Sociedad

viernes 16 abr 2021 | Actualizado a 10:54

Tras 10 años, condenan con 30 años de cárcel a 2 de 11 implicados en el asesinato de O’Connor

Fueron absueltos Ernesto Córdova, Luis Córdova, Ariel Montaño, Lucio Lazo Contreras, René Navia Doria Medina y Franklin Gonzalo Aramayo Doria Medina. El caso destapó un hecho de corrupción en la estatal YPFB y derivó en el encarcelamiento de Santos Ramírez

Uno de los acusados en el caso O'Connor en la audiencia de este viernes 6 de septiembre en La Paz Foto: Fiscalía

/ 6 de septiembre de 2019 / 23:47

Tras 10 años del asesinato del empresario Jorge O’Connor D’Arlach Taborga, se dictó este viernes una sentencia condenatoria de 30 años de cárcel contra 2 de los 11 implicados en un hecho que destapó un caso de corrupción en la estatal YPFB y el encarcelamiento del entoncs hombre fuerte del oficialismo, Santos Ramírez.

Rufino Rodríguez Caero y Franz Michael Rodríguez Caero fueron sentenciados a 30 años de prisión sin derecho a indulto, tras ser hallados culpables de la muerte de O'Connor e identificados como los autores materiales del delito de asesinato y robo agravado. La sentencia será cumplida en el penal de San Pedro de La Paz.

Sandra Verónica Mamani Quispe y María del Carmen Rodríguez Caero fueron condenadas a dos años de cárcel por la comisión del delito de receptación del dinero robado. Ambas deben cumplir la condena en la cárcel de Obrajes. 

El Tribunal decidió absolver a los acusados Ernesto Vladimir Córdova Santiváñez, Luis Fernando Córdova Santiváñez,  Ariel Carlos Montaño Fuentes, Lucio Lazo Contreras, René Javier Navia Doria Medina y Franklin Gonzalo Aramayo Doria Medina. En cuanto al acusado Yerko Soto (prófugo) el juez presidente Joaquin Moller no se manifestó, informó el Ministerio Público.

"Lo que le extraña al Ministerio Público es la absolución de los autores intelectuales, tomando en cuenta que el 27 de enero de 2009 se ha planificado un atraco. Extraña a la Fiscalía la determinación de este Tribunal, una vez notificados con esta resolución, vamos a presentar la apelación restringida como establece la Ley", anunció el fiscal Eddy Flores.

La muerte del empresario O'Connor destapó un caso de corrupción en la estatal Yacimeintos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que derivó en la destitución y encarcelamiento de su entonces presidente, Santos Ramírez Valverde; por entonces uno de los hombres fuertes dentro de la estructura del Movimiento Al Socialismo (MAS).

La fiscal Dubravka Jordán aseguró que presentó durante el juicio 164 pruebas documentales, testificales y periciales que sirvieron para la individualización de los responsables y el grado de participación.

No obstante solo cuatro fueron sentenciados. Ante esa situación, se anunció una demanda por prevaricato en contra del juez del proceso.

Caso Corrupción YPFB

La mañana del martes 27 de enero de 2009, O’Connor fue asesinado en la casa número 601, de tres pisos, sobre la avenida Tejada Sorzano. La Policía informó que al empresario le robaron en la escena del crimen un maletín con $us 450 mil. La casa pertenecía a Gonzalo Aramayo Doria Medina, cuñado político de Ramírez Valverde.

Aramayo resultó ser primo de Giovana Navia Doria Medina, diputada suplente del MAS en la primera gestión de gobierno del presidente Evo Morales y exesposa de Ramírez.

O’Connor era socio de Catler-Uniservice, empresa que firmó el 14 de julio de 2008 un contrato con YPFB para construir la Planta Separadora de Líquidos de Río Grande, en el departamento de Santa Cruz. El costo de la planta ascendía a $us 86,35 millones.

Las investigaciones determinaron que el dinero robado serviría para el pago de una supuesta coima por la adjudicación del proyecto.

Tres días después del suceso, Ramírez negó cualquier responsabilidad y explicó que la contratación de la sociedad accidental que debía construir la planta separadora era legal.

