Sociedad

sábado 4 dic 2021 | Actualizado a 07:20

‘Juan sin miedo está acá’, responde Del Granado ante juicio activado por la Contraloría

La Contraloría del Estado activó un juicio coactivo contra el axalcalde Juan del Granadopara reparar el daño de Bs 19,9 millones por la demolición de una casa de Juan Brun. El exalcalde aseguró que esa demolición se hizo bajo el amparo de la ley

El exalcalde de La Paz Juan del Granado en la conferencia de prensa de este miércoles. Foto: APG

/ 5 de junio de 2019 / 17:15

Juan del Granado salió al frente del juicio que activó en su contra la Contraloría del Estado por el denominado caso Brun y aseguró que "Juan Sin Miedo está acá y no se ha ido". Afirmó que actuó bajo el amparo de la ley, refrendada en tres normativas, en la demolición de una vivienda en mayo de 2000 y cuya construcción, aseguró, inclusive hoy es ilegal.

Asimismo, acusó a la Contraloría, que activó un proceso para recuperar Bs 19,9 millones, de ejecutar una auditoría fraudulenta que da la razón a jueces prevaricadores y defiende el interés de un militante del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR).

“Los jueces prevaricadores y los fiscales sometidos tienen que saber que Juan Sin Miedo (su sobrenombre) no se ha ido, que Juan Sin Miedo está acá como ha estado siempre, para defender mi honra, mis derechos, mis libertades y sabiendo que el caso mío es uno entre cientos del autoritarismo gubernamental. Indudablemente Juan Sin Miedo está acá otra vez como en los tiempos más negros de las dictaduras”, señaló.

La entidad fiscalizadora presentó el lunes una demanda coactiva contra el exalcalde de La Paz (2000-2010) y otros exfuncionarios ediles para reparar un presunto daño económico de Bs 19,9 millones causado al Municipio por la demolición del inmueble de Juan Brun.

A través de un comunicado, la Contraloría explicó que la determinación fue tomada luego de que el Gobierno Municipal de La Paz, bajo administración de Luis Revilla, informara el 16 de mayo que no iniciará ninguna acción coactiva fiscal en este caso, tal como sugirió la Contraloría el 4 de abril de este año.

Ante la prensa, Del Granado contó que al tomar posesión de la Alcaldía paceña encontró tres resoluciones “dictadas por autoridades anteriores por motivo de este caso” que sugirieron terminar con las edificaciones ilegales, entre ellas la de Brun.

La primera norma es la Resolución Defensorial 0019 expedida por la defensora Ana María Romero de Campero el 3 de marzo de 1999, en la que, tras una investigación, “recomendaba al Alcalde Municipal la demolición de estas construcciones ilegales en La Paz”.

La segunda se trata de Ordenanza Municipal 139/119 dictada por el Concejo Municipal y firmada por la alcaldesa Gaby Candia el 17 de diciembre de 1999.

Por último, con fecha 21 de febrero de 2000 “me encontré con un dictamen, una resolución del Ministerio Público del fiscal Rodolfo Moreira por el que me instaba, me instruía la demolición de estas construcciones ilegales”, contó el político.

“Como Alcalde, me cercioré durante varias semanas, asistido por la doctora Aida Camacho, asesora legal del Municipio en la época, y comprobé la vigencia plena de tales resoluciones y comprobé los antecedentes ilegales y delictivos que rodeaban este caso y el 23 de mayo de 2000 procedo al cumplimiento estricto de todas y cada una de estas resoluciones y determinaciones que tomaron las autoridades a las que hecho referencia”, sostuvo.

Dos años después, un juez del Juzgado 1º de Partido Civil y Comercial emitió una sentencia y dispuso que la Alcaldía "pague una indemnización por haber incurrido en un hecho ilícito generador de responsabilidad a favor de Juan Brun y Margarita Andrade de Brun", quienes probaron tener el derecho propietario.

Diez años más tarde, en 2012, la Corte Suprema de Justicia dictó un fallo que Del Granado considera “convalidó una sentencia prevaricadora dictada por una juez en La Paz por la que se reconocía al señor Brun el pago de daños y perjuicios”.

A su juicio, queda claro que el Movimiento Al Socialismo (MAS), partido en función de Gobierno desde 2006, “a través de sus agentes judiciales y del Ministerio Público generó las condiciones de impunidad de estos jueces prevaricadores”.

