Pese al vehemente pedido de liberación del exministro Carlos Romero, el juez Onceavo de Partido y Sentencia Penal rechazó este jueves la acción de libertad presentada por su defensa, por lo cual deberá permanecer en celdas judiciales a la espera de su audiencia cautelar que fue reprogramada para este viernes.

Romero está aprehendido desde el martes, luego de que se acogió a su derecho al silencio en su declaración informativa sobre el caso de corrupción en la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (UELICN).

En la audiencia, el otrora hombre fuerte del gobierno de Evo Morales aseguró que la ampliación de ese proceso en su contra es “defectuoso” y enumeró varios argumentos en ese sentido.

Incluso acusó a su denunciante, la diputada de Unidad Demócrata (UD) Rose Marie Sandoval, de no tener ética ni moral para denunciarlo. Aseguró que no hay una prueba en su contra y denunció que no se cumplieron los procedimientos procesales.

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El fiscal del caso, Rudy Terrazas, explicó que “el juez ha llegado al razonamiento lógico de denegar la acción de libertad porque existe un juez cautelar de instrucción que pueda llevar adelante las supuestas vulneraciones”, por lo tanto “sigue en calidad de aprehendido y debe ser sometido a la audiencia de medidas cautelares”.

Romero lamentó la decisión del tribunal y dijo que “ya estamos demostrando, de inicio, que hay pisoteo absoluto de las normas procedimentales”; en ese contexto, se declaró nuevamente “perseguido político”.

Por su lado, el abogado de Romero, Andrés Zuñiga, contó a la prensa que pidió al juez que se excuse debido que éste fue su alumno en un curso de posgrado, lo que no sucedió.

El jurista lamentó que pese a la argumentación sobre la ausencia de “control jurisdiccional” en varios pasos del proceso, el juez haya negado el pedido.

“Lamentablemente debemos enfrentar una audiencia de medidas cautelares. En ella vamos a a tener repetir estos mismos argumentos de cuestionamiento”, afirmó. (16/01/2020)

El exministro Carlos Romero busca liberarse de su aprehensión en una audiencia de acción de libertad que interpuso su defensa y que este jueves se lleva a cabo en el juzgado Onceavo de Partido y Sentencia Penal. En ella aseguró que está “dando la cara” ante las denuncias en su contra y que lo único que exige es un proceso justo como “misionero de justicia”, en alusión a su profesión de abogado.

“Estoy aquí dando la cara, pero para que esto funcione tenemos que respetar el derecho, tenemos que respetarlo, nosotros somos abogados y ¿por qué hemos estudiado derecho?, porque somos unos misioneros de la justicia. Yo exijo justicia, somos misioneros de la justicia, entonces yo invoco justicia”, dijo vehemente ante el juez el otrora hombre fuerte del gobierno de Evo Morales.

El exministro aseguró que la ampliación del proceso por el caso UELICN en su contra es “defectuoso” y enumeró varios argumentos en ese sentido.

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Culpó luego a la diputada de Unidad Demócrata (UD) Rose Marie Sandoval, la denunciante del caso,  de no tener ética ni moral para denunciarlo. Aseguró que no hay una prueba en su contra y denunció que no se cumplieron con los procedimientos procesales.

Romero es investigado por los presuntos hechos de corrupción en la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (UELICN).

Fue llevado el martes desde la Caja Petrolera de Salud (CPS), donde fue internado por problemas de salud, hasta la Fiscalía para que declare. Se acogió a su derecho al silencio y se ordenó su aprehensión.

Reapareció el 9 de enero en La Paz tras un seguimiento que hizo un medio español. Luego, activistas del denominado grupo "La Resistencia" instalaron una vigilia frente a su vivienda, en la zona Sur, que, según Romero, deterioró su salud al punto de su internación en la CPS la semana pasada.

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“No es correcto que te secuestren en tu casa, que no te dejen comer, ni alimentos ni conciliar el sueño”, reclamó este jueves.

Contó en la audiencia que está instalado al lado de su madre, que cumplirá 85 años y tene la salud delicada, y en ese contexto pidió a los operadores de justicia verificar esa situación.

