Sociedad

viernes 26 nov 2021 | Actualizado a 22:18

La Paz cerrará la terminal, espacios culturales y parques por la emergencia sanitaria

Hasta el mediodía de este martes fueron reportados 12 casos confirmados de coronavirus en el país; el último fue registrado en Santa Cruz, departamento que ya suma cuatro pacientes.

Frontis de la terminal de Buses de La Paz. Foto: Archivo-La Razón

/ 17 de marzo de 2020 / 13:48

El Concejo Municipal de La Paz considerará la tarde de este martes un proyecto de ley que plantea restricciones moderadas ante la emergencia sanitaria por la expansión del nuevo coronavirus y la modificación presupuestaria para la atención de las medidas para el caso.

Entre las acciones de prevención, el borrador de la norma dispone el cierre de la terminal de buses, el zoológico municipal, los parques, los espacios culturales, deportivos y centros infantiles municipales, además de la Universidad del Adulto Mayor y las casas comunales.

En el caso de los cementerios municipales, la disposición define la atención de únicamente inhumaciones con la asistencia de familiares; las visitas estarán prohibidas mientras dure la emergencia nacional, dispuesta por el gobierno de Jeanine Áñez hasta el 31 de marzo.

El transporte será normal, con normas de bioseguridad necesarias, como el funcionamiento de los comercios populares para el abastecimiento de la población. Estarán prohibidos los eventos culturales, las actividades comerciales de recreación, los centros nocturnos y diurnos, las discotecas, los salones de fiestas, los gimnasios y otras actividades similares.

El proyecto, tramitado por los asesores del Concejo Municipal Miguel Ortega y Claudia Morales, establece además la autorización al órgano ejecutivo municipal para la modificación presupuestaria y los ajustes necesarios para la consecución de recursos externos para “la prevención, control y atención del coronavirus”.

El transporte público será normal, con las exigencias de medidas preventivas de limpieza a inocuidad.

El municipio de La Paz aún no reportó casos confirmados ni sospechosos de coronavirus, a diferencia de Santa Cruz de la Sierra, Oruro y Cochabamba.

Mientras Oruro se declaró en cuarentena por 14 días desde este lunes, Santa Cruz de la Sierra dispuso la misma medida entre este jueves y el domingo. Chuquisaca y Potosí declararon cuarentena departamental, y Cochabamba, alerta roja con restricción de viajes intermunicipales interprovinciales e interdepartamentales.

Hasta el mediodía de este martes fueron reportados 12 casos confirmados de coronavirus en el país; el último fue registrado en Santa Cruz, departamento que ya suma cuatro pacientes.

(17/03/2020)

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La propuesta de Estado federal surge de la ‘frustración’ política de las oligarquías cruceñas

Analistas cuestionan que la falta de proyección nacional de Luis Fernando Camacho obligó a éste a lanzar su propuesta, incluso con el fin de sostener una emoción regional.

/ 24 de noviembre de 2021 / 21:54

La propuesta de Luis Fernando Camacho de Estado federal surge de una frustración política de parte de las oligarquías y los liderazgos políticos cruceños que no logran proyectarse en el ámbito nacional.

En ese análisis coincidieron la socióloga Luciana Jáuregui y el economista Armando, quienes abordaron el asunto en un conversatorio en la transmisión digital Piedra, Papel y Tinta de La Razón.

El lunes, una semana después de terminado el paro que propició Rómulo Calvo, presidente del Comité pro Santa Cruz, el gobernador de Santa Cruz y jefe político de la alianza Creemos planteó su propuesta en respuesta a la hegemonía del Movimiento Al Socialismo (MAS) y contra lo que él llamó “Estado centralista”.

En su análisis sobre la propuesta, Jáuregui se remonta a las viejas propuesta de la oligarquía cruceña, que, por ejemplo, se articuló en la demanda de descentralización al inicio del siglo. “Dado que las oligarquías cruceñas no han podido aceptarse ni proyectarse como fuerza política a nivel nacional, han optado, en cambio, por desgajar a los departamentos de la hegemonía política generacional popular del MAS”, afirmó.

