Desde mayo, 80 funcionarios de la alcaldía de Achacachi quedaron en el limbo. El concejal Mariano Huallpa (MAS), elegido alcalde interino tras la detención del titular Edgar Ramos Laura, trasladó esa repartición y contrató a otros empleados públicos.
52 de los afectados —quienes no perciben sueldos desde mayo, ni han recibido un memorándum de despido—, acudieron a la representación de la Defensoría del Pueblo de La Paz, a la Cámara de Diputados y al Ministerio de Trabajo para aclarar su situación laboral. Del total, nueve gozaban del beneficio de inamovilidad laboral por lactancia.
El 7 de mayo, Ramos fue aprehendido por presuntos hechos de corrupción. El 9, la Fiscalía lo imputó por los delitos de uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y malversación, y un juez ordenó su detención preventiva en la cárcel de San Pedro, La Paz.
El Concejo eligió como interino al concejal Winston Canaviri, (Sol.bo), que fue rechazado por la Tribunal Departamental Electoral, ya que éste debe ser del mismo partido que el titular. En una segunda votación, el Legislativo edil eligió a Huallpa, quien asumió el cargo el 3 de julio pasado.
“No abandonamos nuestras funciones en Warisata —uno de los cantones del municipio de Achacachi—, donde funcionaba la Alcaldía, sitio al que nunca llegó el Alcalde interino. El 16 de julio uno de los compañeros recibió una nota en la que se lo mencionaba como exfuncionario, lo que nos alertó”, informó Redy Charca.
En agosto, cuando ya se habían completado tres meses del no pago de sueldos, los trabajadores se enteraron que el nuevo Alcalde había instalado sus oficinas en la sede de los Ponchos Rojos de la comunidad Achacachi y que la Alcaldía tenía una nueva planta de empleados públicos.
“Nunca nos entregaron los memorándums de agradecimiento para la desvinculación, que debería ser lo legal, y todavía estamos peleando para arreglar la situación”, agregó Charca.
“Si bien en un inicio eramos 80, debido a otros factores, algunos dejaron el proceso. Todavía nos consideramos funcionarios, porque no tenemos memos de despido. La mayoría era personal de planta”, añadió Agustín Callizaya, otro perjudicado.
Ayer los funcionarios hicieron un mitin de protesta en puertas de la Alcaldía Quemada de El Alto. La Razón intentó hacer contacto con Huallpa, sin embargo, su móvil daba tono apagado.
El 20 de agosto, el diputado Esteban López (MAS) pidió, a través del presidente de la Comisión de Organización Territorial, Víctor Gutiérrez, un informe escrito a la autoridad interina sobre el punto.
El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda (MAS), informó que la Petición de Informe Escrito fue remitida el 10 de octubre y que el burgomaestre tiene 10 días hábiles (24 de octubre) para responder. Si no lo hace, se le enviará una conminatoria, que le otorga un plazo simular.
Teresa Subieta, delegada defensorial en La Paz, dijo que buscará reunirse con el Alcalde. “Queremos encontrar una solución lo antes posible. Esperamos que antes del viernes se consolide”.