueron damnificadas por el desastre de las cuales 67 corresponden a dueños de casa, 60 son inquilinos y 35 son anticresistas.
De este total, 21 ya recibieron techo propio en multifamiliares ubicados en los municipios de Mecapaca y El Alto.
Hasta el miércoles, al menos 231 familias (707 personas) permanecían en tres campamentos habilitados por Defensa Civil y la municipalidad.
Durante una asamblea efectuada la mañana de ayer, en el campamento Libertad, donde se encuentran quienes perdieron sus edificaciones, los dirigentes pidieron la unidad para que puedan ser beneficiados con el plan de vivienda del Gobierno central.
También se les explicó que si algún propietario desea tomar los departamentos que ofrece el Viceministerio de Vivienda en los condominios Pacha o Wiphala, esto no sería impedimento para que ellos puedan “luchar” por recuperar su predio en el área del deslizamiento o negociar la expropiación que propuso el gobierno local. En la misma línea, más temprano, el presidente Evo Morales señalaba esa posibilidad, durante la entrega de apartamentos a siete familias de damnificados.
“Quiero decirles, (que) si la Alcaldía estabiliza, ustedes tienen derecho a tener sus terrenos. No estamos quitando, no estamos condicionando que si vienen acá, no tienen derecho”, recalcó el Jefe del Estado en su discurso.
Al respecto, Revilla expresó que con los damnificados que están en la franja roja se procederá a la expropiación, que no está vinculada ni es excluyente a la oferta de departamentos del Gobierno nacional. “Para la expropiación se deben presentar documentos de propiedad legalmente válidos. La oferta de departamentos del Gobierno no tiene relación ni influirá en la expropiación”.
La Razón consultó sobre los requisitos concretos para este trámite; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo una respuesta específica.