“Y eso tiene que ver con la debilidad política que en lugar de aproximarse y expandirse hacia el centro, tiende, en cambio, a radicalizarse, lo cual significa en cierto modo una suerte de repliegue territorial del poder”, justificó Jáuregui.

Puede leer también: Camacho llama a luchar por el federalismo y acabar con el centralismo y hegemonía del MAS

Ortuño coincidió con su compañera de panel, aunque consideró que hay dos elementos en el análisis, uno de largo plazo y otro de coyuntura. Sobre lo primero, afirmó que “la combinación autonomía-identidad regional se ha vuelto un elemento importante para construir una identidad política, y eso no es de ahora, ya estaba presente desde el inicio de siglo, desde el fin de la democracia pactada: el debate autonómico y el debate constitucional”.

Consideró que “Camacho retoma eso con mucha fuerza, retoma un activo muy valioso en Santa Cruz, que es el cruceñismo, y a partir de ese cruceñismo consigue resultados electorales interesantes. Y sigue aprovechando ese cruceñismo para seguir posicionándose”.

Luego de liderar las protestas entre octubre y noviembre de 2019 que terminaron con el derrocamiento del entonces presidente Evo Morales, debido a un supuesto fraude electoral denunciado por la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), el otrora presidente del Comité pro Santa Cruz optó, primero, ser candidato presidencial en 2020 y, luego, postulante a la Gobernación de Santa Cruz en 2021. Consiguió victoria en esta última elección.

Ahora en el poder regional, Camacho propuso un Estado federal, propuesta a la que, sin embargo, no se avinieron políticos de oposición más que para el debate.

“La propuesta federalista de Camacho ya la propone como un contraproyecto frente al proyecto nacional-popular del MAS. Talvez ahí Camacho se está planteando un horizonte atractivo no solo para Santa Cruz, sino para otras regiones”, opinó Ortuño.

“Y en la coyuntura hay un aspecto muy práctico: después del último conflicto en Santa Cruz se pudo generar cierta frustración en la gente. ¿En qué sentido? Un conflicto largo y complicado, y el resultado no es necesariamente maravilloso en términos de movilizaciones cívicas”, dijo.

Al término del paro, una facción de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), brazo de choque del Comité pro Santa Cruz, cuestionó la suspensión del paro, que por nueve días había liderado Calvo contra la ahora abrogada Ley 1386, de Estrategia de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas. Incluso, la noche de la suspensión, el martes de la semana pasada, ese grupo de choque rodeó la sede comiteísta y pidió la cabeza de su líder.

Camacho no comentó el incidente ni expresó su apoyo a Calvo.

“La gran pregunta para los políticos cruceños es cómo yo sigo manteniendo el entusiasmo y la emoción. Evidentemente, Camacho lanza su propuesta federalista con gran pompa, en buena medida coyuntural”, opinó Ortuño.

En el ámbito nacional, el presidente Luis Arce desafió a Camacho y a la oposición a ganarle al MAS incluso en un supuesto Estado federalista, y el jefe de la alianza Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, consideró la propuesta como inoportuna, aunque se declaró abierto al debate. Si bien al principio el expresidente Evo Morales abrió la posibilidad de debate sobre la materia, incluso la discusión sobre un eventual referéndum, este miércoles afirmó que la propuesta de Camacho es «separatista».

Los alcaldes de Cochabamba, Manfred Reyes Villa; de La Paz, Iván Arias; de Santa Cruz, Jhonny Fernández, y de El Alto, Eva Copa, expresaron su indiferencia a la propuesta, y cuestionaron a su turno de partidaria y ajena a otros asuntos más importantes ahora, como la discusión del pacto fiscal o la consolidación de las autonomías.

Ante esas reacciones, Camacho admitió que hace falta socialización de la iniciativa. Y se ha puesto en campaña con una serie de conversatorios que debía comenzar la noche de este miércoles.

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La Caja Petrolera explica que la destitución de Calvo es ‘netamente administrativa’

El director de la Caja Petrolera, David Martínez, se preguntó por la “casualidad” de la difusión en redes sociales de la destitución del dirigente del Comité pro Santa Cruz.

David Martínez, en conferencia de prensa. Foto: Rodwy Cazón-La Razón.

