Sociedad

viernes 21 ene 2022 | Actualizado a 16:28

Tribunal falla en contra de Bolivia por el caso TIPNIS y pide anular ley que levanta intangibilidad

El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza (TIDN) publicó su fallo sobre el caso TIPNIS este miércoles y sugiere "medidas de reparación", entre ellas la paralización de la obras de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos y anular la Ley 969

/ 15 de mayo de 2019 / 20:02

El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza (TIDN) dictaminó que el Estado de Bolivia “violó” los derechos de los pueblos del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) por alentar la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.

Asimismo, pide detener la construcción de la carretera y anular la Ley 969 de Protección, Desarrollo Integral y Sustentable del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure promulgada el 13 de agosto de 2017 y que anuló la intangibilidad de esa reserva natural dando lugar a varios proyectos, entre ellos proyectos educativos, de salud y viales. Esta norma es apoyada por un grupo de indígenas que viven en esa región.

La administración del presidente Evo Morales desestimó en reiteradas ocasiones el efecto de ese tribunal.  Los trabajos de construcción fueron suspendidos tras perderse el crédito para su ejecución, aunque se dio paso al levantamiento de tres puentes como parte de una tarea de rehabilitación de los pasos afectados por desastres naturales.

"Es una resolución enunciativa, no es vinculante, es simplemente para titulares de la prensa", afirmó un legislador del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS).

“El Estado Plurinacional de Bolivia ha violado los derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas del TIPNIS en calidad de defensores de la Madre Tierra”, cita el fallo divulgado por ese tribunal.

A denuncia de un grupo de indígenas, el tribunal aceptó considerar el caso en enero de 2018 y decidió enviar una comisión internacional de observadores que visitó esa región, que comparten los departamentos de Cochabamba y Beni, para entrevistarse con las partes involucradas, entre el 15 y el 23 de agosto de ese mismo año.

La misión conformada por el ecuatoriano Alberto Costa, el estadounidense Shannon Biggs, el argentino Enrique Viale y la sueca Hana Begovic presentó su informe en enero de este año ante los tribunos.

En dicho documento —explicó la jueza Casey Camp Horinek que representanta al grupo originario Ponca— se presentó “evidencias suficientes en sentido de que la carretera ampliará la deforestación ya presente en el Polígono 7 y llevará a la expansión de la producción de hoja de coca y la afectación de la biodiversidad y la pérdida de diferentes seres de la naturaleza”.

El TIDN además declaró que Bolivia “a la vez ha incumplido su obligación de respetar, proteger y garantizar los Derechos de la Madre Tierras, según lo establecido en su propio marco jurídico nacional y la normativa internacional”, precisó el juez de India, Ashish Kothari, en un video publicado en las redes sociales.

Francesco Martone, otro de los jueces, esta vez de Italia, en el mismo audiovisual explicó que en 2008 “el gobierno de Evo Morales contrató a la empresa OAS de Brasil para la construcción de una carretera que dividiría el área protegida del TIPNIS sin nunca llevar a cabo un estudio de impacto ambiental en los tres tramos en los que se fragmentó esta carretera”.

Añadió que “en octubre de 2011, la octava marcha indígena, después de sufrir la represión de fuerzas policiales en la localidad de Chaparina, logró la promulgación de la ley 180 de protección del TIPNIS que en su artículo 3 prohibía expresamente que la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos o cualquier otra atravesara por el TIPNIS”.

“Seis años después, en 2017, la ley 180 fue abrogada por la Ley 969 y es el motivo principal que llevó a la presentación de este caso ante el TIDN", añade.

El informe de la comisión que visitó Bolivia en 2018 establece además que existen “evidencias de que no se realizó una consulta previa para el consentimiento informado y de buena fe de los indígenas” y “que los procesos de colonización en el Polígono 7 tienen ya impactos negativos en la vida de estos pueblos”.

Medidas de reparación

El juez de Sudáfrica Cormac Cullinan explicó que la sentencia propone varias medidas de reparación inmediatas, entre las que se destaca “la paralización inmediata y definitiva de cualquier tipo de avance en la construcción de infraestructura vial en el denominado tramo II desde Isinuta a Monte Grande en el interior del TIPNIS”.