Respecto a la auditoría de la Contraloría, la calificó de “ilegal, falsa y, lo que es peor, una auditoría fraudulenta” porque “le quita validez legal a la resoluciones de la Defensora, de la Ordenanza y del dictamen fiscal”.

“Es una clara resultante de la colusión de gobierno del MAS con los jueces prevaricadores, pero sobre todo con los intereses económicos ilegítimos del señor Juan Brun que en 1999 intentó regularizar estas propiedades ilegales, cuando ejercía las funciones de Oficial Mayor de la Alcaldía, a cuya cabeza se encontraba el MNR y doña Gaby Candía”, sostuvo.

“Claramente estamos frente a un gobierno, el del MAS, que a partir de fiscales corruptos, jueces prevaricadores, está amparando los intereses económicos fraudulentos de un militante del MNR, pero además esta garantizando la impunidad y la apropiación indebida de fondos públicos”, lamentó. (05/06/2019)

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Revilla descarta incremento de pasajes y Arias pide a los choferes cumplir su ‘palabra’

Varios sindicatos de choferes del transporte público La Paz se movilizaron por el incremento de los pasajes en plena cuarentena.

Marcha de los choferes en el centro de La Paz.

Por Rubén Ariñez

/ 1 de julio de 2020 / 16:07

Varios sindicatos del transporte público se han movilizado este miércoles en La Paz en demanda del incremento en 50 centavos de los pasajes del transporte público. El alcalde Luis Revilla ha descartado ese extremo y el ministro Iván Arias los emplazo a cumplir con su palabra.

“No hay ninguna posibilidad de incrementar tarifas, eso no va a ocurrir. Y por lo demás, no hay forma que los choferes obliguen a los ciudadanos a subirse en mayor cantidad dentro de sus vehículos ni a salir de sus casas, eso tampoco va a ocurrir y vamos a proseguir con los controles que corresponde a la guardia municipal y a la Policía Boliviana”, dijo Revilla.

Desde temprano, varias agrupaciones de choferes del transporte público La Paz se movilizaron este miércoles por el incremento de los pasajes en plena cuarentena por el coronavirus, la habilitación de más pasajeros por motorizado y por el diferimiento de sus créditos bancarios.

Revilla calificó los planteamientos del sector como “irracionales” y atribuyó la movilización a intereses políticos en medio de lo que considera un fraccionamiento del sector.

Clima electoral

“El clima electoral está obnubilando la mente de algunos dirigentes sin considerar la delicadísima situación de salud por la que atraviesa la ciudad de La Paz”, reclamó Revilla.

Por su lado, Arias, el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, exhortó a los transportistas a cumplir la “palabra de caballeros” que empeñaron respecto al incremento de la tarifa.

“Hemos sido el primer departamento donde se ha flexibilizado el servicio del transporte y hemos hecho un acuerdo, yo pido a los chóferes que respeten su palabra de caballeros: que no se iba a tocar el tema de tarifas; este fue un criterio fundamental y no puede ser con otro tema”, reclamó, reportó radio Éxito.

En ese sentido, recordó el acuerdo firmado con el sector para mantener intacta la tarifa. “Cumplan su palabra, ese tema estaba fuera de discusión”, emplazó Arias. (01/07/2020)

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El Gobierno refuerza plan para ‘insertar’ 11.000 empleos con salario subvencionado

El plan es generar "inserciones laborales" en el sector formal de la economía a través del Servicio Público de Empleo (SPE) y el Programa de Apoyo al Empleo (PAE II)

Autoridades del Ministerio de Trabajo, entre ellos, el ministro Óscar Mercado, presentan el nuevo plan de empleo.

Por Rubén Ariñez

/ 1 de julio de 2020 / 15:18

De cara a la crisis, el Gobierno reforzó los programas estatales para preservar y generar al menos 11.000 empleos formales a escala nacional con la subvención de salarios de hasta Bs 3.000 durante el segundo semestre de este año.

Así lo anunció este miércoles el ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, Óscar Mercado, en el marco del plan gubernamental de reactivación económica.

“Queremos anunciar que se tiene alrededor de 11 millones de dólares disponibles para que podamos generar inserciones laborales en el sector formal de la economía a partir de inserciones que las va a realizar a realizar el Servicio Público de Empleo (SPE) y el Programa de Apoyo al Empleo (PAE II)”, dijo.