/ 24 de noviembre de 2021 / 13:40

La Caja Petrolera de Saludo (CPS) aclaró que la destitución de su funcionario Rómulo Calvo, a su vez presidente del Comité pro Santa Cruz, es “netamente administrativa” y que la revisión de su caso data desde abril, cuando la entidad dispuso el seguimiento a la asistencia de su personal.

En este caso, “el afán de la Caja Petrolera es netamente administrativo”, dijo en una explicación a los periodistas el director de la entidad, David Martínez.

El martes se conoció la resolución de destitución de Calvo, que por más de una semana propició un paro en Santa Cruz contra la ahora abrogada Ley 1386, de Estrategia de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas.

El dirigente era proctólogo en la regional de la Caja Petrolera de Santa Cruz, que, en la justificación de su decisión, invocó el Decreto Supremo 1592. La norma señala que se interrumpirá las tareas de un funcionario por “inasistencia o el abandono injustificado del trabajo cuando excedan de seis días hábiles seguido”.

También puede leer: Destituyen a Calvo de la Caja Petrolera por abandono de trabajo; impugnará la resolución

La defensa de Calvo adelantó que éste continuará en sus funciones mientras se resuelva una impugnación contra la destitución.

Martínez insistió en que el caso es netamente administrativo. “Hoy se me ha hecho llegar lo que el sumariante ha encontrado de todas las pruebas que se han evidenciado y le ha hecho llegar al señor Calvo de forma oficial ayer la destitución de su cargo, pero este documento es netamente técnico-legal”, dijo.

Adelantó que el afectado tiene todo el derecho de impugnar la decisión.

“Hemos continuado con nuestra investigación, esto viene desde abril. Qué coincidencia que, por las redes sociales, han sacado resoluciones y memorandos que yo no he emitido” antes, afirmó.

Martínez aclaró que la regional de la Caja Petrolera de Santa Cruz hizo el seguimiento de la asistencia e Calvo, no así la oficina central. Además, dijo que ese reporte fue enviado a la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (Assus) y al Ministerio de Salud.

“Esta dirección se maneja en el marco del respeto a las personas, de sus derechos y en el marco netamente legal. No tenemos ningún interés, y qué casualidad que en este momento, después de un paro cívico, hayan saltado relaciones entre (Fernando) Castedo y Calvo”, dijo.

Fernando Castedo también había sido dirigente del Comité pro Santa Cruz.

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Otra aventura de Camacho

/ 24 de noviembre de 2021 / 01:18

La propuesta de Luis Fernando Camacho de un Estado “federal” ha removido, otra vez, el avispero político en el país. Sin embargo, ha sido entendida desde el lado de sus detractores como una forma de esconder su “mala gestión” en la Gobernación y su “fracaso político”, como consideró la ministra María Nela Prada.

El lunes, el líder de la alianza Creemos irrumpió en la agenda política con su propuesta, una semana después de terminado el paro contra la Ley 1386, ahora abrogada, cuyo protagonista fue Rómulo Calvo, presidente del Comité pro Santa Cruz, su otrora lugarteniente.

¿Quiso recuperar terreno perdido? Se sabe que durante las protestas, el gobernador fue anulado por la presencia de Calvo. Éste incluso le pidió que no asistiera a la concentración multitudinaria del Cristo Redentor del domingo 14, que solía ser su espacio durante las protestas de octubre y noviembre de 2019.

Puede hablar un poco de esta situación de quiebre de ambos el asedio que el dirigente cívico sufrió la noche en la que comunicó la suspensión de la movilización: una facción de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) protestó por la decisión y hasta pidió su cabeza. Y Camacho guardó silencio; ni lamentó los incidentes ni expresó su solidaridad con el líder cívico.

Ahora, el protagonista es Camacho.

Si bien quiso tomar aire con su planteamiento, lo hizo con una idea equivocada, que deslegitima una propuesta que, en otras circunstancias, podría ser útil para el debate: cuestionar la hegemonía del MAS, devenida de un proceso histórico, como resultado de sus participaciones electorales y derivada de un fuerte bloque popular que ha sido capaz de instituir un Estado Plurinacional.

