Con la aplicación de la Ley 1173, el Tribunal Sexto de Sentencia de Cochabamba recibe a diario hasta 12 solicitudes de cesación de la detención preventiva de acusados, imputados y sentenciados por delitos de violencia contra la mujer y la niñez.
“Ese tribunal recibe hasta 12 solicitudes de cesación por día, y está llevando hasta 12 audiencias. La Ley 1173 —Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres— establece que, cuando alguien solicita la cesación, se tiene que fijar la audiencia dentro del plazo de 48 horas”, informó a La Razón Mercedes Cortez, representante legal de la Fundación Voces Libres, cuya oficina central se encuentra en Cochabamba.
La semana pasada, activistas denunciaron que con la norma —que se aplica desde el 5 de noviembre de este año—, se permitirá que feminicidas y violadores con detención preventiva dejen los penales.
Según la norma, esta medida tiene un carácter extraordinario, y no debe prolongarse más allá de los seis meses. Sin embargo, un proceso dura más de tres años, por lo que existe el peligro de que los imputados y acusados huyan para eludir el proceso penal, alegaron.
Según Cortez, la defensa de la mayoría de los detenidos preventivos que hicieron las solicitudes son de casos de violación y feminicidio y, en menor porcentaje, de robo agravado o narcotráfico.
“Enterados todos (los presos) de la vigencia de la Ley 1173 (…), que les favorece, están solicitando a diestra y siniestra (la cesación), es decir todos los días”.
Reunión. Justamente para exponer esta preocupación, activistas de La Paz y Cochabamba se reunieron ayer con la Secretaria General de la Cámara de Senadores, y obtuvieron el compromiso de que antes de Navidad o Año Nuevo se sostendrá una “gran reunión” para analizar la suspensión de la aplicación o anulación de este cuerpo legal.
“Nos ha recibido la secretaria general (Gabriela Díaz). Ha compartido nuestro argumento. Dará parte a la presidenta del Senado, Eva Copa, y se comprometió a asumir esta lucha. Tenemos que tratar con prioridad este tema y de ahí saldría una recomendación al pleno para que suspenda o anule la ley. Ellos van a evaluar”, dijo la entrevistada.
Añadió que en el encuentro se hizo un análisis de los recursos que recibe la administración de justicia. “Solo es el 0,25% del Presupuesto General del Estado; el 40% es para el Ministerio de la Presidencia. Las universidades públicas reciben más recursos que la administración de justicia”.
Por otra parte, en el Juzgado Segundo de La Paz ayer se realizó la audiencia de cesación de la detención preventiva de Henry A., acusado por los delitos de abuso deshonesto, abuso sexual y corrupción de menores en el caso Scouts. Se dispuso que continúe privado de libertad, ya que los datos de la empresa que supuestamente iba a contratarlo no coincidía con los registros de Fundempresa ni Impuestos Nacionales.