La ciudad de Riberalta, capital del municipio beniano del mismo nombre, vivió ayer una nueva jornada de tensión, tras el desalojo el miércoles de 35 familias que ocupaban ilegalmente un terreno. La Policía, la Fiscalía y la Defensoría Municipal de la Niñez y Adolescencia fueron sitiadas.

Los más exaltados, de acuerdo con el testimonio telefónico de Roxana Cuevas, representante de la Defensoría del Pueblo, amenazaron con asaltar las oficinas con armas de fuego, de uso común debido a la caza. A las 16.00 se retiraron, aunque hasta esa hora no logró instalarse el diálogo propiciado por la funcionaria.

La chispa que encendió la segunda jornada de violencia fue la noticia del nacimiento de una bebé muerta debido presuntamente a la gasificación.

Los manifestantes, entre los que se hallan los afectados, mototaxistas, vendedores y otros, sacaron el cadáver de la sietemesina del lote donde era velada, secuestraron un vehículo de la Defensoría municipal y pasearon su cuerpo por la ciudad, lo que sumó adhesiones y caldeó los ánimos.

Sin embargo, tanto Cuevas como Gregorio Quiroz, de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, dijeron que recibieron informes —que aún deben ser refrendados por escrito— del administrador de la posta sanitaria donde Helen Suárez Melgar, de 21 años, hizo su control prenatal, de que hace dos días se detectó que la bebé estaba atravesada —en posición horizontal—, por lo que fue remitida al Hospital Materno Infantil de esa ciudad.

La joven llegó allí a las 18.30 del miércoles —después del desalojo se trocó en una batalla campal en la que la fuerza pública usó gases lacrimógenos— y, según la doctora que la atendió, el feto había muerto 48 horas antes en su vientre y había comenzado un proceso infeccioso, por lo que la madre permanece hospitalizada.

Los manifestantes no aceptaron esta explicación y responsabilizaron del nacimiento prematuro y muerte de la bebé a la Policía, que pidió a su vez practicarle la autopsia. Debido al cerco y a las amenazas, la Defensoría municipal suspendió actividades, mientras que la del Pueblo trabajó a puertas cerradas.

Violencia. El miércoles, luego de cuatro meses de negociaciones para que las 35 familias desocupen el predio de Miriam Rivero, hermana del exviceministro Wigberto Rivero, la Policía dio cumplimiento a una sentencia del Tribunal Constitucional que dispone el desalojo. El operativo comenzó a las 07.00 y en el enfrentamiento posterior cinco agentes resultaron con contusiones y un muchacho de 16 años fue arrestado por una horas.

Para entonces se habían sumado otros sectores, que se dirigieron al Canal 9 Televisión Amazónica, de propiedad del exviceministro, y destruyeron sus instalaciones, apedrearon la casa de la directora de este medio y agredieron a periodistas alegando que no estaban informando bien.

“Uno de canal 24 tiene el brazo prácticamente quebrado, otra de canal 36 perdió su cámara y a mí me quitaron mi celular con el que filmaba esta agresión”, reportó la noche del miércoles el periodista de Cadena A.

La Razón se comunicó la tarde de ayer con el ministro de Gobierno, Jorge Pérez, para conocer la cantidad de detenidos y un informe sobre lo ocurrido. La autoridad pidió que se entreviste a Samuel Villegas, secretario general de esa cartera de Estado; éste funcionario trasladó la consulta a Israel Quino, director de Régimen Penitenciario, y éste a Comunicación.

ANP condena el ataque

Periodistas

Juan León, de la Asociación  Nacional de la Prensa, lamentó que un problema de tierras “derive en atentados contra medios  de comunicación. Condenamos todo atentado contra un medio de comunicación, porque significa atentar contra el derecho a la libre expresión”, dijo.

La ciudad de Riberalta, capital del municipio beniano del mismo nombre, vivió ayer una nueva jornada de tensión, tras el desalojo el miércoles de 35 familias que ocupaban ilegalmente un terreno. La Policía, la Fiscalía y la Defensoría Municipal de la Niñez y Adolescencia fueron sitiadas.

Los más exaltados, de acuerdo con el testimonio telefónico de Roxana Cuevas, representante de la Defensoría del Pueblo, amenazaron con asaltar las oficinas con armas de fuego, de uso común debido a la caza. A las 16.00 se retiraron, aunque hasta esa hora no logró instalarse el diálogo propiciado por la funcionaria.

