Sociedad

jueves 5 ago 2021 | Actualizado a 07:00

El Gobierno anuncia el ‘Bono Familia’ de Bs 500 por cada escolar de primaria de colegios fiscales

Una segunda medida anunciada será una “ayuda para las personas, familias y pequeñas empresas que están pagando créditos”. Afirmó que ellos no pagarán dos meses del capital de la deuda.

La presidenta Jeanine Áñez durante su mensaje.

/ 18 de marzo de 2020 / 14:00

En un mensaje grabado, la presidenta Jeanine Áñez anunció varias medidas paliativas ante la crisis sanitaria en el país, entre ellas el “Bono Familia”, consistente en un pago de Bs 500 por cada hijo estudiante de primaria de unidades fiscales.

“Queremos ayudar a las familias a compensar la falta de ese desayuno”, dijo la mandataria, quien dijo que dicho pago se hará efectivo en abril.

Una segunda medida anunciada será una “ayuda para las personas, familias y pequeñas empresas que están pagando créditos”. Afirmó que ellos no pagarán dos meses del capital de la deuda.

Sobre los tributos de las empresas, Áñez informó que el Gobierno dispuso que el impuesto a las utilidades no se pague en abril, “sino en mayo y a plazos”.

Una cuarta acción es la prohibición de la suspensión del servicio de agua potable, electricidad y gas.

Bolivia se encuentra en emergencia sanitaria ante la expansión del nuevo coronavirus, que la fecha suma 12 casos confirmados. (18/03/20)

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¿Fue ‘neutral’ Almagro? No, dicen los hechos

/ 4 de agosto de 2021 / 02:47

De veras creen en la imparcialidad, la neutralidad y la santidad de la OEA? Ahora mismo, el organismo multilateral está en tela de juicio por muchos de sus actos en la región, especialmente su rol en las elecciones en Bolivia de 2019.

El presidente argentino Alberto Fernández dijo que es “una suerte de escuadrón para avanzar sobre los gobiernos populares” y su colega de México, Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que “no debe descartarse la sustitución de la OEA por un organismo verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie”.

Ni qué decir de Luis Arce, que se hizo eco del mandatario mexicano al decir que la región necesita de un organismo que “respete la autodeterminación de los pueblos y no de cabida a la hegemonía de un solo Estado”.

En ese ámbito de duros cuestionamientos a la OEA no son casuales las actuaciones de su secretario general, Luis Almagro, que resulta implacable con los gobiernos de Cuba y Venezuela, especialmente, y condescendiente con otros países que sostienen una línea hegemónica de Estados Unidos.

Otrora canciller de José Mujica y expulsado en 2018 del Frente Amplio de Uruguay, precisamente por alentar el derrocamiento de Nicolás Maduro, Almagro fue pieza clave antes, durante y después de las anuladas elecciones generales de 2019 en Bolivia. Transitó de manera sospechosa entre amores y desamores con Evo Morales al menos desde 2016.

Entonces había pedido a Morales respetar los resultados del referéndum que le dijo a éste No a la reelección. “Ningún juez puede levantar el dictamen del único soberano: el pueblo”, escribió sobre la iniciativa oficialista de recurrir entonces al Tribunal Constitucional.

Y cuando el tribunal dio su fallo favorable a Morales, Almagro escribió el 29 de noviembre de 2017: “En realidad, el artículo 23 de la Convención Americana de DDHH citado en sentencia del Tribunal Constitucional de Bolivia no contempla el derecho a perpetuarse en el poder”.

Para entonces, Morales comenzaba a hacer planes para los comicios de 2019. En medio de sus afanes apareció Almagro con un discurso cambiado, incluso capaz de molestar a sus admiradores: “Decir que Evo Morales no puede participar, eso sería absolutamente discriminatorio con los otros presidentes que han participado en procesos electorales sobre la base de un fallo judicial reconociendo la garantía de sus derechos humanos”.