Al día siguiente, el presidente Morales separó a Ramírez de YPFB. Instruyó también la suspensión inmediata de otros 10 funcionarios de la petrolera estatal, entre ellos Mario y Juan Carlos Navia Doria Medina, hermanos de la esposa de Ramírez Valverde. (06/09/2019)

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Caso Characayo: En el MAS dicen que no se encubrirá delitos y en CC que la corrupción es recurrente

El diputado por CC Marcelo Pedrazas consideró que la corrupción es “un cáncer que está arraigado en la administración pública”.

Los diputados Juanito Ángulo del MAS y Marcelo Pedrazas de CC

/ 15 de abril de 2021 / 23:00

En el Movimiento Al Socialismo (MAS) advirtieron este jueves que no encubrirán delitos en referencia al caso de corrupción que involucra al exministro de Desarrollo Rural y Tierras Edwin Characayo, mientras que en Comunidad Ciudadana (CC) sostienen que la corrupción es un asunto recurrente en el gobierno del MAS.

“Venga de donde venga se tiene que procesar”, advirtió el diputado del MAS Juanito Ángulo en el programa Piedra, Papel y Tinta de La Razón y Extra.

“No encubrir, hay que dar una sanción ejemplar (…) Se confía a las personas para que sean servidores públicos, se deja en la buena fe de todos tomando en cuenta que el MAS es una fuerza que aglutina principalmente a organizaciones sociales”, sostuvo el legislador y recalcó que el gobierno de Luis Arce no tolerará los actos de corrupción.

Su homólogo por CC Marcelo Pedrazas consideró que la corrupción es “un cáncer que está arraigado en la administración pública” y remarcó que el caso Characayo demuestra la continuidad de una política “del MAS que venía ya hace 14 años y ayer vimos con pena como autoridades terminaron de esa forma, vivimos en un Estado muy débil y no se elige a las personas por meritocracia y estos son los resultados”.

Según Pedrazas, todo funcionario público tiene la obligación de responder por sus actos en el ejercicio de funciones. “Necesitamos una justicia independiente para poner las reglas absolutamente para todos”, dijo.

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Cooperación Suiza comparte experiencias de estudiantes en prevención de violencia de género

“He logrado un cambio grande, pero cuesta, definitivamente, cuesta”, sostiene Carlos Aguirre, estudiante de la Universidad Tomás Frías, de Potosí, al concluir que el esfuerzo vale la pena “para guiar a otros hombres y evitar más feminicidios”.

/ 15 de abril de 2021 / 21:14

Eduactivistas es parte del proyecto Vida Sin Violencia que en los últimos cinco años viene impulsando la Cooperación para el Desarrollo de la Embajada Suiza en Bolivia con el fin de prevenir la violencia de género. El viernes 16 de abril, a través de un evento transmitido por Facebook, expondrá experiencias y una sistematización del trabajo realizado.

“He logrado un cambio grande, pero cuesta, definitivamente, cuesta”, sostiene Carlos Aguirre, estudiante de la Universidad Tomás Frías, de Potosí, al concluir que el esfuerzo vale la pena “para guiar a otros hombres y evitar más feminicidios”.

Aguirre es uno de los más de 150 eduactivistas que trabajan para prevenir la violencia en la comunidad universitaria, experiencia que ha sido recogida en una sistematización que será presentada el viernes 16 de abril, a las 10.00, en un acto virtual que será transmitido por la página de Facebook @doctoraedilicia.

“El movimiento de eduactivistas ha sido impulsado en los últimos cinco años por el proyecto Vida Sin Violencia de la Cooperación para el Desarrollo de la Embajada Suiza en Bolivia, que es implementado por Solidar Suiza. La eliminación del maltrato contra las mujeres es uno de los principales pilares del apoyo que brinda este país, a la que considera un requisito fundamental para el ejercicio pleno de los derechos y la solución de los problemas”, refiere un boletín de prensa de la Cooperación.

Según el documento, un estudio del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), realizado con apoyo del UNFP, mostró que el 73,8% de las estudiantes encuestadas tuvo “relaciones sexuales forzadas”, mientras que el 67% confesó haber sido víctima de toqueteos sexuales no consentidos.

“Las denuncias de violaciones presentadas en las últimas semanas en las redes sociales confirman la gravedad de este fenómeno. Es frente a ello que el proyecto llevó adelante el programa ‘Construyendo una Vida sin Violencia’, que tuvo como protagonistas a docentes y estudiantes de las universidades San Francisco Xavier (Chuquisaca), San Simón (Cochabamba), Tomás Frías (Potosí), San Andrés y Católica San Pablo (La Paz). Sus objetivos eran transformar patrones culturales machistas y prevenir el maltrato hacia las mujeres”, recalca la Cooperación.

