Alcalde anuncia proceso contra magistrados del TCP que firmaron fallo sobre crisis de la basura
El TCP estableció que la Alcaldía de La Paz debe ser investigada por el derrame de la basura del relleno sanitario de Alpacoma, en enero. El alcalde Luis Revilla calificó de política la resolución que saca del proceso al Ministerio de Medio Ambiente y Agua y a un dirigente
El alcalde de La Paz, Luis Revilla, calificó de político el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que determinó investigar al Ejecutivo edil por la crisis de la basura de enero y anunció que será presentada una demanda penal contra los magistrados que firmaron esa resolución por el delito de prevaricato, es decir, por emitir un fallo en contra de normas legales vigentes.
La determinación del TCP revocó en parte un fallo judicial sobre una Acción Popular presentado ante los riesgos a la salud que representó el colapso de una celda del relleno sanitario de Alpacoma, Achocalla, que derramó basura y lixiviados en un área de 10 hectáreas. Fue excluido el ministro de Medio Ambiente y Agua, Carlos Ortuño, y el dirigente de Achocalla Martín Quenallata.
No obstante mantuvo la demanda contra Revilla, por lo que la Fiscalía deberá seguir con la investigación para establecer responsabilidades. Para el alcalde, el fallo es político y está alineado al oficialismo porque se basó en una norma sacada del ordenamiento jurídico, desconociendo el decreto que establece 10 años para las licencias de los rellenos sanitarios.
Es más, dijo, los magistrados ya establecieron responsabilidades sin haberse conocido una auditoría ambiental que, precisamente deberá determinar las causas y responsabilidades de lo ocurrido en enero. En ese entonces se desató una crisis no solo por el derrame de basura, sino por el bloqueo en Achocalla que dejó toneladas de basura en calles y avenidas de la ciudad.
Frente a esa situación, el alcalde anunció que planteará una demanda penal por prevaricato contra los magistrados del control constitucional que firmaron la resolución. Figuran los magistrados Yván Espada y Gonzalo Hurtado, quien fue vinculado con el acusado de narcotráfico Pedro Montenegro.
“Sí, estamos trabajando con los abogados. Se están interponiendo los recursos que franquea la Constitución, pero vamos a asumir acciones legales contra estos magistrados porque han cometido prevaricato porque han actuado en contra de la norma que se encuentra plenamente vigente respecto a la licencia de funcionamiento (relleno sanitario)”, advirtió.
Por 25 días se amplió el uso del relleno sanitario de Alpacoma, hasta tanto entre en operaciones uno de carácter transitorio y ubicado en Achocalla.