Además, Camacho cuestionó el centralismo, que puede ser comprensible, pero soslayó el Estado autonómico, recientemente conquistado y vigente, aunque no consolidado.

Es más, plantea un Estado federal como si el desafío fuera como forzar la abrogación de una ley a base de narrativas peligrosas.

La construcción de un modelo de Estado no es un proceso improvisado, al calor de egolatrías o antipatías circunstanciales, a colación de fracasos políticos o aventuras fascistas.

Deviene de un agotamiento real de un modelo de Estado y no como Camacho lo describe. Si bien este Estado es nuevo, todavía no se consolida precisamente por ese afán permanente de desconocimiento y desprecio de los otros, con la agravante de prácticas recurrentes de racismo y discriminación en su contra.

Se trata de un proceso complejo, que parte de un debate político y social sensato de cara al país, de consensos necesarios y de la adopción de vías democráticas para su consolidación. Y esa vía es precisamente el desafío.

La Constitución de 2009, construida desde la iniciativa de una mayoría y la necesidad de un Estado inclusivo, instituyó un Estado Plurinacional y autonómico desde una Asamblea Constituyente emergida del voto.

Para eso, esas mayorías tuvieron que superar el debate político, consolidar su fuerza y generar consensos democráticos hasta construir una hegemonía capaz de mantener el modelo mientras no haya fuerza contraria que plantee una alternativa de Estado.

Camacho intenta consumar su propuesta con un quiebre democrático, como propició en 2019, con el pretexto de un fraude electoral que no termina de probarse: movilizaciones contra los derechos de otros, invocatoria de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, propuesta de “junta de gobierno” civil, gobierno inconstitucional a través de la decana del Tribunal Supremo de Justicia, acuerdos con militares y policías para la desobediencia al poder democrático, la toma del Palacio de Gobierno, el pacto con mineros para “tumbar” a Evo Morales a dinamitazos y el respaldo a un gobierno proclamado sin respaldo de la Constitución.

Si Camacho lo entiende así, va a quedarse solo. El país no está para experimentos antidemocráticos otra vez. Hay que enfrentar un proceso constituyente necesario.

Rubén Atahuichi es periodista.

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Justicia recuerda que la Constitución dicta la aprobación de leyes por mayoría absoluta

La cartera de Estado aclaró que la modificación de los 2/3 de votación solo sirve para “temas administrativos” y no para la aprobación de leyes o juicio de responsabilidades.

La sala de sesiones de la Cámara de Senadores. Foto: Rodwy Cazón

/ 16 de noviembre de 2021 / 14:39

En medio de otro debate político y conflicto sobre la forma de aprobación de normas en la Asamblea Legislativa, el Ministerio de Justicia recordó que todas las leyes se aprueban con “mayoría absoluta”.

“De acuerdo con el artículo 163 de la Constitución Política del Estado (CPE), ‘las decisiones de la Asamblea se tomarán por mayoría absoluta de sus miembros presentes’ y así ocurre al interior del Órgano Legislativo a lo largo de décadas y en muchos países del mundo con el fin de garantizar gobernabilidad”, explicó la cartera de Estado en una nota de prensa.

El retiro de la votación por dos tercios de los reglamentos de las cámaras de Diputados y de Senadores durante el periodo legislativo final 2014-2020 ha reavivado conflictos políticos en el país, que de demandar la abrogación de la Ley 1386, de Estrategia de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, pasó la petición de restitución de los dos tercios.

También puede leer: Asamblea de la Paceñidad acoge demandas cívicas, convoca a marcha y amenaza con paro

El lunes, la Asamblea de la Paceñidad, en coincidencia con las alianzas Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, determinó solicitar la restitución de los 2/3 para la aprobación “consensuada de leyes”.

El Ministerio de Justicia consideró que los reglamentos legislativos “respetan lo dispuesto en la Carta Magna referido al tratamiento de asuntos de carácter estratégicos y lo dispuesto para la aprobación de leyes”.

Al contrario, explicó que la modificación de finales de 2020 “corresponden únicamente a artículos que se refirieren a temas administrativos”. Así, explicó que se esos ajustes se refieren a la aprobación del orden del día, la revisión de la documentación enviada por el Órgano Ejecutivo para ascensos de las Fuerzas Armadas como trámite administrativo, el establecimiento de sesiones por tiempo y materia, y la entrega de honores, entre otros.