Asimismo, recomienda “la abrogación de la Ley 969 y posterior elaboración y promulgación de una ley que garantice la conservación y protección  del TIPINIS”, añadió Patricia Gualinga, jueza de Ecuador.

Lo que dijo el Gobierno

Cuando llegó la comisión, el Gobierno de Evo Morales los calificó como “miembros de una red de ONGs” que “no tiene ningún estatus oficial”. Los extranjeros pidieron reunirse con el presidente Morales, pero solo consiguieron cita con el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

El Tribunal de los Derechos de la Naturaleza surge como resultado de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, alentada por el gobierno de Evo Morales en 2010. En esa ocasión se adoptó la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra y un grupo de ONG decidió constituirlo, aunque sin ningún respaldo institucional. (15/05/2019)

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Revilla descarta incremento de pasajes y Arias pide a los choferes cumplir su ‘palabra’

Varios sindicatos de choferes del transporte público La Paz se movilizaron por el incremento de los pasajes en plena cuarentena.

/ 1 de julio de 2020 / 16:07

Varios sindicatos del transporte público se han movilizado este miércoles en La Paz en demanda del incremento en 50 centavos de los pasajes del transporte público. El alcalde Luis Revilla ha descartado ese extremo y el ministro Iván Arias los emplazo a cumplir con su palabra.

“No hay ninguna posibilidad de incrementar tarifas, eso no va a ocurrir. Y por lo demás, no hay forma que los choferes obliguen a los ciudadanos a subirse en mayor cantidad dentro de sus vehículos ni a salir de sus casas, eso tampoco va a ocurrir y vamos a proseguir con los controles que corresponde a la guardia municipal y a la Policía Boliviana”, dijo Revilla.

Desde temprano, varias agrupaciones de choferes del transporte público La Paz se movilizaron este miércoles por el incremento de los pasajes en plena cuarentena por el coronavirus, la habilitación de más pasajeros por motorizado y por el diferimiento de sus créditos bancarios.

Revilla calificó los planteamientos del sector como “irracionales” y atribuyó la movilización a intereses políticos en medio de lo que considera un fraccionamiento del sector.

Clima electoral

“El clima electoral está obnubilando la mente de algunos dirigentes sin considerar la delicadísima situación de salud por la que atraviesa la ciudad de La Paz”, reclamó Revilla.

Por su lado, Arias, el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, exhortó a los transportistas a cumplir la “palabra de caballeros” que empeñaron respecto al incremento de la tarifa.

“Hemos sido el primer departamento donde se ha flexibilizado el servicio del transporte y hemos hecho un acuerdo, yo pido a los chóferes que respeten su palabra de caballeros: que no se iba a tocar el tema de tarifas; este fue un criterio fundamental y no puede ser con otro tema”, reclamó, reportó radio Éxito.

En ese sentido, recordó el acuerdo firmado con el sector para mantener intacta la tarifa. “Cumplan su palabra, ese tema estaba fuera de discusión”, emplazó Arias. (01/07/2020)

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El Gobierno refuerza plan para ‘insertar’ 11.000 empleos con salario subvencionado

El plan es generar "inserciones laborales" en el sector formal de la economía a través del Servicio Público de Empleo (SPE) y el Programa de Apoyo al Empleo (PAE II)

/ 1 de julio de 2020 / 15:18

De cara a la crisis, el Gobierno reforzó los programas estatales para preservar y generar al menos 11.000 empleos formales a escala nacional con la subvención de salarios de hasta Bs 3.000 durante el segundo semestre de este año.

Así lo anunció este miércoles el ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, Óscar Mercado, en el marco del plan gubernamental de reactivación económica.

“Queremos anunciar que se tiene alrededor de 11 millones de dólares disponibles para que podamos generar inserciones laborales en el sector formal de la economía a partir de inserciones que las va a realizar a realizar el Servicio Público de Empleo (SPE) y el Programa de Apoyo al Empleo (PAE II)”, dijo.

Mediador

El Gobierno asumirá el papel de un intermediador entre el futuro empleado y el empleador.