Mediador

El Gobierno asumirá el papel de un intermediador entre el futuro empleado y el empleador.

Para ese fin, se reforzaron los servicios de atención denominados “puntos de empleo” para que los interesados, entre ellos profesionales, se afilien “sin burocracia” a una nómina que luego será evaluada en función a los requerimientos de la firmas.

Mercado explicó que su despacho hizo gestiones para que los recursos programados a largo plazo en el SPE y el PAE sean canalizados en esta gestión para afrontar premisamente la crisis generada por el nuevo coronavirus.

Objetivo

“El objetivo que nos hemos trazado como ministerio es generar al menos 11.000 inserciones laborales entre los próximos tres a seis meses”, dijo. El Gobierno espera alcanzar el 45% de esa cifra en los primeros dos meses.

De manera inicial se beneficiará a las medianas, pequeñas y micro empresas, pero no se descartan otros sectores como el agropecuario y el de la tecnología.

“Vamos a asumir los primeros meses de sueldo, entre tres a seis meses, dependiendo de las circunstancias, va a ser el Ministerio de Trabajo a través del PAE que ha de subvencionar estos salarios que han de ser promedios entre un salario básico establecido hasta 3.000 bolivianos”, dijo.

El fin —dijo Mercado— es frenar la ola de despidos que se han denunciado en varios puntos del país. (01/07/2020)

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Murillo ordena buscar a cabecillas del ‘grupo salvaje’ que atacó a policías y funcionarios en Punata

Al menos 400 comerciantes que participan en la feria de esa localidad arremetieron contra policías y funcionarios ediles que controlaban el cumplimiento de la cuarentena rígida.

Agresiones a policías en Punata

Por Rubén Ariñez

/ 1 de julio de 2020 / 12:15

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, anunció este miércoles que ordenó buscar a los cabecillas de lo que ha calificado como el “grupo salvaje” que atacó el martes a funcionarios y policías en Punata, una localidad del departamento de Cochabamba.

“Quiero llamar a la reflexión a aquellos sectores que están vulnerando la seguridad por el COVID-19”, dijo, y alertó que “más allá de poner su vida en riesgo, hay gente que está maltratando policías”.

“Ayer vi en Punata un grupo salvaje atacando a policías y médicos; quiero decirles que he ordenado se busque a los cabecillas de aquello y se les aplique el máximo castigo de la ley”, anunció.

El caso

Al menos 400 comerciantes que participan en la feria de esa localidad arremetieron contra policías y funcionarios ediles que controlaban el cumplimiento de la cuarentena rígida, declarada en la región ante el incremento de casos de COVID-19.

“Unas 400 personas se reunieron en desacato a esa ordenanza municipal y comenzaron a lanzar piedras y objetos contundentes contra el personal policial. Hubo tres heridos y rompieron vidrios de dos vehículos”, informó el coronel Franz Sellis, comandante departamental de la Policía.

En criterio de Murillo, «si hay personas a las que no les importa su vida, allá ellos, pero no pueden arriesgar la vida de los funcionarios».

El incidente comenzó cerca de las 07.00 del martes —informó La Razón— cuando la fuerza pública y los guardias ediles trataban de impedir que los vendedores de asienten en vías públicas de la zona norte, donde se instala todos los martes la feria, que congrega a productores del valle alto.

En medio de la trifulca, los movilizados lanzaron en contra del edificio edil piedras, verduras y otros objetos; tras el asedio lograron ingresar y causaron destrozos en instalaciones de la Intendencia y el Salón Rojo de la Alcaldía.

Defensoría

La Delegación de la Defensoría del Pueblo de Cochabamba condenó la agresión aunque deslizó una falta de información sobre las medidas asumidas para afrontar la pandemia.

Murillo, sin embargo, denunció que “lamentablemente dirigentes políticos están enviando a maltratar a la Policía y los médicos”, aunque no identificó a quiénes se refería. (01/07/2020)

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El MAS denuncia ante la comunidad internacional plan de Áñez para ‘inhabilitar’ a Arce

La Gestora Pública y el Viceministerio de Transparencia impulsan una querella en la Fiscalía en contra del extitular del Ministerio de Economía por la compra de programas informáticos

El candidato a la presidencia por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce Catacora.