La nota de prensa aclara que en los reglamentos de Senadores y de Diputados se mantiene el mandato de la Constitución en relación de la aplicación de 2/3 para la elección de miembros del Órgano Electoral, las interpelaciones a ministros de Estado y su posible censura, la autorización de juicio de responsabilidades a Presidente y Vicepresidente, la designación del Fiscal General del Estado o la objeción de la designación del Procurador General del Estado.

Además, para la aprobación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, la Aplicación de sanciones a diputados y senadores; el juzgamiento de los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Supremo, del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura o cualquier tipo de reforma parcial de la Constitución.

Con la abrogación en curso de la Ley 1386, que fue factor de conflicto en los últimos días, CC y Creemos, además del Comité pro Santa Cruz, impulsan protestas por la restitución de los 2/3 en casos legislativos.

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Encuesta Celag: El país sufre una ‘división regional en el último año’

El estudio, realizado a través de llamadas telefónicas, abordó a 2.000 personas de más de 18 años en Bolivia entre el 18 de octubre y el 10 de noviembre, según la ficha técnica de la encuesta encargada por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag).

La movilización en Santa Cruz. Foto: APG

/ 15 de noviembre de 2021 / 09:58

“Se ha incrementado mucho” la división regional en el último año, señala una encuesta de Celag que a su vez evalúa las imágenes del presidente Luis Arce y del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, este último sin muchas luces.

El estudio, realizado a través de llamadas telefónicas, abordó a 2.000 personas de más de 18 años en todo el país entre el 18 de octubre y el 10 de noviembre, según la ficha técnica de la encuesta encargada por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag).

De los resultados de la encuesta, destaca el capítulo “aumento de la división regional”, cuya consulta de “se ha incrementado mucho en el último año” arroja un 51,6% de respaldo frente al 44,5% sobre “se ha mantenido siempre así desde hace décadas”.

En la evaluación sobre los actores políticos antagónicos en esta coyuntura, el 43,7% de los encuestados cree que Camacho “está generando división en el pueblo boliviano”; el 33%, “está cumpliendo su rol representando al pueblo cruceño”, y el 15,9%, “está desestabilizando al Gobierno”.

La imagen del Gobernador es negativa para el 60%, positiva para el 29,8% y “no lo conoce” el 7%.

Sobre la imagen de Arce, la ve positiva el 47%, negativa el 45,7% y “no lo conoce” el 3,2%.

En relación a las cualidades del Presidente, ¿es un mal gestor o tiene capacidad? “Es una persona abierta al diálogo”, dice el 47,8%, y “es autoritario”, el 43,6%.

La encuesta también se ocupó de la posibilidad de un golpe de Estado “en el futuro”. El 56,8% “sí cree” que puede ocurrir y el 40,6% “no cree” en esa posibilidad.

Otro de los asuntos consultados a los encuestados fue la gestión de la campaña de vacunación contra el COVID-19. El 51,7% considera que es buena, el 24,4% dice que es mala, el 12,2% afirma que es mala y el 9,9%, muy mala.

“La repartición de tierras sigue siendo injusta, pues los grandes propietarios se quedaron con las mejores”, dice el 54,5%.

Avances

En contrapartida, el 34,3% cree que “en las últimas décadas se ha avanzado mucho”.

Sobre la situación económica, el 43,5% afirma que “mejorará en el mediano plazo”; el 33,6%, “con Luis Arce nunca va a mejorar”, y el 18,4%, “en breve mejorará”.

En relación a un eventual referéndum revocatorio, el 60,1% cree que es “una pérdida de tiempo” y el 35,1%, que “estaría bien”.

La encuesta también abordó la reforma judicial. El 64,3% de los encuestados cree necesario “mantener las elecciones por voto popular de las máximas autoridades” y el 28,2% dice que dicho proceso debe “llevarse adelante por medio de un grupo de expertos sin elecciones” de por medio.

Sobre el “modelo cruceño”, el 63,6% cree que beneficia solo “a unos cuantos empresarios” y el 26%, “a todos por igual”.

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