Solo en Cochabamba, siete personas, entre sentenciadas por feminicidio e imputadas por ese delito e infanticidio en el grado de tentativa, lograron la cesación de la detención preventiva en aplicación de la Ley de Abreviación Procesal Penal o Ley 1173.
La fundación Voces Libres lanzó ayer la Alerta y denunció que la Asamblea Legislativa Plurinacional no dio un paso para comenzar el tratamiento del proyecto de reforma que le remitió el 15 de enero la presidenta Jeanine Áñez.
“Desde la aplicación de la Ley 1173, conocemos siete casos de personas que han quedado en libertad, seis de ellos feminicidas”, informó Mercedes Cortez, abogada del Observatorio de Justicia y representante de la Fundación.
El lunes 17, dos presuntos feminicidas fueron beneficiados con medidas sustitutivas.
Los vocales de la Sala Penal Primera concedieron la detención domiciliaria en un cuartel militar en Villa Tunari al capitán de infantería Víctor Alberto C. C., acusado formalmente por el feminicidio de Zulmah V., de 29 años, secretaria del Ministerio de la Presidencia en el gobierno anterior.
A una semana de que comience su juicio oral el sujeto dejó la carceleta de Arani, donde estuvo detenido preventivamente y retomó sus labores en el cuartel. Familiares de la víctima temen que huya y el crimen quede impune.
El 20 de octubre de 2018, en Villa Tunari, Cochabamba, los miembros del equipo de avanzada de la Presidencia, entre ellos el militar y la joven, fueron a bailar.
De retorno al hotel en el que se alojaban, se quedaron a escuchar música hasta que amaneció. Como hacía calor Víctor Alberto C. C. sugirió ir a nadar al río San Mateo, pero solo Zulmah aceptó. Horas más tarde, encontraron su cuerpo flotando en el río. Un golpe en la cabeza fue la causa de su muerte, según el forense.
Por otra parte, los jueces del Tribunal de Sentencia 6º, que condenaron a 30 años de cárcel sin derecho a indulto al expolicía Javier V. M., por el feminicidio de Martha Q. M., el 21 de septiembre de 2017, le otorgaron medidas sustitutivas.
Cortez alertó que más feminicidas, infanticidas, violadores y violentos dejarán los recintos penitenciarios si no se modifica la Ley 1173, que entró en vigencia en noviembre del año pasado.
Así, Máximo G., condenado a 20 años de prisión por infanticidio en el grado de tentativa, fue también beneficiado con la excarcelación. El sujeto intentó matar en tres oportunidades a su hijo de dos años: lo arrojó de un segundo piso y lo envenenó dos veces. El pequeño no puede ver ni caminar. Sin embargo, tras cuatro meses de reclusión quedó inexplicablemente en libertad.
En otro caso, un sujeto que mató a su esposa con 21 puñaladas, delante de sus hijos, goza de detención en el domicilio donde residen los pequeños.
“No se puede dar detención en domicilio a un feminicida con sentencia. La cesación de la detención, no es una regla”.