/ 1 de julio de 2020 / 11:21

El Movimiento Al Socialismo (MAS) denunció que el Gobierno de la presidenta Jeanine Áñez  impulsa un plan para inhabilitar la candidatura a la Presidencia de candidato, el exministro  Luis Arce, luego de que se anunciara desde el Órgano Ejecutivo procesos en su contra.

El más reciente trata la denuncia sobre la licitación de programas informáticos para la Gestora Pública con presunta irregularidad.

Esa entidad y ahora el Viceministerio de Transparencia impulsan una querella en la Fiscalía en contra del extitular del Ministerio de Economía y hombre fuerte del gobierno de Evo Morales.

“Denunciamos a la opinión pública nacional e internacional que el gobierno de facto pretende inhabilitar a nuestro candidato a la Presidencia por el MAS-IPSP, Luis Arce Catacora, que se presenta primero en la preferencia ciudadana, con amplia ventaja, según todas las encuestas, y con ese propósito político ha iniciado, hoy, 30 de junio, una demanda judicial sobre bases totalmente ilegales”, reseña el comunicado.

En una conferencia de prensa, Arce consideró «que la denuncia no es casual» y dice que surge luego de su advertencia de un inminente retorno al «neoliberalismo» y las críticas a los casos de corrupción que golpean al actual Gobierno.

‘Estrategia’

El expresidente Evo Morales planteó similar denuncia en su cuenta de Twitter y anunció que el fin de la “estrategia judicial con fines políticos” es “impedir” la participación electoral del MAS, que –en su criterio— figura primero en las encuestas de intención de voto para las elecciones generales del 6 de septiembre.

El MAS apunta a Áñez, también candidata de la alianza Juntos, en medio de una fuerte tensión por el manejo de la crisis sanitaria generada por la pandemia del coronavirus.

Transparencia asimismo ha pedido a la Fiscalía que Arce responda por el millonario desfalco en el ex Fondo Indígena en el cual son procesadas varias exautoridades y dirigentes del MAS.

Pedidos

En ese sentido, el MAS pidió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) otorgar garantías para que se lleve adelante un proceso electoral en el que la participación de los frentes ocurra en igualdad de condiciones.

El partido opositor también convocó a la Fiscalía General del Estado a actuar de forma “imparcial” frente a las acciones de la administración de Áñez que —asegura— exponen un “revanchismo político.

“Llamamos a las organizaciones sociales, pueblos indígenas y militancia del MAS-IPSP a mantenerse alertas frente a estos intentos que pretenden inculcar nuestros derechos ciudadanos”, concluye el comunicado. (01/07/2020)

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Los choferes se movilizan en La Paz por el incremento de los pasajes en la cuarentena

Sus demandas se centran en tres puntos principales: el incremento de la tarifa del pasaje en 50 centavos, la habilitación del transporte de más pasajeros y el diferimiento de créditos.

Bloqueo de choferes en el ingreso a la avenida Montes de La Paz

Por Rubén Ariñez

/ 1 de julio de 2020 / 10:17

La advertencia se cumplió. Desde temprano, varias agrupaciones de choferes del transporte público La Paz se movilizan por el incremento de los pasajes en plena cuarentena por el coronavirus y en demanda del diferimiento de sus créditos bancarios.

La sede de gobierno amaneció este miércoles con puntos de bloqueo en las avenidas Buenos Aires, Montes y Periférica, además del sector del nudo Vita.

También se reportaron marchas que se dirigen al centro de La Paz desde esos puntos.

La movilización es alentada por los afiliados a 16 sindicatos, que formaron recientemente la Unión del Transporte Urbano Paceño.

Sus demandas se centran en tres puntos principales: el incremento de la tarifa del pasaje en 50 centavos, es decir de Bs 2,00 a Bs 2,50, la habilitación del transporte de más pasajeros y el diferimiento de créditos.

Sin embargo, la Federación Departamental de Choferes 1ro. de Mayo anunció que no respalda la medida de presión.

“Sabemos que los choferes no están ganando, no es correcto de que podamos hacer problema en estos momentos”, dijo el dirigente del esa federación, Mario Silva, en una entrevista en Bolivia Tv.

Se espera el pronunciamiento de las autoridades ediles. La protesta se instala de forma paralela a la reunión del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) de LaPaz que analiza el curso de la cuarentena por el nuevo coronavirus. (01/07/2020)

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