Vladimir Gutiérrez, gerente general de la empresa Tersa (Tratamiento Especializado de Residuos Sólidos y Servicios Ambientales S.A.) anunció este miércoles que la firma presentó una denuncia penal contra el alcalde de La Paz, Luis Revilla, por la comisión de tres delitos: incumplimiento de deberes, allanamiento y atentados contra la libertad de trabajo.
La decisión fue adoptada tras que este martes funcionarios municipales tomaran los predios donde trabaja Tersa en los rellenos de Alpacoma y Saka Churu, dejando a los obreros de esta firma fuera de su habitual labor, por lo que realizaron luego un ampliado en el que decidieron declararse en emergencia.
Gutiérrez explicó que la toma se produjo con el apoyo de guardias municipales, “en una actitud de amedrentamiento” que rechazó por considerar que con ello se vulneraron las normas básicas de seguridad jurídica, ya que se encuentra vigente un contrato que fenece en 2026.
Dijo que se puso en zozobra la estabilidad de la empresa, no solo en La Paz, sino también en el país, donde en conjunto cuenta con alrededor de 400 trabajadores.
El lunes, Revillla anunció la rescisión del contrato con Tersa, luego de que las multas que recibió la empresa por el colapso de una macrocelda en Alpacoma, en enero de este año, sobrepasaran el 20% de la facturación mensual que recibe.
Gutiérrez dijo que en el contrato no se establece ese tope porcentual, por lo que la firma considera que se intenta romper un contrato unilateralmente, con lo que se pone en riesgo la estabilidad laboral de más de un centenar de obreros en La Paz.
“Al presente existen de parte del gobierno municipal de La Paz múltiples incumplimientos hacia Tersa (…) es por este motivo, y habiéndose sumado actos contrarios a la ley vigente en nuestro país y en contra de nuestros derechos y garantías, que nos hemos visto obligados a presentar denuncia penal en contra del alcalde municipal Luis Revilla por los delitos de incumplimiento de deberes, allanamiento y atentados contra la libertad de trabajo”, anunció.
Dijo que se vieron obligados a recurrir a la vía legal en este caso "porque se vulneraron derechos jurídicamente protegidos” y no descartó que a futuro se adopten otras medidas en resguardo de la seguridad jurídica. (04/09/2019)