Para ese fin, se reforzaron los servicios de atención denominados “puntos de empleo” para que los interesados, entre ellos profesionales, se afilien “sin burocracia” a una nómina que luego será evaluada en función a los requerimientos de la firmas.

Mercado explicó que su despacho hizo gestiones para que los recursos programados a largo plazo en el SPE y el PAE sean canalizados en esta gestión para afrontar premisamente la crisis generada por el nuevo coronavirus.

Objetivo

“El objetivo que nos hemos trazado como ministerio es generar al menos 11.000 inserciones laborales entre los próximos tres a seis meses”, dijo. El Gobierno espera alcanzar el 45% de esa cifra en los primeros dos meses.

De manera inicial se beneficiará a las medianas, pequeñas y micro empresas, pero no se descartan otros sectores como el agropecuario y el de la tecnología.

“Vamos a asumir los primeros meses de sueldo, entre tres a seis meses, dependiendo de las circunstancias, va a ser el Ministerio de Trabajo a través del PAE que ha de subvencionar estos salarios que han de ser promedios entre un salario básico establecido hasta 3.000 bolivianos”, dijo.

El fin —dijo Mercado— es frenar la ola de despidos que se han denunciado en varios puntos del país. (01/07/2020)

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Murillo ordena buscar a cabecillas del ‘grupo salvaje’ que atacó a policías y funcionarios en Punata

Al menos 400 comerciantes que participan en la feria de esa localidad arremetieron contra policías y funcionarios ediles que controlaban el cumplimiento de la cuarentena rígida.

/ 1 de julio de 2020 / 12:15

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, anunció este miércoles que ordenó buscar a los cabecillas de lo que ha calificado como el “grupo salvaje” que atacó el martes a funcionarios y policías en Punata, una localidad del departamento de Cochabamba.

“Quiero llamar a la reflexión a aquellos sectores que están vulnerando la seguridad por el COVID-19”, dijo, y alertó que “más allá de poner su vida en riesgo, hay gente que está maltratando policías”.

“Ayer vi en Punata un grupo salvaje atacando a policías y médicos; quiero decirles que he ordenado se busque a los cabecillas de aquello y se les aplique el máximo castigo de la ley”, anunció.

El caso

Al menos 400 comerciantes que participan en la feria de esa localidad arremetieron contra policías y funcionarios ediles que controlaban el cumplimiento de la cuarentena rígida, declarada en la región ante el incremento de casos de COVID-19.

“Unas 400 personas se reunieron en desacato a esa ordenanza municipal y comenzaron a lanzar piedras y objetos contundentes contra el personal policial. Hubo tres heridos y rompieron vidrios de dos vehículos”, informó el coronel Franz Sellis, comandante departamental de la Policía.

En criterio de Murillo, «si hay personas a las que no les importa su vida, allá ellos, pero no pueden arriesgar la vida de los funcionarios».

El incidente comenzó cerca de las 07.00 del martes —informó La Razón— cuando la fuerza pública y los guardias ediles trataban de impedir que los vendedores de asienten en vías públicas de la zona norte, donde se instala todos los martes la feria, que congrega a productores del valle alto.

En medio de la trifulca, los movilizados lanzaron en contra del edificio edil piedras, verduras y otros objetos; tras el asedio lograron ingresar y causaron destrozos en instalaciones de la Intendencia y el Salón Rojo de la Alcaldía.

Defensoría

La Delegación de la Defensoría del Pueblo de Cochabamba condenó la agresión aunque deslizó una falta de información sobre las medidas asumidas para afrontar la pandemia.

Murillo, sin embargo, denunció que “lamentablemente dirigentes políticos están enviando a maltratar a la Policía y los médicos”, aunque no identificó a quiénes se refería. (01/07/2020)

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El MAS denuncia ante la comunidad internacional plan de Áñez para ‘inhabilitar’ a Arce

La Gestora Pública y el Viceministerio de Transparencia impulsan una querella en la Fiscalía en contra del extitular del Ministerio de Economía por la compra de programas informáticos

/ 1 de julio de 2020 / 11:21

El Movimiento Al Socialismo (MAS) denunció que el Gobierno de la presidenta Jeanine Áñez  impulsa un plan para inhabilitar la candidatura a la Presidencia de candidato, el exministro  Luis Arce, luego de que se anunciara desde el Órgano Ejecutivo procesos en su contra.

