‘Juan sin miedo está acá’, responde Del Granado ante juicio activado por la Contraloría
La Contraloría del Estado activó un juicio coactivo contra el axalcalde Juan del Granadopara reparar el daño de Bs 19,9 millones por la demolición de una casa de Juan Brun. El exalcalde aseguró que esa demolición se hizo bajo el amparo de la ley
Juan del Granado salió al frente del juicio que activó en su contra la Contraloría del Estado por el denominado caso Brun y aseguró que "Juan Sin Miedo está acá y no se ha ido". Afirmó que actuó bajo el amparo de la ley, refrendada en tres normativas, en la demolición de una vivienda en mayo de 2000 y cuya construcción, aseguró, inclusive hoy es ilegal.
Asimismo, acusó a la Contraloría, que activó un proceso para recuperar Bs 19,9 millones, de ejecutar una auditoría fraudulenta que da la razón a jueces prevaricadores y defiende el interés de un militante del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR).
“Los jueces prevaricadores y los fiscales sometidos tienen que saber que Juan Sin Miedo (su sobrenombre) no se ha ido, que Juan Sin Miedo está acá como ha estado siempre, para defender mi honra, mis derechos, mis libertades y sabiendo que el caso mío es uno entre cientos del autoritarismo gubernamental. Indudablemente Juan Sin Miedo está acá otra vez como en los tiempos más negros de las dictaduras”, señaló.
La entidad fiscalizadora presentó el lunes una demanda coactiva contra el exalcalde de La Paz (2000-2010) y otros exfuncionarios ediles para reparar un presunto daño económico de Bs 19,9 millones causado al Municipio por la demolición del inmueble de Juan Brun.
A través de un comunicado, la Contraloría explicó que la determinación fue tomada luego de que el Gobierno Municipal de La Paz, bajo administración de Luis Revilla, informara el 16 de mayo que no iniciará ninguna acción coactiva fiscal en este caso, tal como sugirió la Contraloría el 4 de abril de este año.
Ante la prensa, Del Granado contó que al tomar posesión de la Alcaldía paceña encontró tres resoluciones “dictadas por autoridades anteriores por motivo de este caso” que sugirieron terminar con las edificaciones ilegales, entre ellas la de Brun.
La primera norma es la Resolución Defensorial 0019 expedida por la defensora Ana María Romero de Campero el 3 de marzo de 1999, en la que, tras una investigación, “recomendaba al Alcalde Municipal la demolición de estas construcciones ilegales en La Paz”.
La segunda se trata de Ordenanza Municipal 139/119 dictada por el Concejo Municipal y firmada por la alcaldesa Gaby Candia el 17 de diciembre de 1999.
Por último, con fecha 21 de febrero de 2000 “me encontré con un dictamen, una resolución del Ministerio Público del fiscal Rodolfo Moreira por el que me instaba, me instruía la demolición de estas construcciones ilegales”, contó el político.
“Como Alcalde, me cercioré durante varias semanas, asistido por la doctora Aida Camacho, asesora legal del Municipio en la época, y comprobé la vigencia plena de tales resoluciones y comprobé los antecedentes ilegales y delictivos que rodeaban este caso y el 23 de mayo de 2000 procedo al cumplimiento estricto de todas y cada una de estas resoluciones y determinaciones que tomaron las autoridades a las que hecho referencia”, sostuvo.
Dos años después, un juez del Juzgado 1º de Partido Civil y Comercial emitió una sentencia y dispuso que la Alcaldía "pague una indemnización por haber incurrido en un hecho ilícito generador de responsabilidad a favor de Juan Brun y Margarita Andrade de Brun", quienes probaron tener el derecho propietario.
Diez años más tarde, en 2012, la Corte Suprema de Justicia dictó un fallo que Del Granado considera “convalidó una sentencia prevaricadora dictada por una juez en La Paz por la que se reconocía al señor Brun el pago de daños y perjuicios”.
A su juicio, queda claro que el Movimiento Al Socialismo (MAS), partido en función de Gobierno desde 2006, “a través de sus agentes judiciales y del Ministerio Público generó las condiciones de impunidad de estos jueces prevaricadores”.
Respecto a la auditoría de la Contraloría, la calificó de “ilegal, falsa y, lo que es peor, una auditoría fraudulenta” porque “le quita validez legal a la resoluciones de la Defensora, de la Ordenanza y del dictamen fiscal”.
“Es una clara resultante de la colusión de gobierno del MAS con los jueces prevaricadores, pero sobre todo con los intereses económicos ilegítimos del señor Juan Brun que en 1999 intentó regularizar estas propiedades ilegales, cuando ejercía las funciones de Oficial Mayor de la Alcaldía, a cuya cabeza se encontraba el MNR y doña Gaby Candía”, sostuvo.
“Claramente estamos frente a un gobierno, el del MAS, que a partir de fiscales corruptos, jueces prevaricadores, está amparando los intereses económicos fraudulentos de un militante del MNR, pero además esta garantizando la impunidad y la apropiación indebida de fondos públicos”, lamentó. (05/06/2019)
