Activistas por el medio ambiente, biólogos, religiosos y políticos opositores demandan al Gobierno la abrogación del Decreto Supremo 3973, que amplía la frontera agrícola, y la declaratoria de desastre nacional por los incendios en la Amazonía. El Ejecutivo aseguró que los indicadores no lo ameritan y que los efectos están controlados.
Un pronunciamiento de 88 entidades técnicas académicas y plataformas ambientalistas apuntaron al decreto 3973 como uno de los causantes de los incendios forestales que azotan al país, por lo que demandaron su inmediata abrogación, al igual que la Iglesia Católica, a través de comunicado, y el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), que solicitó un juicio de responsabilidades.
“Nos parece irresponsable por imprudente el Decreto Supremo 3973, con éste se autorizan las quemas controladas de terrenos y el desmonte, pero no se articulan las medidas sobre las condiciones y mecanismos para el control efectivo de las mismas, lo cual favorece los chaqueos ilegales”, señala la Iglesia en el documento.
A esta posición se sumaron los colegios de Biólogos de Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Pando y Beni, que exigieron al Gobierno abrogar además la Ley 741, de desmontes, y “activar los protocolos para declarar zona de desastre nacional y así poder recibir ayuda porque son cinco ecorregiones afectadas”, explicó la presidenta del ente paceño, Ángela Núñez.
El fin de semana lo exigieron la Gobernación de Santa Cruz, la Federación de Ganaderos de Santa Cruz y activistas por el medio ambiente que marcharon en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Sucre.
Ayer, el presidente Evo Morales criticó a grupos que enarbolan la bandera del medio ambiente y los acusó de impulsar la contaminación. Además, sostuvo que hay sectores que están usando política y electoralmente los incendios que afectan a la Chiquitanía. “Sería importante que hagan mucha conciencia si realmente son defensores del medioambiente”.
El ministro de Medio Ambiente y Agua, Carlos Ortuño, señaló que si bien los incendios son de gravedad (consumieron cerca de un millón de hectáreas), los indicadores sobre damnificados (ocho familias) y afectados (1.817 familias) no justifican tal declaratoria. Y remarcó que las medidas tomadas fueron oportunas y adecuadas, por lo cual están controlados los efectos de la emergencia.
César Cocarico, ministro de Desarrollo Rural, aseveró que el decreto de desmontes para Santa Cruz data de 2001 (gobierno de Hugo Banzer) y que el 3973, de julio de este año, solo amplía la frontera agrícola de Beni. “Decir que los incendios de la Chiquitanía son por culpa de este decreto es faltar a la verdad”.