Fue en La Paz que dijo eso, el 17 de mayo de 2019, cuando visitó a Morales en la Casa Grande del Pueblo y luego el Chapare, cual si fuera entrañable amigo y aliado político.

La visita y los halagos no fueron casuales; Almagro perseguía una estrategia: lograr instalar la misión de la OEA en las elecciones y “contribuir a cortar con un proceso de reelección que sobrepasaba el marco legal”. Esto último lo describen los periodistas uruguayos Gonzalo Ferreira y Martín Natalevich en su libro Luis Almagro no pide perdón (Planeta, 2020), para el que hablaron con él 20 horas.

“Había que estar, y la manera de estar era asumir determinadas responsabilidades y retos políticos”, dice Almagro, según el libro.

“Pero yo tenía que tener esa posibilidad de evitar eso (victoria de Morales en primera vuelta), si pasaba. La lógica era la segunda (segunda vuelta). Después te preocupás un poco cuando empieza a dividirse la oposición (se ríe), pero ni así”, complementa Almagro.

Nada más al fallar/suspenderse el sistema de conteo rápido (TREP) el domingo de elecciones, la misión de la OEA pegó el grito al cielo. El TREP es solo una herramienta de información, no es el resultado final, pero sirvió para que los detractores de Morales comiencen a echar sombra sobre los resultados, que en criterio de un estudio de la Universidad de Salamanca no sufrieron modificaciones.

Ahí estuvo Almagro, y su representación en Bolivia ya había discutido las líneas previas con el funcionario estadounidense Kevin O’Reilly cuando se reunieron en La Paz el 25 de julio de 2019 para “levantar la voz” contra el “fraude” tres meses antes de los comicios. ¿Ha sido neutral? Solo sus aliados en Bolivia creen que sí. No fue neutral, fue nefasto.

Rubén Atahuichi es periodista.

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Subrayado del TCP en 2019: La sucesión ‘ipso facto’ corresponde al Vicepresidente

“Cualquier entendimiento distinto (sucesión del Vicepresidente) podría atentar contra la inmediatez en la en la sucesión presidencial, prevista en el orden constitucional”, subrayó en 2019 el TCP.

Áñez, con la banda y medalla presidencial en noviembre de 2019.

/ 3 de agosto de 2021 / 18:14

El comunicado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) con el que Jeanine Áñez sustentó su proclamación en 2019 tenía un subrayado en texto negro a manera de límites para la sucesión tras la renuncia de Evo Morales: corresponde la asunción “ipso facto” al Vicepresidente de la República y “cualquier entendimiento distinto podría atentar contra la inmediatez en la sucesión”.

Este martes, La Razón conoció de la ampliación escrita de las explicaciones del TCP a la comisión de fiscales que investiga el caso Golpe de Estado, cuya principal acusada es Áñez, actualmente bajo detención preventiva en la cárcel de Miraflores de La Paz.

Ese 12 de noviembre, dos días después de la dimisión de Morales, el comunicado era el documento clave para la proclamación de Áñez. Lo esperaba el senador de Unidad Demócrata (UD) Yerko Núñez y lo había cabildeado el exsenador Luis Vásquez, entonces asesor del expresidente Jorge Quiroga.

“(…) frente a una sucesión presidencial, originada en la vacancia de la Presidencia de la República, ocasionada por la renuncia del jefe de Estado y no a un acto de proclamación, no requiriéndose de ley ni de Resolución Congresal para que el Vicepresidente asuma la Presidencia de la República; sino que conforme al texto y sentido de la Constitución, el Vicepresidente asume ipso facto la Presidencia de la República (…) cualquier entendimiento distinto podría atentar contra la inmediatez en la en la sucesión presidencial, prevista en el orden constitucional”, señalaba el comunicado del TCP.

Dicho documento se refería a “la jurisprudencia constitucional contenida en la Declaración Constitucional 0003/01 de 31 de julio de 2001, que interpretó los artículos 91; y, 93.I y III de la Constitución Política del Estado abrogada (CPEabrg), referidos a la sucesión presidencial, cuyos términos son similares a los contenidos en el art. 169.I de la CPE vigente”.

