La declaratoria de “alerta nacional” por violencia tomará al menos un mes, dijo ayer el ministro de Justicia, Álvaro Coimbra. “En un mes, vamos a lanzar la alerta nacional. Es algo que le pedimos al gobierno anterior desde que salió la Ley 348”, añadió.

El lunes 13 de enero, el Gobierno declaró a 2020 como el “Año de Lucha Contra el Feminicidio y el Infanticidio” y en ese marco anunció cuatro acciones, una de las cuales justamente es viabilizar la declaración de “alerta nacional” “de manera rápida y efectiva”.

La primera reunión de la comisión interinstitucional, en cuyas manos está esta declaración, está programada para este jueves. 

La Razón entrevistó a Belén Zamora, oficial a cargo de ONU Mujeres, para conocer cuál es el procedimiento que se debe seguir en el caso de “alerta nacional”.

La primera constatación es que no existe una guía específica, como la que trabajó y aprobó en 2015 el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género (SIPPASE), que depende del Ministerio de Justicia, para declarar alerta municipal y departamental.

Sin embargo, su contenido se puede extrapolar a la declaración en el ámbito nacional, dijo.

1. ¿Cuándo se declara alerta? Cuando se registra un alto índice de feminicidios. Bolivia pasó de un feminicidio cada tres días en promedio a un feminicidio diario a partir de 2020.

2. ¿Qué entidad declara la alerta nacional? El Ministerio de Justicia mediante una Resolución Ministerial. En este caso, todas las instancias deben activar medidas, acciones y recursos de emergencia.

3. ¿Cómo comienza el proceso? Con la conformación de una comisión interinstitucional que debe evaluar de forma objetiva la necesidad de la declaratoria. Si encuentra que es necesario, debe hacer la recomendación y acompañarla del Plan de Acción.

4. ¿Qué instancias deben componer esta comisión? El Ministerio de Justicia, el servicio Plurinacional de la Mujer y la Despatriarcalización, los ministerios de  Educación, Salud y Comunicación, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General, la Policía, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia y el Órgano Judicial. “En este equipo interdisciplinario deberían participar ONG que trabajan con derechos de las mujeres y redes que trabajan en tema de la violencia y otros.

5. ¿Qué debe contener el Plan de Acción? Un detalle de las medidas concretas en prevención, protección, persecución y sanción; las instancias responsables de ejecutarlas; y la identificación o asignación de un presupuesto. a) Debe reforzar la prevención individual, social y comunitaria en los grupos más afectados con campañas de comunicación y otros; b) Reforzar la protección y seguridad mediante el incremento de personal de los Servicios Legales Integrales Municipales, la constitución de casas de acogida y otros; c) Reforzar la vigilancia ciudadana mediante la ejecución de operativos que consideren mapas de riesgos; d) Priorizar los procesos investigación y el juzgamiento de los casos; e) Reforzar el control social a través de las redes de prevención; y f) Crear una Unidad de Atención Integral Inmediata para las Víctimas.

6. ¿Cuánto dura la alerta? No puede prolongarse por más de un año continuo. Si al cabo de ese tiempo la situación no ha cambiado, se evaluarán las acciones de las entidades responsables de la aplicación de las medidas de emergencia determinadas a fin de establecer responsabilidades.

7. ¿De dónde salen los recursos? El presupuesto del Plan de Acción es un presupuesto adicional al contemplado en la Ley 348, esto quiere decir que se deben hacer modificaciones presupuestarias.

8. ¿Hay plazos? Una vez que se conforma el equipo multidisciplinario o la comisión interinstitucional, a partir de la primera reunión tiene 10 días para elaborar el Plan de Acción.

9. ¿ONU Mujeres tiene recomendaciones adicionales? A nivel operativo,  adaptar este protocolo a nivel nacional para que todas las instituciones involucradas conozcan sus roles y responsabilidades. También recomendamos a) Reforzar el acceso a la protección inmediata y apoyo a las sobrevivientes, incluida la asistencia médica, psicológica, jurídica social y de alojamiento seguro. b) Trabajar en la capacitación sistemática de la Policía, abogados, jueces,  personal sanitario y otros para asegurar que respetan protocolos y estándares de calidad y decontruir estereotipos. c) Trabajar en la prevención para hacer frente a la desigualdad de género y las normas sociales que toleran la violencia contra las mujeres. d) Fortalecer el acceso, recopilación y análisis sistemático de datos, sobre la magnitud, las causas y consecuencias de la violencia contra las mujeres para contribuir a la elaboración de leyes, políticas y programas. e) Integrar estas medidas en políticas más amplias como la reducción de la pobreza, acceso a la vivienda, educación, etc.