La chispa que encendió la segunda jornada de violencia fue la noticia del nacimiento de una bebé muerta debido presuntamente a la gasificación.

Los manifestantes, entre los que se hallan los afectados, mototaxistas, vendedores y otros, sacaron el cadáver de la sietemesina del lote donde era velada, secuestraron un vehículo de la Defensoría municipal y pasearon su cuerpo por la ciudad, lo que sumó adhesiones y caldeó los ánimos.

Sin embargo, tanto Cuevas como Gregorio Quiroz, de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, dijeron que recibieron informes —que aún deben ser refrendados por escrito— del administrador de la posta sanitaria donde Helen Suárez Melgar, de 21 años, hizo su control prenatal, de que hace dos días se detectó que la bebé estaba atravesada —en posición horizontal—, por lo que fue remitida al Hospital Materno Infantil de esa ciudad.

La joven llegó allí a las 18.30 del miércoles —después del desalojo se trocó en una batalla campal en la que la fuerza pública usó gases lacrimógenos— y, según la doctora que la atendió, el feto había muerto 48 horas antes en su vientre y había comenzado un proceso infeccioso, por lo que la madre permanece hospitalizada.

Los manifestantes no aceptaron esta explicación y responsabilizaron del nacimiento prematuro y muerte de la bebé a la Policía, que pidió a su vez practicarle la autopsia. Debido al cerco y a las amenazas, la Defensoría municipal suspendió actividades, mientras que la del Pueblo trabajó a puertas cerradas.

Violencia. El miércoles, luego de cuatro meses de negociaciones para que las 35 familias desocupen el predio de Miriam Rivero, hermana del exviceministro Wigberto Rivero, la Policía dio cumplimiento a una sentencia del Tribunal Constitucional que dispone el desalojo. El operativo comenzó a las 07.00 y en el enfrentamiento posterior cinco agentes resultaron con contusiones y un muchacho de 16 años fue arrestado por una horas.

Para entonces se habían sumado otros sectores, que se dirigieron al Canal 9 Televisión Amazónica, de propiedad del exviceministro, y destruyeron sus instalaciones, apedrearon la casa de la directora de este medio y agredieron a periodistas alegando que no estaban informando bien.

“Uno de canal 24 tiene el brazo prácticamente quebrado, otra de canal 36 perdió su cámara y a mí me quitaron mi celular con el que filmaba esta agresión”, reportó la noche del miércoles el periodista de Cadena A.

La Razón se comunicó la tarde de ayer con el ministro de Gobierno, Jorge Pérez, para conocer la cantidad de detenidos y un informe sobre lo ocurrido. La autoridad pidió que se entreviste a Samuel Villegas, secretario general de esa cartera de Estado; éste funcionario trasladó la consulta a Israel Quino, director de Régimen Penitenciario, y éste a Comunicación.

ANP condena el ataque

Periodistas

Juan León, de la Asociación  Nacional de la Prensa, lamentó que un problema de tierras “derive en atentados contra medios  de comunicación. Condenamos todo atentado contra un medio de comunicación, porque significa atentar contra el derecho a la libre expresión”, dijo.

La Alcaldía paceña presentó su  Plan Operativo Anual (POA) y su presupuesto 2014, de Bs 1.910,3 millones (MM), menor al reformulado en 2013, de Bs 1.967 MM. La suma incluye el recorte de Bs 50 MM de coparticipación por el decrecimiento poblacional que halló el Censo 2012.

Ambos proyectos fueron remitidos la tarde de ayer al Concejo, que debe aprobarlo en 15 días, enviar el documento al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que a su vez debe incluirlo en el proyecto de Ley Financial del próximo año y remitirlo a la Asamblea Legislativa Plurinacional.  Según los datos del Censo de Población y Vivienda 2012, La Paz perdió 28.676 habitantes en el periodo intercensal 2001-2012 y ahora cuenta sólo con 764.617 habitantes.

“Este presupuesto lamentablemente considera la reducción de unos Bs 50 millones (por) los resultados confusos del censo que van a afectar a proyectos que podríamos haber desarrollado”, dijo el alcalde Luis Revilla. Por esa causa, la Asamblea de la Paceñidad decidió convocar a un paro de 24 horas, exigir una auditoría al censo y un fondo de compensación para el municipio, por el más de medio millón de personas que visitan la urbe cada día y que usan los servicios de la ciudad.

