Durante el primer trimestre del año la Defensoría del Pueblo logró la restitución de derechos vulnerados en el 64,31% de los 2.476 casos que admitió e investigó, informa este lunes esa institución en un comunicado de prensa. Las instituciones más denunciadas fueron los gobiernos municipales.
La Defensoría detalla que en los casos en que se evidenció la vulneración y no se consiguió que la autoridad señalada como vulneradora de derechos subsane los hechos denunciados, se emitieron al menos 10 resoluciones defensoriales con recomendaciones, recordatorios y sugerencias para la restitución de derechos y cumplimiento de normativa.
Entre ellos figuran casos de violencia sexual, interrupción legal del embarazo, derecho a la petición, pago de salarios a consultores, derecho a la identidad en un centro de formación superior, acoso laboral, derechos de niña, niño y adolescente, condiciones materiales de unidades educativas, trabajo sexual, debido proceso y acceso a la justicia, entre otros.
La Defensoría del Pueblo informa además que en los primeros seis meses de esta gestión se registró un incremento de 986 denuncias con respecto a la gestión 2018, cuando se reportaron 4.793. Esta vez la cifra subió a 5.779 y la institución considera que eso se debe a que se generó mayor confianza en la población.
El Alto y La Paz fueron las oficinas defensoriales que concentraron una mayor cantidad de casos atendidos, 1.773 y 1.437, respectivamente, seguidas de Cochabamba con 519; Santa Cruz, 377; Tarija, 287; Potosí, 275, Oruro, 232; Chuquisaca, 224; Beni, 101 y Pando, 66. A ello se suman los registrados en las coordinaciones regionales y las denuncias de bolivianas y bolivianos en el exterior.
“Esta tendencia en el aumento de la cantidad de casos atendidos lleva a proyectar que la gestión 2019 cerrará con una cantidad superior a la registrada el año pasado, cuando alcanzó a 9.665”, proyectó al respecto la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.
“Las instituciones más denunciadas por vulneración de derechos fueron los gobiernos autónomos municipales, en primer lugar, seguidos del Órgano Judicial, direcciones departamentales de educación; Policía Boliviana, Ministerio Público, SEDES, Caja Nacional de Salud, Dirección General de Régimen Penitenciario, Ministerio de Educación, Servicio General de Identificación Personal (SEGIP), Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP), Ministerio de Gobierno, FFAA, Universidad Mayor de San Simón y Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional”, informa la Defensoría del Pueblo . (02/09/2019)