Aunque en pausa en las últimas horas, el conflicto del magisterio urbano tiende a dilatarse con la incorporación de un punto más a su pliego final de cinco puntos: aspectos administrativos. El paro de 48 horas fue ratificado por los dirigentes.

La información fue develada por el viceministro de Educación Regular, Bartolomé Puma, quien informó que en la contrapropuesta que el magisterio urbano presentó el lunes al Gobierno surgió un sexto punto más.

“Nos han hecho llegar su contrapropuesta, pero también tocando otros aspectos, como la infraestructura, mobiliario e insumos, y están viendo de que los maestros deben trabajar con menos cantidad de estudiantes”, señaló el funcionario.

La incorporación del punto “aspectos administrativos” implicará la modificación de la Resolución 224, explicó.

Además de este punto, el magisterio exige al Gobierno el cumplimiento de otros cinco: mayor presupuesto, más ítems de nueva creación, la compensación de ítems del déficit histórico, rechazo a la implementación de los contenidos actualizados en la malla curricular y la realización del congreso educativo.

El conflicto cursa su cuarta semana. El secretario nacional de la Confederación de Trabajadores en Educación Urbana de Bolivia (CTEUB), Patricio Molina, ratificó el paro de 48 horas anunciado para el jueves y viernes, además de bloqueo de caminos con cierre de fronteras.

Asimismo, responsabilizó al ministro de Educación, Édgar Pary, de las consecuencias que puedan derivar de las protestas planificadas para el turno de la mañana y tarde en la ciudad de La Paz, en los mismos días del paro.

“Las medidas se ratifican, los piquetes de huelga ya están instalados; mañana (por jueves) se ratifica el paro de 48 horas con bloqueo de carreteras y cierres de fronteras”, dijo a La Razón.

Sobre el descuento de sueldos a los maestros ausentes de clases advertido por el Ministerio de Trabajo, Molina aseguró que “no hay miedo”, ya que, en su criterio, ésta es una lucha para mejorar la calidad de educación.

En el departamento de Pando el desborde de los ríos Acre y Tahuamanu causó destrozos en viviendas de cuatro municipios; de ellos, Cobija es el más afectado. Sin embargo, pese a las leves lluvias —que todavía caen en el lugar— el nivel del agua descendió en 21 centímetros (cm).   

En entrevista con La Razón Radio, el asesor del Ministerio de Defensa, Ademar Valda, detalló que el río Acre afectó a los municipios de Cobija y Bolpedra, mientras que el Tahuamanu inundó las riberas de Filadelfia y Porvenir.

Valda informó que el nivel del agua del río Acre descendió considerablemente. En Bolpedra bordea los 4,65 metros (m) de altura desde el suelo. Mientras que en Cobija —entre el martes a las 07.00 y el miércoles a la misma hora— el agua bajó en 21 cm. En este municipio, el lunes, el nivel del agua llegó los 12,64 metros.

En el caso de los municipios Filadelfia y Porvenir la situación se encuentra controlada. “El día de hoy vamos a sostener una reunión con los alcaldes de estos dos municipios para la entrega de ayuda humanitaria”, aseguró el asesor.

El sábado arribó a Cobija cerca de 12 toneladas (t) de ayuda humanitaria del Gobierno central, que será distribuida entre las familias de los cuatro municipios que fueron afectadas por el desborde de los ríos.

Valda informó que más de 500 militares de la Armada Boliviana, la Fuerza Aérea y el Ejercito operan las 24 horas y realizan labores de salvataje, salvaguarda y, en algunos casos, todavía, de evacuación de algunas familias.

Se ha habilitado seis albergues que resguardan a más de 600 damnificados y 2.000 personas se fueron a casas de sus familiares, vecinos y amigos. 

Los barrios Bajo Virtudes y Bajo Acre continúan aislados, ya que el puente que los conecta, como algunas calles, se encuentra aún bajo el agua. Pese a ello, Valda señaló que en este sector no hay viviendas anegadas. Sin embargo, se habilitaron lanchas para transportar vituallas, medicamentos y realizar el monitoreo.

Asimismo, afirmó que las vías terrestres de que llegan a Cobija no fueron afectadas y están habilitadas.

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Luego de ocho años Pando sufre una de las peores inundaciones; 2015 y 2012 fueron los años más difíciles que superó el departamento.

En 2015 el Gobierno dotó de viviendas solidarias a las familias damnificadas, no obstante, éstas fueron abandonadas luego de que el nivel del agua descendió, y los beneficiados volvieron a sus viviendas inundadas.

Valda lamentó ese extremo y cuestionó la actitud de los beneficiarios del programa de vivienda social.

Además, sugirió a la Alcaldía reconfigurar la mancha urbana del municipio de Cobija para evitar este tipo de catástrofes, en las que los desbordes de los ríos alcanzan a las viviendas construidas en sus riberas.

Cobija se encuentra con alerta roja desde el sábado por la madrugada y Provenir, en alerta naranja.

Desde las condiciones de la infraestructura hasta los servicios básicos de las 4.372 unidades educativas de La Paz serán puestas bajo evaluación, gracias a un convenio entre la Defensoría del Pueblo y la Dirección Departamental de Educación de La Paz.

“Desde septiembre se hizo un acercamiento con la Dirección Departamental de Educación con la finalidad de realizar este relevamiento de información y conocer aquello que empíricamente nosotros sabemos”, explicó el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.