“Esta experiencia nos muestra cómo las universidades y sus estudiantes pueden prevenir la violencia, a la vez convertirse en agentes de cambio para construir una sociedad inclusiva, en la que todas las personas, y en particular las mujeres, puedan vivir libres de violencia”, destacó la Oficial de Programa de Gobernabilidad, de la Cooperación Suiza en Bolivia, Mila Reynolds.

Los eduactivistas pusieron en escena obras de teatro, organizaron festivales de canto, ferias, diálogos y debates online para transmitir sus mensajes. Las autoridades de las casas de estudio se han hecho eco de esta cruzada: La de Chuquisaca la reconoció como parte de la Extensión Universitaria, la de Cochabamba creó la Oficina de Protección a la Mujer Universitaria, mientras que la de Potosí fundó su Observatorio de Género.

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El INE aplaza para 2024 el censo, en Santa Cruz amenazan con protestas y articulación nacional

“Este proyecto puede tardar tres años y medio, entonces, estamos hablando de manera optimista, si se cumplen todos estos requisitos, que mínimamente el censo se llevaría adelante el 2024”, sostuvo el director del INE, Humberto Arandia

El director del INE, Humberto Arandia.

/ 15 de abril de 2021 / 20:47

El Censo de Población y Vivienda que debía realizarse el 2022 fue aplazado hasta el 2024 por falta de condiciones logísticas, financieras y técnicas, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). La decisión desató una serie de críticas y una amenaza de protestas articuladas con el movimiento cívico nacional porque aplaza aspectos centrales como redistribución de recursos económicos y escaños.

El director del INE, Humberto Arandia, informó que la preparación del censo toma al menos cuatro años y que el desfase se registró en 2019 cuando el gobierno de la expresidenta Jeanine Áñez descartó el documento precensal, “así de claro y simple”.

“Este proyecto puede tardar tres años y medio, entonces, estamos hablando de manera optimista, si se cumplen todos estos requisitos, que mínimamente el censo se llevaría adelante el 2024”, sostuvo Arandia durante una conferencia de prensa.

La decisión desató una serie de reacciones en el ámbito subnacional porque implicará aplazar aspectos como la redistribución de recursos económicos y escaños legislativos. El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, informó que coordinará con el movimiento cívico de Bolivia acciones para “rechazar este intento del gobierno centralista”.

En El Alto, el concejal Javier Tarqui sugirió a la electa alcaldesa Eva Copa exigir al gobierno una compensación económica para afrontar la disminución del presupuesto edil debido a factores como la crisis en el sector de hidrocarburos.

Cobra más fuerza el reclamo cuando el INE presentó sus proyecciones de población, en las cuales Bolivia tiene este año 11.842.000 habitantes, 164.594 más que lo previsto en 2020, cuando llegaron a 11.677.406.

Las proyecciones por departamento ponen en primer lugar a Santa Cruz, con 3.363.400, seguido por La Paz, con 3.023.800; Cochabamba, 2.086.900; Potosí, 907.700; Chuquisaca, 654.000; Tarija, 591.800; Oruro; 548.500; Beni, 507.100, y Pando, con 158.700.

El electo gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho advirtió que el aplazamiento del censo “puede generar confrontación e inestabilidad en el país; Luis Arce debe actuar responsablemente, tiene un año para organizar el censo”.

“Este retraso de 3 años quita a Santa Cruz recursos que corresponden a 800.000 habitantes más que viven en nuestra tierra desde el 2012”, explicó Camacho.

El 2012 se realizó el censo y el seguimiento debía realizarse el 2022. El alcalde electo de Santa Cruz Jhonny Fernández también cuestionó la decisión y de una declaratoria de emergencia.

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Tras ser posesionada como directora de AASANA, Choque denuncia discriminación por ser mujer de pollera

"Quiero pedir (además) que me permitan demostrar mi capacidad, mi profesionalismo, porque estoy segura de cumplir con esta responsabilidad”, dijo Arminda Choque en conferencia de prensa.

