Dos madres pelean para que la Justicia no libere a feminicidas y el Gobierno urge reformar la Ley 1173
“Ayúdenme. Esto no es justo, el feminicida de mi hija pretende salir de la cárcel cuando ya fue sentenciado a 30 años de prisión en El Abra”, reclamó en medio del llanto Sonia Galindo, madre de una de las víctimas de feminicidio.
Sonia Galindo y Scarleth Rojas viven un drama similar sin siquiera conocerse: sus hijas fueron víctimas de feminicidio y ahora luchan, y hasta imploran, que la Justicia no libere a los feminicidas.
Más allá de la tragedia, el Gobierno ha urgido la modificación de la Ley 1173, de Abreviación Procesal Penal, a la cual atribuye la liberación de los procesados y sentenciados por violencia contra la mujer.
“Ayúdenme. Esto no es justo, el feminicida de mi hija pretende salir de la cárcel cuando ya fue sentenciado a 30 años de prisión en El Abra”, reclamó en medio del llanto Galindo.
Alzó la voz de protesta el martes encadenada en el portón del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Cochabamba, donde se llevaba adelante la audiencia de cesación solicitada por el acusado.
Horas más tarde, los jueces negaron la libertad a Rodolfo Delgado Inca, condenado a 30 años de prisión, por el feminicidio de su exnovia Lilian Dayana Galindo, a quien le asestó 34 puñaladas el 21 de septiembre de 2016. Ella tenía en ese entonces 18 años.
Pero la familia y el Observatorio de Justicia de la Fundación Voces Libres temen que la Justicia al final se doblegue y libere al feminicida. Fundamentan sus dudas en “contradicciones” del tribunal en la última audiencia.
Rojas, por su lado, ha recorrido un camino similar. El lunes 2 de marzo arremetió contra el presunto feminicida, el subteniente de Policía Cristhian L., de 28 años, tras escuchar que el Juzgado de Sentencia 1 le otorgó detención domiciliaria y derecho al trabajo en el proceso por estupro.
Increpó al presunto agresor y advirtió que no descansará un solo día hasta que aquél pague por lo sucedido.
“No confió en las autoridades de justicia; en lugar de sancionar, premiaron a este mal policía. El juez le dice que se vaya feliz a su casa y que vaya a trabajar tranquilo”, reclamó Rojas quebrada por el llanto.
Según la madre, el agente, en su condición de instructor del Grupo de Apoyo Civil a la Policía (Gacip), enamoró a la víctima cuando ésta tenía solo 15 años. Luego convivieron hasta el 5 de febrero de este año, cuando Lorena fue encontrada sin vida en la casa del subteniente.
La joven tenía en sus manos su arma oficial.
Reclamo del Gobierno
El Gobierno presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto para la modificación de parte de la Ley 1173 debido a que, por ejemplo, estipula la detención preventiva de hasta seis meses, pero en casos de feminicidio o infanticidio estos procesos demoran más.
Asimismo, cuestiona el aspecto de que las familias de las víctimas sean las que deben demostrar los riesgos procesales del agresor, como la falta de domicilio, trabajo y familia para que permanezcan en la cárcel.
El trámite, sin embargo, no avanza.
¿La Asamblea Legislativa es para que esté en contra de su pueblo?, cuestionó este miércoles el ministro de Gobierno, Arturo Murillo. Lo hizo en respuesta a los diversos pedidos de interpelación que han surgido en su contra desde el Legislativo.
“¿Para que se siga llorando la gente, sigan matando a los niños, sigan saliendo asesinos? Hay jueces que están aprovechando esta situación para liberar asesinos y violadores”, denunció.
“Hay dos iniciativas en la Asamblea, cualquiera de las dos que corra, que se modifique de una vez, es urgente; hay gente que está sufriendo, hay gente que está clamando por esto. Espero que reflexionen los señores del MAS y se preocupen de trabajar por su pueblo y dejen de hacer política”, dijo.
En lo que va del año son 27 las mujeres víctimas de feminicidio en el país. (04/03/2020)