“Ya no tiene posibilidad de desplazamiento motriz, está muy enferma y que yo tengo la obligación de asistirla porque ella es la que me ha concebido, la que me ha permitido tener una profesión con muchísimo sacrificio como mujer sola y como jefa de familia”, contó.

Para el Gobierno, el exministro debe responder por los cargos por los que se le sindica “como cualquier ciudadano”. Así lo ha manifestado el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, en un mensaje que publicó en su cuenta en Twitter.

“Romero debe responder por sus actos y asumir su defensa como cualquier ciudadano. A diferencia del régimen del que formó parte, el gobierno de transición de la presidenta @JeanineAnez, es respetuoso de los DDHH y la independencia de poderes”, escribió. (16/01/2020)

La alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, llegó este jueves hasta Palacio para solicitar al gobierno de la presidenta Jeanine Áñez cooperación destinada a reconstruir la urbe golpeada por violentas movilizaciones que destruyeron inmuebles ediles y de la Policía, además de otras construcciones, cuyo daño suma alrededor de Bs 85 millones.

Precisó que la cita tiene un carácter institucional y tiene el fin de “pedirle a este nuevo Gobierno, más allá de su permanencia transitoria, de que podamos, por ejemplo, trabajar con El Alto en el marco del respeto y la coordinación institucional”, algo que a su juicio “se ha perdido con el gobierno del expresidente Evo Morales.

Así, detalló que el daño a la infraestructura municipal es de Bs 24 millones, mientras que en el caso de los inmuebles policiales suma algo más de Bs 60 millones.

Los edificios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), del Comando Regional de Policía, de la Unidad de Tránsito y la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) fueron saqueados y quemados por turbas que protestaron contra los uniformados por apoyar, con un motín, las movilizaciones de cívicos y políticos que derivaron en la renuncia de Morales.

“Vamos a necesitar apoyo económico porque novamos a poder asumir (esos gastos) con el presupuesto institucional, los POA se realizan en septiembre y nosotros tenemos todo nuestro presupuesto dispuesto y ese va ser otro de los puntos de esta reunión”, anunció.

Asimismo, dijo que planteará la reactivación de la “agenda institucional” que Chapetón gestionó con la anterior administración estatal y que está referida a obras de envergadura, entre ellas los 10 carriles de la avenida 6 de Marzo, la conclusión de la carretera hacia Viacha y otros planes.

Cuestionó el trato injusto que recibe la urbe pese a que "la mayoría" de sus pobladores ha mostrado “su compromiso” con la decisión de mantener el sistema democrático en el país. Exteriorizó su esperanza de encontrar mayor apertura en la gestión de la presidenta de Áñez. (28/11/2019)

Mediante un decreto supremo aprobado este miércoles en la reunión del gabinete ministerial, el Gobierno autorizó la libre exportación del 60% de la producción de soya, pero con control estatal, mientras que el remanente será destinado para garantizar el consumo interno. El reglamento se aprobará en cinco días y desde entonces se aplicará la medida.

“Hemos evaluado y hemos decidido autorizar la exportación del 60% de la producción. Nosotros consumimos alrededor del 30%, pero tenemos también expectativas de mejorar el consumo interno, no podemos poner en riesgo el consumo interno por eso y con ese objetivo se reserva el 40%”, informó este miércoles el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico.

El 40% de la producción está destinado al sector agrícola, porcinocultor, el de la producción de leche e inclusive al biocombustible que a la fecha suma el 30%, aunque hay exceptivas de que ese margen crezca.

La información fue confirmada por el presidente Evo Morales, quien se refirió al asunto en su cuenta en Twitter.

“En respuesta a la emergencia de un sector del agro boliviano, decidimos aumentar el cupo de la exportación del grano de soya hasta el 60 % de la producción. Creemos que este es un importante apoyo a quienes se vieron afectados por la caída de precios en el mercado internacional”, reseñó.

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La medida se asume en atención al pedido de los productores del grano que lanzaron un ultimátum de 72 ahora que debía cumplirse el jueves tras alertar sobre la baja de la producción por efecto de clima adverso y la caída del precio internacional.