El más reciente trata la denuncia sobre la licitación de programas informáticos para la Gestora Pública con presunta irregularidad.

Esa entidad y ahora el Viceministerio de Transparencia impulsan una querella en la Fiscalía en contra del extitular del Ministerio de Economía y hombre fuerte del gobierno de Evo Morales.

“Denunciamos a la opinión pública nacional e internacional que el gobierno de facto pretende inhabilitar a nuestro candidato a la Presidencia por el MAS-IPSP, Luis Arce Catacora, que se presenta primero en la preferencia ciudadana, con amplia ventaja, según todas las encuestas, y con ese propósito político ha iniciado, hoy, 30 de junio, una demanda judicial sobre bases totalmente ilegales”, reseña el comunicado.

En una conferencia de prensa, Arce consideró «que la denuncia no es casual» y dice que surge luego de su advertencia de un inminente retorno al «neoliberalismo» y las críticas a los casos de corrupción que golpean al actual Gobierno.

‘Estrategia’

El expresidente Evo Morales planteó similar denuncia en su cuenta de Twitter y anunció que el fin de la “estrategia judicial con fines políticos” es “impedir” la participación electoral del MAS, que –en su criterio— figura primero en las encuestas de intención de voto para las elecciones generales del 6 de septiembre.

El MAS apunta a Áñez, también candidata de la alianza Juntos, en medio de una fuerte tensión por el manejo de la crisis sanitaria generada por la pandemia del coronavirus.

Transparencia asimismo ha pedido a la Fiscalía que Arce responda por el millonario desfalco en el ex Fondo Indígena en el cual son procesadas varias exautoridades y dirigentes del MAS.

Pedidos

En ese sentido, el MAS pidió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) otorgar garantías para que se lleve adelante un proceso electoral en el que la participación de los frentes ocurra en igualdad de condiciones.

El partido opositor también convocó a la Fiscalía General del Estado a actuar de forma “imparcial” frente a las acciones de la administración de Áñez que —asegura— exponen un “revanchismo político.

“Llamamos a las organizaciones sociales, pueblos indígenas y militancia del MAS-IPSP a mantenerse alertas frente a estos intentos que pretenden inculcar nuestros derechos ciudadanos”, concluye el comunicado. (01/07/2020)

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Los choferes se movilizan en La Paz por el incremento de los pasajes en la cuarentena

Sus demandas se centran en tres puntos principales: el incremento de la tarifa del pasaje en 50 centavos, la habilitación del transporte de más pasajeros y el diferimiento de créditos.

/ 1 de julio de 2020 / 10:17

La advertencia se cumplió. Desde temprano, varias agrupaciones de choferes del transporte público La Paz se movilizan por el incremento de los pasajes en plena cuarentena por el coronavirus y en demanda del diferimiento de sus créditos bancarios.

La sede de gobierno amaneció este miércoles con puntos de bloqueo en las avenidas Buenos Aires, Montes y Periférica, además del sector del nudo Vita.

También se reportaron marchas que se dirigen al centro de La Paz desde esos puntos.

La movilización es alentada por los afiliados a 16 sindicatos, que formaron recientemente la Unión del Transporte Urbano Paceño.

Sus demandas se centran en tres puntos principales: el incremento de la tarifa del pasaje en 50 centavos, es decir de Bs 2,00 a Bs 2,50, la habilitación del transporte de más pasajeros y el diferimiento de créditos.

Sin embargo, la Federación Departamental de Choferes 1ro. de Mayo anunció que no respalda la medida de presión.

“Sabemos que los choferes no están ganando, no es correcto de que podamos hacer problema en estos momentos”, dijo el dirigente del esa federación, Mario Silva, en una entrevista en Bolivia Tv.

Se espera el pronunciamiento de las autoridades ediles. La protesta se instala de forma paralela a la reunión del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) de LaPaz que analiza el curso de la cuarentena por el nuevo coronavirus. (01/07/2020)

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