Recursos. De los Bs 1.900,3 millones presupuestados, los ingresos propios representan el 34,6%; las trasferencias del Gobierno central (coparticipación tributaria, Impuesto Directo a los Hidrocarburos y el Programa de Alivio de Deuda para Países Pobres Altamente Endeudados, HIPC, por sus iniciales en inglés), 61,4%; el proveniente de fuentes externas (donaciones y créditos), 4,8%.

Para 2014, la Alcaldía programó la ejecución de 1.539 obras, programas, proyectos y actividades que cubren todo el abanico de las “10 tareas para La Paz”, propuesta electoral del alcalde Revilla (ver cuadro central).

Entre las obras, el burgomaestre destacó la entrega el próximo año de 16 nuevos barrios y comunidades de verdad, la adquisición en el primer trimestre de otros 42 buses para el sistema de transporte municipal La Paz Bus —que empezará a funcionar plenamente en enero— que se sumarán a los 61 que son fabricados en China y que llegarán a fines de octubre o principios de septiembre a la urbe. Como parte de este acápite se programó el asfaltado, ensanchamiento y mejoramiento de 17 arterias por donde circularán los buses ediles.

En infraestructura vial sobresalen la edificación de tres puentes; el Gemelo, que unirá Sopocachi con Miraflores, licitado este año y cuya adjudicación se hará conocer en los siguientes días; la conclusión del Ferrobeni, de cuatro carriles; y la construcción, en su primera fase, de una plataforma vehicular entre la avenida Gutiérrez y la calle Regimento Castrillo, que unirá San Antonio y Copacabana con Miraflores.

Entre las obras estructurantes, Revilla resaltó la construcción y reparación del embovedado del río Apumalla. Para salud se presupuestaron poco más de Bs 78 MM y entre los proyectos están la edificación de los hospitales de segundo nivel en los macrodistritos de Cotahuma y San Antonio, y la segunda fase del hospital La Paz 14 de Septiembre y del centro de salud San Pedro.

También destaca el levantamiento de un albergue transitorio en Mallasa, que acogerá a niños y adolescentes víctimas de maltrato. Para educación, la Alcaldía inscribió poco más de Bs 80 MM para mantención, mejoramiento de unidades educativas y la dotación de material escolar a los estudiantes del sistema fiscal (“Mochila escolar”).

Para el deporte asignó Bs 15 MM, y los proyectos centrales en este punto son la construcción de un Palacio del Deporte en el Macrodistrito Sur, y el fortalecimiento del programa formativo “Campeones de Mañana”, que se efectúa en las escuelas.

La cultura tendrá poco más de Bs 20 MM y para la atención de grupos vulnerables se presupuestaron Bs 25 MM. La edificación del Centro Integral de Control y Monitoreo —un edificio de seis pisos en la Estación Policial Integral de San Pedro— y de la Unidad de Bomberos Antofagasta en Santa Bárbara también fueron consignados en materia de seguridad para los ciudadanos.

Gasto de publicidad en 2014

Previsión

Menos del 1% del presupuesto, algo más de Bs 6 MM, irá a la publicidad edil.

La Alcaldía paceña presentó su  Plan Operativo Anual (POA) y su presupuesto 2014, de Bs 1.910,3 millones (MM), menor al reformulado en 2013, de Bs 1.967 MM. La suma incluye el recorte de Bs 50 MM de coparticipación por el decrecimiento poblacional que halló el Censo 2012.

Ambos proyectos fueron remitidos la tarde de ayer al Concejo, que debe aprobarlo en 15 días, enviar el documento al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que a su vez debe incluirlo en el proyecto de Ley Financial del próximo año y remitirlo a la Asamblea Legislativa Plurinacional.  Según los datos del Censo de Población y Vivienda 2012, La Paz perdió 28.676 habitantes en el periodo intercensal 2001-2012 y ahora cuenta sólo con 764.617 habitantes.