Cocarico además anunció la mejora de los reglamentos de autorización para la exportación del grano con el fin de evitar la burocracia criticada por los productores, lo que se hará efectivo en cinco días. Esta tarea estará a cargo de Desarrollo Rural y la cartera de Desarrollo Productivo.

“Creemos que el Estado tiene que tener siempre el control, por tanto esta autorización de exportación tiene que ser con el control de acuerdo a lo que se está trabajando”, anticipó.

La normativa también instruye a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y, por ende, a la banca, que se evalúe la cartera de créditos del sector cuyos miembros, en algunos casos, se vieron impedidos de pagar deudas.

“Hemos evaluado la situación de la producción de la soya en relación a los precios, hay precios bajos a nivel internacional, sin embargo creemos que en el mercado interno hay que apoyar al sector productor”, remarcó el Ministro. (29/05/2019)

No obstante el fallo favorable en el caso de las 16 barcazas chinas en litigio con dos empresas de ese país, Bolivia espera aún que culminen los plazos del proceso en el Tribunal Marítimo de Quingdao, entre ellos una posible apelación de los demandados. No obstante, ya habla de cifrar el millonario daño económico que representó este proceso en otros juicios, inclusive de carácter civil.

El veredicto se conoció el 17 de diciembre y desde ese entonces se abrió el periodo de 30 días para que los demandados, las firmas Weihai Xintaiyuan Shipbuilding Co.,Ltd. y Dayu Shipbuilding Ocean (Shandong) Co., Ltd. (DSSC), que fueron denunciadas por la Empresa Naviera de Bolivia (Enabol), decidan si presentan la apelación a la decisión de la corte.

“Una vez que pase este plazo que hasta finales de enero, ahí Bolivia tomará una decisión respecto, primero, al destino de las barcazas si se ratifica la propiedad de Bolivia y, luego, ya la continuación de los procesos judiciales que están abiertos en el país contra algunmos compatriotas bolivianos, pero también contra ciudadanos chinos y coreanos”, señaló el ministro de Defensa, Javier Zavaleta.

“Si todavía hay esa apelación el proceso va a continuar, si no hubiera prácticamente el proceso se extinguiría y quedaría resuelto a favor de Bolivia”, puntualizó el ministro.

Bolivia pasó $us 14,4 millones, unos 900.000 por cada embarcación. La cifra del daño económico se establecerá en un eventual proceso civil que se prevé instalar tras el penal que está en curso, informó el procurador general del Estado, Pablo Menacho.

Pero las barcazas están deterioradas, según informes anteriores del Gobierno. «Todos esos elementos se los va a poder valorar a través de un trabajo independiente, ya sea cuando acabe el proceso penal y se inicie un proceso civil». sostuvo.

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En enero de 2017 el Ministerio Público presentó una acusación formal contra «los malos funcionarios» parte del proceso. Hay detenidos preventivos en el caso, entre ellos Freddy B., Eval V, Fidel G, Carmen Rosa G., Luis Alberto C., pero también hay rebeldes.

“El Ministerio de Defensa, Enabol y el Ministerio de Justicia estamos llevando adelante todas las acciones necesarias para poder eventualmente llegar a una sentencia penal en contra de estas personas y lograr, en última instancia, la recuperación del daño causado a Bolivia”, dijo.

Está en curso el proceso de notificación de los sindicados, se han presentado los edictos para notificar a las personas declaradas rebeldes y se espera el comienzo del juicio oral para «obtener una sentencia en contra de estas personas”, señaló el Procurador.

En 2009, Enabol contrató a General Marine Business (GMB) para que construye la flotilla, pero esta subcontrató a otras firmas para la fabricación de las barcazas como Weihai en el astillero de DSSC. Se sumó una deuda de $us 4,5 millones por el almacenaje y esta última empresa demandó su remate. A la fecha, los navíos siguen ese ancladero.

Menacho dijo que tras la conclusión del proceso legal “se podrán presentar otro tipo de acciones ante los tribunales chinos para prevenir que estas barcazas se encuentren con anotaciones preventivas para poder lograr luego su liberación”, explicó Menacho. (08/01/2018)