En 2001, el entonces presidente Hugo Banzer Suárez padecía un cáncer terminal. Aquejado por la enfermedad, renunció a sus funciones y dejó en manos de su vicepresidente, Jorge Quiroga, la sucesión constitucional.

Quiroga, entonces presidente en ejercicio, había interpuesto entonces ante el TCP una “consulta sobre la interpretación constitucional” con el fin de blindar su mandato, registrado como expediente 2001-02996-06-CCL

Con el magistrado Wilman Durán como relator, el TCP entonces había homologado la sucesión de Quiroga.

“(…) dado que aquí se está frente a una sucesión presidencial, originada en la vacancia de la Presidencia de la República, ocasionada por la renuncia del Jefe de Estado y no a un acto de proclamación, no requiriéndose de ley ni de Resolución Congresal para que el Vicepresidente asuma la Presidencia de la República; si no que conforme al texto y sentido de la Constitución, el Vicepresidente asume ipso facto la Presidencia de la República hasta la finalización del período constitucional; cualquier entendimiento distinto podría atentar contra la inmediatez en la sucesión presidencial, prevista en el orden constitucional”, señala el parágrafo I del considerando III.

En 2019, el vicepresidente era Álvaro García, que había renunciado a la par de Morales en Chimoré, a las 16.52 de ese domingo 10 de noviembre. Según el artículo 169 de la Constitución Política del Estado, luego de la renuncia del Presidente del Estado están en línea de sucesión constitucional el Vicepresidente, el titular de la Cámara de Senadores y, finalmente, el de Diputados.

Antes de Morales, a las 13.30, había renunciado el presidente de Diputados, Víctor Borda, y luego de la dimisión presidencial, también la titular de Senadores, Adriana Salvatierra.

Mientras el Movimiento Al Socialismo (MAS) cuestiona que en la proclamación de Áñez fueron violentados los reglamentos legislativos respecto de la renovación de las directivas camarales a raíz de sendas renuncias, su oposición reivindica la tesis del “vacío de poder” que supuestamente ocasionó el oficialismo de entonces; justifica con ese problema la proclamación inmediata (La Razón contó 11 minutos y 20 segundos entre la frustrada instalación de sesiones en Senadores y la Asamblea Legislativa hasta la asunción de Áñez) de la entonces segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores.

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El Tribunal Constitucional desahucia la ‘sucesión constitucional’ de Jeanine Áñez en 2019

El TCP informó al Ministerio Público que en sus archivos no hay “sentencia, declaración o auto constitucional” que declare la constitucionalidad o no de la proclamación de Jeanine Áñez en 2019.

Jeanine Áñez, en noviembre de 2019, tras asumir como Presidenta del Estado.

/ 3 de agosto de 2021 / 17:07

En respuesta a la comisión de fiscales que investiga el caso Golpe de Estado, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) desahució la “sucesión constitucional” de Jeanine Añez y aclaró que en sus archivos no encontró “sentencia, declaración o auto constitucional” que sustente la constitucionalidad o no de dicha proclamación en 2019.

“De la revisión del Sistema de Gestión Procesal y el informe de 16 de julio de la presente gestión por parte del Gestor Procesal Tutelar de esta institución, se concluye que no se encuentra sentencia, declaración o auto constitucional por el cual se hubiese emitido pronunciamiento sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la sucesión presidencial de la entonces senadora ciudadana Jeanine Áñez Chávez, producidas el mes de noviembre de 2019”, dice la nota enviada al Ministerio Público por Marvin Molina secretario general del TCP.

En 12 de noviembre de 2019 —dos días después de la renuncia de Evo Morales, acorralado por un paro cívico, los cuestionamientos a las elecciones del 20 de octubre de parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), un motín policial y la “sugerencia” de dimisión presidencial de las Fuerzas Armadas— Áñez se proclamó primero titular de la Cámara de Senadores y luego presidenta por “sucesión”.

