La Defensoría del Pueblo demandó el inicio de una pesquisa para establecer si funcionarios de la Alcaldía de La Paz incurrieron en omisiones que permitieron los asentamientos legales en las zonas que se deslizaron en abril de este año, además de una investigación para establecer si existe responsabilidad penal en el fallecimiento de tres personas en estos hechos.
Así lo hizo saber mediante un comunicado de prensa en el que explica que esta determinación fue asumida tras una investigación de lo ocurrido en esa fecha en los barrios Inmaculada Concepción, Kantutani y San Jorge.
“La Defensoría del Pueblo emitió una Resolución Defensorial en la que solicita al Concejo Municipal de La Paz iniciar acciones para determinar posibles responsabilidades por la falta de información oportuna a la población sobre la situación de riesgo en la que se encontraban los sectores afectados, y por la falta de fiscalización, omisiones y acciones, por parte de autoridades y funcionarios municipales, para impedir nuevos asentamientos humanos legales e ilegales en esas zonas desde 1985”, precisa la nota.
Agrega que además se recomienda al Ministerio Público iniciar una investigación para determinar si existe responsabilidad penal en el fallecimiento de tres personas como resultado del desastre.
En la Resolución Defensorial, que fue notificada en el día, “se pide al Concejo iniciar las acciones legales, administrativas o disciplinarias que correspondan en contra del alcalde Luis Revilla, por la falta de colaboración y respuesta a la Defensoría del Pueblo, que el 7 de mayo pasado solicitó información relacionada al deslizamiento y a las acciones realizadas por el gobierno edil”, agrega el comunicado.
Menciona además que no obstante a que en cinco oportunidades (15, 16 y 23 de mayo y el 11 y 19 de junio) se hizo seguimiento a ese requerimiento, “hasta la fecha no se recibió una respuesta, incumpliendo lo establecido en el artículo 223 de la Constitución Política del Estado y del artículo 22 de la Ley 870 del Defensor del Pueblo”.
La investigación a la que hace referencia la Defensoría del Pueblo menciona que se vulneró el derecho al acceso a la información de la población “toda vez que recién al mediodía del 30 de abril personal edil informó del peligro y la necesidad de abandonar la zona, extremo que determinó que una gran parte de las personas pierda no sólo sus bienes, también animales, mascotas y en los casos más extremos, que tres personas presuntamente hayan perdido la vida”.
La Defensoría concluye que esto se pudo evitar si el personal municipal cumplía su obligación de informar, independientemente de si el deslizamiento hubiera ocurrido o no.
“Esta falta de información también incidió en que no se ejecute una evacuación ordenada y a tiempo”, señala la Defensoría, para luego agregar el relato de una madre que cuenta que el día del desastre personal de la Alcaldía le habría recomendado regresar a su casa cuando esta se encontraba a punto de caer.
“De acuerdo a los elementos identificados en la investigación, el gobierno municipal de La Paz, desde al menos 1985 tenía conocimiento de que pese a que el área afectada no era adecuada para la edificación de viviendas por temas de salubridad y estabilidad y los riesgos que ello implicaba, omitió su responsabilidad de fiscalizar o no implementó acciones efectivas para evitar que dicho sector continúe siendo urbanizado”, agrega. (21/08/2019)