La nueva autoridad exhibe documentos que avalan su formación en Derecho

/ 15 de abril de 2021 / 18:50

La nueva directora General Ejecutiva de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares de Navegación Aérea (AASANA), Arminda Choque, aseguró este jueves que demostrará su capacidad y profesionalismo al frente de la entidad, en respuesta a mensajes en redes sociales que –denunció- criticaron su posesión y su condición de mujer de pollera.

“Quiero decir a las personas machistas, racistas, que deben superarlo porque el racismo y el machismo solo hace daño a la sociedad, a uno mismo y a las familias. Quiero pedir (además) que me permitan demostrar mi capacidad, mi profesionalismo, porque estoy segura de cumplir con esta responsabilidad”, afirmó la nueva autoridad.

A su vez, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, en conferencia conjunta con Choque, anunció que activará ante el Viceministerio de Descolonización una demanda por discriminación y por vulnerar los derechos que tiene “una mujer profesional”.

Choque demostró, con documentos en mano, que es abogada titulada de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) de Cochabamba y que cuenta con cinco diplomados; además, afirmó que tiene estudios en Secretariado Ejecutivo, lo que le permitió trabajar en instancias privadas y públicas.

“Mi primer trabajo después de formarme como secretaria fue cuando tenía 21 años, luego he trabajado en la Cámara de Diputados, después en el Ministerio de Minería, posteriormente he ingresado a AASANA donde he trabajado 12 años, he empezado desde abajo, hasta ser secretaria de la Unidad de Navegación Aérea durante ocho años”, destacó.

Choque aseveró que tiene una formación que le permite dirigir AASANA. “Tengo los méritos profesionales, a esas personas que por ver mi vestimenta han hecho ataques racistas y machistas les digo: superen el racismo, superen el machismo, les hace daño a ustedes, a sus propias familias y a las familias bolivianas, y no nos hace bien como sociedad”.

Montaño informó que el Ministerio envió una nota al Viceministerio de Descolonización para que se pueda detectar los comentarios discriminatorios contra una mujer indígena capacitada y formada en el área de la aeronavegación.

“He posesionado a una mujer profesional, a una señora abogada con diplomados y hemos visto un ataque sistemático en su contra sin siquiera averiguar cuál es su formación profesional, su currículum, solo por ser mujer indígena está siendo atacada vilmente”, denunció.

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Lima espera que la próxima semana estén las cuatro acusaciones contra Áñez en el Legislativo

Este miércoles, Áñez se acogió a su derecho al silencio y no declaró en la audiencia fiscal por la proposición acusatoria para juicio de responsabilidades por la contratación sin aval legislativo de un crédito del FMI y la ampliación del contrato con Fundempresa.

Jeanine Áñez en una celda policial en La Paz, en marzo.

/ 15 de abril de 2021 / 00:23

El ministro de Justicia, Iván Lima, confía que la próxima semana se tendrá lista las cuatro acusaciones de juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Áñez para su presentación ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

“Los cuatro casos están en una etapa casi final en la labor de la Fiscalía y el Tribunal Supremo de Justicia, esperemos que… ojalá la próxima semana tengamos las cuatro acusaciones ante la Asamblea Legislativa para su consideración y esperamos que Comunidad Ciudadana y Creemos no le nieguen justicia al país”, sostuvo Lima.

Este miércoles, Áñez se acogió a su derecho al silencio y no declaró en la audiencia fiscal por la proposición acusatoria para juicio de responsabilidades por la contratación sin aval legislativo de un crédito del FMI y la ampliación del contrato con Fundempresa. También están los procesos por impedir el ingreso de bolivianos desde Chile en la pandemia por COVID-19 y por las vulneraciones a la libertad de expresión.

Una de las últimas proposiciones acusatorias es por las muertes en Sacaba y Senkata en noviembre de 2019

Lima exhortó a la defensa de Áñez a “levantar su silencio” y agotar las pruebas para resolver los casos en el menor tiempo posible y no esperar a que concluyan los seis meses de detención preventiva de la exmandataria en el caso “golpe de Estado.

“Ya pasó un mes (de la aprehensión) ya todas las pruebas están presentadas y judicializadas, y adjuntadas dentro del expediente. Es posible que la defensa renuncie al tiempo que le queda que no espere los seis meses y presenten prueba y documentación y ya tengamos decisión judicial. Veo que acá el tiempo de permanencia de Áñez (en detención) está en manos de ella y sus abogados”, sostuvo

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