Entonces, justificó su proclamación con la lectura de un comunicado del TCP de ese día, que apelaba a la Resolución 003/2001 con la que el vicepresidente Jorge Quiroga sucedió en agosto de 2001 al entonces dimisionario y convaleciente presidente Hugo Banzer.

Ese 12 de noviembre de 2019, el entonces senador de Unidad Demócrata (UD) Yerko Núñez esperaba el documento del TCP, aunque días antes Luis Vásquez, exsenador y asesor de Quiroga, hacía lobby político y legislativo para promover la sucesión de Áñez con la resolución constitucional de 2001. La misma Iglesia Católica, que promovió diálogos extralegislativos en la Universidad Católica, informó de que ese grupo de políticos apeló al texto de 2001.

El TCP también hizo llegar a la comisión de fiscales una copia legalizada del comunicado del 12 de noviembre de 2019, cuyo subrayado dice: “(…) el Vicepresidente asume ipso facto la Presidencia de la República (…) cualquier entendimiento distinto podría atentar contra la inmediatez en la en la sucesión presidencial, prevista en el orden constitucional”.

Morales renunció a las 16.52 del domingo 10 de noviembre de 2019. Lo hizo conjuntamente con el vicepresidente Álvaro García, en Chimoré.

Horas después también presentó su dimisión la entonces presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra. Mucho antes de los tres, consignados en la sucesión constitucional dispuesta en la Constitución de 2009, había renunciado también el presidente de Diputados, Víctor Borda. Lo hizo a las 13.30 a través de los medios de información, obligado —según denunció en La Razón— por la presión que un movimiento cívico ejercía sobre él, cuando le pidió tomar esa decisión si quería evitar que su hermano sea quemado.

La oposición, con base al informe de la Iglesia Católica, defiende que entonces se produjo un “vacío de poder”, que obligó la proclamación de Áñez. Ésta asumió la presidencia de Senadores y del país sin ninguna resolución legislativa ni quorum ni presencial de la bancada de dos tercios del Movimiento Al Socialismo (MAS).

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Arce recuerda que entre 2006 y 2017, las alcaldías recibieron Bs 117.029 millones, 660% más

El mandatario afirmó que entre 1994 y 2005, las alcaldías del país recibieron Bs 15.402 millones, cifra que, de acuerdo a la información que publicó, se incrementó en 660% hasta 2017.

El presidente Luis Arce, en el congreso de la FAM-Bolivia, el sábado. Foto: Luis Arce

/ 1 de agosto de 2021 / 01:07

El presidente Luis Arce recordó que entre 2006, año en que comenzó a gobernar Evo Morales, y 2017, las alcaldías del país recibieron Bs 117.029 millones, un incremento del 660% respecto de lo que llamó el periodo neoliberal.

“Entre los años 1994-2005, las alcaldías del país recibieron Bs 15.402 millones, mientras que a partir de la nacionalización y de otras medidas tomadas en nuestro primer gobierno, recibieron entre 2006-2017 Bs 117.029 millones, un incremento del 660% respecto al periodo neoliberal”, escribió el mandatario en sus redes sociales.

El mandatario participó ayer del Congreso de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM-Bolivia), en el que dijo que la situación del país, respecto del año pasado, es diferente. “Hemos reactivado la inversión pública y nuestro gobierno está realizando programas de ayuda a las alcaldías para sus obras urgentes”, afirmó.

En ese marco, de trabajo con los gobiernos municipales, Arce también se refirió a la actual crisis sanitaria derivada de la irrupción de la pandemia del COVID-19 en el país y el mundo.

Dijo que el país necesita apurar la vacunación para aminorar los efectos de la enfermedad en país. La noche del domingo fueron reportados 693 nuevos casos de contagio en el país y 15 fallecidos, Desde marzo de 2020, cuando aparecieron los dos primeros casos, en Santa Cruz y Oruro, el país reporta 473.506 enfermos y 17.821 fallecidos.

La vacunación con las primeras dosis alcanzó 2,8 millones de personas y con las segundas dosis, 1,6 millones.