Los directores de las unidades educativas deberán llenar un formulario digital. Allí tendrán que responder datos bajo los parámetros de las condiciones de infraestructura, servicios básicos e instalaciones eléctricas, material, mobiliario, salas de computación y tecnología, y atención a las necesidades de personas con discapacidad, entre otros, informó la Defensoría del Pueblo.

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“(Toda la información) tenemos que sistematizarla; tenemos que ordenarla para luego realizar una incidencia respecto de las autoridades competentes que están encargadas de garantizar la infraestructura y dar condiciones a los estudiantes y que estos puedan pasar clases adecuadamente”, señaló Callisaya.

EVALUACIÓN

La Dirección Departamental de Educación de La Paz será la encargada de instruir a las autoridades de cada colegio a que llenen este formulario; que luego estará bajo la evaluación de la Defensoría del Pueblo.

“A pesar de los pocos recursos los directores han tratado de responder. Aquí en La Paz, la Alcaldía no dio apoyo y por eso las juntas escolares han hecho aportes para mejorar más unidades educativas. Ese tipo de trabajos hacen los padres de familia; seguro con esto (el diagnóstico), en adelante, veremos los resultados”, indicó el director departamental de Educación, Carmelo López.

Con las conclusiones, se harán las recomendaciones y pedidos a las autoridades que corresponda para subsanar las falencias que se identifiquen. Por norma, los gobiernos municipales son los encargados de la infraestructura de las unidades educativas.

“Funcionan 4.372 unidades educativas en el departamento de La Paz, de las cuales, 3.968 son fiscales. Nosotros vamos a incidir en las autoridades educativas de La Paz”, remarcó Callisaya, según una nota institucional.

Patrick lucha por su vida. En la sala de terapia intensiva se realiza el tratamiento del niño de dos años que cayó dentro de una olla con agua hirviendo, el reporte médico señala que tiene más del 50% de su cuerpo con quemaduras.

“Tiene quemaduras de segundo grado de superficial a profundas, con una extensión de más del 50% de la superficie corporal total del niño y está cursando con un estado choque que es tanto por la infección como por la pérdida de volumen por las quemaduras extensas”, explicó el médico del Hospital del Niño, Mauricio Daza, a Unitel.

La tragedia sucedió el fin de semana, en el municipio de Quime, del departamento de La Paz. El domingo, los padres de Patrick salieron a trabajar y decidieron llevarlo con ellos, tenían que prestar labores en un restaurante.

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De acuerdo con el relato del padre, el niño jugaba con un globo, mientras su mamá cocinaba y él hacía unas reparaciones. Pidió la ayuda de su esposa y perdieron de vista, según él, por algo de dos minutos al niño. En cuestión de segundos, el pequeño habría tropezado y caído dentro de una olla con agua hirviendo que estaba en el piso.

OLLA

La gravedad de las heridas ameritó el traslado del niño desde Quime hasta el Hospital del Niño de la ciudad de La Paz. Patrick fue ingresado a terapia intensiva para tratar de curar sus heridas, en tanto, sus padres buscan ayuda de manera desesperada, pues son de escasos recursos, tienen en total cinco hijos.

“Está en terapia intensiva, necesito que me ayuden por favor. Cada medicamento es de 200 (bolivianos) para arriba, a veces 400, son muy altos los medicamentos, cada día gastamos más y más”, contó entre lágrimas la mamá de Patrick, a dicha red.

Si bien una parte del tratamiento logró ser cubierto por el seguro, hay fármacos necesarios a diario para procurar la recuperación del niño. Los médicos hacen lo posible, empero, la situación es delicada.

“Requiere mucho apoyo en cuanto a medicamentos, tanto para ayudar a controlar sus signos vitales como para ayudarlo a respirar”, afirmó el médico.

La familia solo sueña con volver a ver a Patrick jugando, sano, con sus hermanos y en su hogar.

Confesó el delito y fue sentenciado. Luis Fernando Vaca recibió este martes la pena máxima de 30 años de cárcel, luego de admitir que mató con múltiples heridas cortantes a su expareja, María Alejandra. El feminicidio sucedió en Cotoca, Santa Cruz.

“(…) Se procedió a la aprehensión del principal sindicado, su pareja de nombre Luis Fernando Vaca Rojas de 36 años de edad, quien después de su audiencia cautelar se declaró autor y culpable del delito, siendo sentenciado a 30 años de presidio en Palmasola”, informó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, mediante su cuenta de Twitter.

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María Alejandra tenía 26 años y era madre de un niño de ocho años. De acuerdo con información de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), la víctima ya había denunciado en febrero a su pareja; incluso se interpuso una orden de alejamiento, no obstante, luego de una audiencia de conciliación, desistió y la investigación no siguió.

Lo que sí siguió en esa relación fue la violencia. Las investigaciones señalan que la madrugada del lunes, Luis Fernando Vaca Rojas agredió con un arma punzocortante a María Alejandra hasta causarle la muerte. El deceso fue alertado por los vecinos del barrio San Jorge de Cotoca.

“La mujer de 26 años lastimosamente es agredida por su exconcubino; el mismo que le infiere varias heridas punzocortantes en el cuerpo, una de ellas en el tórax, lo que lamentablemente le quita la vida. Posterior al hecho, y al verse descubierto por los vecinos, este ciudadano intenta quitarse la vida provocándose heridas en el cuello y a la altura del brazo”, informó a La Razón el director nacional de la FELCV, coronel Rubén Lobatón.