“Este presupuesto lamentablemente considera la reducción de unos Bs 50 millones (por) los resultados confusos del censo que van a afectar a proyectos que podríamos haber desarrollado”, dijo el alcalde Luis Revilla. Por esa causa, la Asamblea de la Paceñidad decidió convocar a un paro de 24 horas, exigir una auditoría al censo y un fondo de compensación para el municipio, por el más de medio millón de personas que visitan la urbe cada día y que usan los servicios de la ciudad.

Recursos. De los Bs 1.900,3 millones presupuestados, los ingresos propios representan el 34,6%; las trasferencias del Gobierno central (coparticipación tributaria, Impuesto Directo a los Hidrocarburos y el Programa de Alivio de Deuda para Países Pobres Altamente Endeudados, HIPC, por sus iniciales en inglés), 61,4%; el proveniente de fuentes externas (donaciones y créditos), 4,8%.

Para 2014, la Alcaldía programó la ejecución de 1.539 obras, programas, proyectos y actividades que cubren todo el abanico de las “10 tareas para La Paz”, propuesta electoral del alcalde Revilla (ver cuadro central).

Entre las obras, el burgomaestre destacó la entrega el próximo año de 16 nuevos barrios y comunidades de verdad, la adquisición en el primer trimestre de otros 42 buses para el sistema de transporte municipal La Paz Bus —que empezará a funcionar plenamente en enero— que se sumarán a los 61 que son fabricados en China y que llegarán a fines de octubre o principios de septiembre a la urbe. Como parte de este acápite se programó el asfaltado, ensanchamiento y mejoramiento de 17 arterias por donde circularán los buses ediles.

En infraestructura vial sobresalen la edificación de tres puentes; el Gemelo, que unirá Sopocachi con Miraflores, licitado este año y cuya adjudicación se hará conocer en los siguientes días; la conclusión del Ferrobeni, de cuatro carriles; y la construcción, en su primera fase, de una plataforma vehicular entre la avenida Gutiérrez y la calle Regimento Castrillo, que unirá San Antonio y Copacabana con Miraflores.

Entre las obras estructurantes, Revilla resaltó la construcción y reparación del embovedado del río Apumalla. Para salud se presupuestaron poco más de Bs 78 MM y entre los proyectos están la edificación de los hospitales de segundo nivel en los macrodistritos de Cotahuma y San Antonio, y la segunda fase del hospital La Paz 14 de Septiembre y del centro de salud San Pedro.

También destaca el levantamiento de un albergue transitorio en Mallasa, que acogerá a niños y adolescentes víctimas de maltrato. Para educación, la Alcaldía inscribió poco más de Bs 80 MM para mantención, mejoramiento de unidades educativas y la dotación de material escolar a los estudiantes del sistema fiscal (“Mochila escolar”).

Para el deporte asignó Bs 15 MM, y los proyectos centrales en este punto son la construcción de un Palacio del Deporte en el Macrodistrito Sur, y el fortalecimiento del programa formativo “Campeones de Mañana”, que se efectúa en las escuelas.

La cultura tendrá poco más de Bs 20 MM y para la atención de grupos vulnerables se presupuestaron Bs 25 MM. La edificación del Centro Integral de Control y Monitoreo —un edificio de seis pisos en la Estación Policial Integral de San Pedro— y de la Unidad de Bomberos Antofagasta en Santa Bárbara también fueron consignados en materia de seguridad para los ciudadanos.

Gasto de publicidad en 2014

Previsión

Menos del 1% del presupuesto, algo más de Bs 6 MM, irá a la publicidad edil.

El Ejecutivo municipal de La Paz aprobó la nueva escala tarifaria para los radiotaxis, que fija un pasaje básico de Bs 8 y el pago adicional y escalonado por cada área que atraviese el vehículo, de Bs 3 a Bs 5. Esta modalidad no tiene recargo nocturno.

Hasta ahora, el costo del pasaje en la urbe estaba librado al arbitrio de las empresas, pero con el tarifario oficial, el usuario debe pagar un mínimo de Bs 8 y un máximo de Bs 40. La escala entrará en vigencia el 1 de abril, y aunque los radiotaxistas rechazaron la resolución municipal y efectuaron un ampliado de emergencia, no dieron a conocer sus conclusiones.

