El 72% de las víctimas de trata y tráfico, desprotegidas
Faltan centros especializados y personal capacitado.
Solo tres de cada 10 víctimas de trata y tráfico recibieron en los últimos dos años atención en centros de acogida especializados para recuperarse de los daños físicos y psicológicos, según un informe de la Defensoría del Pueblo, presentado ayer.
El informe “Cumplimiento a la Creación de Centros de Acogida Especializados para Víctimas de Trata y Tráfico de Personas y Delitos Conexos” reveló múltiples deficiencias entre lo que dispone la Ley Integral Contra la Trata y Tráfico (Ley 263) y la práctica institucional. Así constató que no existen los suficientes centros de acogida especializados, ni personal cualificado ni capacitado.
Según el diagnóstico, cuya base son datos del Ministerio Público, en 2018 y el primer semestre de 2019 en el país se reportaron 733 víctimas. Del total, solo 207 (28,2%) recibieron atención y protección institucional y 526 (71,8%) no tuvieron ningún apoyo ni protección estatal.
La investigación abarcó a los nueve gobiernos departamentales y 39 municipales: (10 de ciudades capitales más El Alto y 29 de ciudades intermedias,)
La defensora Nadia Cruz informó que en el nivel departamental hay seis centros de acogida para víctimas: Tres en La Paz; uno en Potosí; uno en Cochabamba y uno en Santa Cruz.
De éstos, solo dos —La Paz y Potosí— son de administración directa de los gobiernos departamentales de La Paz y Potosí, los restantes cuatro, son de administración delegada. En el caso de las alcaldías, ninguna cuenta con un centro de estas características.
También evidenció falta de coordinación interinstitucional en los protocolos de atención y repatriación (Ver cuadro).
La entidad sugirió a las gobernaciones de Oruro, Chuquisaca, Tarija, Pando y Beni proceder a la apertura de estas casas de acogida; a las de Beni, Chuquisaca, Oruro, Pando, Potosí, Santa Cruz y Tarija, la aprobación de normas para regular su acreditación, apertura y funcionamiento y establecer un sistema de registro, seguimiento y cruce de información sobre las víctimas.
Al Ministerio de Justicia, le sugirió elaborar un modelo de atención y al Legislativo, modificar la Ley 263 para que solo el nivel departamental pueda abrir estas casas de acogida especializadas.