Para aplicar los pasajes oficiales la mancha urbana fue dividida en 20 áreas, cuyos límites norte, sur, este y oeste están claramente definidos en un mapa que deberá ser exhibido por las unidades de radiomóviles junto con la escala con los montos referenciales, informó el alcalde Luis Revilla

Según explicó antes de viajar a Sucre, donde se realiza la IV Cumbre Nacional de Seguridad Ciudadana, la tarifa básica se cobrará dentro de cada una de estas zonas. Si el recorrido obliga atravesar otra área, por la primera el usuario abonará Bs 3 extra, por la segunda Bs 4 y desde la tercera en adelante Bs 5. 

Rechazo. El pasaje más alto se aplica por recorridos de extremo a extremo de la urbe, como el trayecto entre el área 17 (Chasquipampa) y el área 10 (Villa Fátima) (ver cuadro a la derecha).

También implica rebajas a los montos que cobran los radiotaxistas de Bs 2 a Bs 10 (como en el caso del viaje desde El Prado a la Plaza de la Mujer, que se reducirá de Bs 25 a Bs 15), pero también alzas de Bs 1 a Bs 3 (ver  cuadro en la otra página).

El burgomaestre admitió que los montos adicionales por área traspasada no tienen la aprobación de la Asociación de Radiotaxis La Paz, que planteó una escala ascendente de Bs 6, 7, 8, etc., “lo que hubiera implicado montos excesivamente altos en los recorridos largos”, argumentó.

“En el caso de la zona Sur, se estableció un corredor que va desde Obrajes hacia Calacoto”, precisó el oficial asesor del Alcalde, Gustavo Bejarano, quien añadió que la frontera entre Obrajes y Calacoto, en el sur, es el puente de la calle 8 de Calacoto.  El recorrido entre Irpavi, Achumani y Calacoto hasta antes de este puente cuesta Bs 8, pero si se cruza a Obrajes, Bella Vista o Següencoma, se debe abonar Bs 11, detalló.

Sin embargo, Wálter Herrera, presidente de la Asociación de Radiotaxis La Paz, indicó que en las mesas técnicas en las que se discutieron los pasajes, su sector pidió dividir la urbe en 21 sectores y una tarifa básica de Bs 8 y Bs 10. Además, “los mismos técnicos de la Alcaldía establecieron una escala ascendente de Bs 3 a Bs 9” por zona traspasada.

“Lamentablemente, nada de eso atendió el burgomaestre. No sé cómo se empecina en eso, nadie va a entender su crucigrama, mejor que nos coloque taxímetros, así no habría ningún problema en que se cobre más o se cobre menos”, recalcó.

Para fundamentar este rechazo, el representante destacó la incongruencia de que la tarifa del centro de La Paz al Aeropuerto Internacional de El Alto, por ejemplo, que implica un recorrido de 14 kilómetros, sea de Bs 50 y de Bs 15 el viaje de 11 kilómetros entre la plaza Villarroel y la calle 15 de Calacoto. Sin embargo, Bejarano aclaró que las tarifas del servicio hasta El Alto o el aeropuerto son intermunicipales, y su fijación es competencia de la Gobernación.

La asociación agrupa a 25 empresas legalmente establecidas en el municipio, de las 70 que operan en la urbe y tienen la obligación de aplicar la nueva escala tarifaria, dijo Revilla,  Desde el lunes, la GMT controlará que las 25 empresas legales apliquen las nuevas tarifas. A los infractores se les impondrán multas, y si éstas no son canceladas, se les decomisará las placas de circulación.

Revilla anuncia la clausura de 45 radiomóviles ilegales

El Gobierno Municipal de La Paz anunció ayer la clausura de las 45 empresas de radiotaxis ilegales que operan en la urbe. Esas firmas no forman parte del Plan Pasajero Seguro que la Alcaldía y la Autoridad de Transportes y Telecomunicaciones  pusieron en marcha en mayo de 2011. Las empresas tenían un año para acogerse a él. “Se les ha otorgado suficiente plazo para regularizar su situación”, advirtió el alcalde Luis Revilla.

Los requisitos de ingreso a este programa son: que el chofer cuente con la Tarjeta de Identificación del Conductor emitida por Tránsito, previa presentación de certificados de antecedentes policiales; que los vehículos estén regularizados, hayan pasado por la revisión técnica, tengan el seguro contra accidentes, y que la empresa esté inscrita legalmente. Para que la sanción sea efectiva, la guardia edil de transportes impedirá la circulación de sus unidades.