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Corchado ratifica que en las elecciones de 2019 no hubo manipulación de datos

En entrevista con La Razón, el especialista de la Universidad de Salamanca contó que el análisis consignó los informes de la OEA, Neotec y Ethical Hacking.

Juan Manuel Corchado, de blanco, en una campaña electoral en la universidad. Foto: BISITE

/ 30 de julio de 2021 / 13:00

El informe de la Universidad de Salamanca sobre los resultados de las elecciones de 2019 consignó el que emitió entonces la OEA. Incluso encontró más anomalías, que, sin embargo, no tuvieron como consecuencia la manipulación de datos.

Dichas conclusiones fueron ratificadas vía Zoom a La Razón por el director del Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE, de la Fundación General de la Universidad de Salamanca (España), Juan Manuel Corchado.

Doctor en Ciencias de la Computación por la Universidad de Salamanca y doctor en Inteligencia Artificial por la University of the West of Scotland, Corchado explicó ayer los hallazgos de la pericia que la Fiscalía General de Bolivia encargó a dicho equipo.

“Nosotros nos hemos centrado solo y exclusivamente en ver qué pasó con los datos; se hicieron datos íntegros y consistentes. Te puedo garantizar que después del estudio que nos ha llevado muchísimo tiempo y un esfuerzo ingente de búsqueda del delito, hemos identificado muchas cosas que se hacían mal, pero en sí todos esos errores no podemos decir que hayan implicado una manipulación de datos”, insistió.

En los últimos días, el informe sobre los resultados electorales de 2019 encargado a la Universidad de Salamanca ha generado controversia política en el país y decisiones como el sobreseimiento de seis vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y otros seis funcionarios dispuesto por el Ministerio Público, que a su vez derivó en el cierre del caso Fraude electoral, sobre las presuntas irregularidades “dolosas” halladas por la misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) en las elecciones del 20 de octubre de 2019.

En esos comicios hubo “deficiencias e incidentes que no suponían riesgos para la integridad del proceso electoral, ni para los resultados del cómputo oficial y no se advierte manipulación de los votos”, concluyó el informe conocido el martes en el país.

Dichas pericias fueron apoyadas también por Manuel López Pérez y Pablo Plaza, analistas de ciberseguridad en el grupo BISITE e investigadores de la Universidad de Salamanca.

Corchado afirmó que el estudio consignó los informes de la OEA; de Neotec, la gestora del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), y de Ethical Hacking, la empresa auditora, provisto en un tera (archivo de 1.000 gigas).

“Cuando nos hicimos cargo de la pericia, lo primero que hicimos fue estudiar en detalle el informe, un informe muy amplio y extenso con el que compartimos muchos puntos. Nos sirvió para que desde un principio constatáramos, no solamente con el informe de la OEA sino de Ethical Hackhing, que había habido muchas irregularidades”, dijo Corchado.

Afirmó que, a diferencia de la OEA, su estudio no consideró las observaciones a las actas en seis departamentos ni a la cadena de custodia. “Hemos hecho un estudio exhaustivo de toda la información almacenada en los servidores”, aclaró Corchado.

Consultado sobre si pudo hacer un trabajo in situ, respondió: “No sé si lo de la OEA fue in situ;  lo que puedo decir es que el trabajo ha sido sobre los datos que nos proporcionó la Fiscalía, sobre los datos que quedaron después de todo el proceso electoral”.

El especialista reconoció que lo que estuvo claro en el estudio de la OEA es que en algunos ámbitos encontró que “hubo una imprudencia al permitir el uso, por ejemplo, de un servidor como el B01, que no estaba inicialmente identificado en la infraestructura (conexión)”. “Nosotros también decimos efectivamente —igual lo dice Ethical Hacking— que ese servidor no tiene que estar ahí”.

Dijo que el análisis de su equipo fue “más allá”. Y “hemos trabajado en las consecuencias de la introducción de ese servidor, y una vez analizada la respuesta que nos da Neotec, sobre por qué se paró el TREP y cómo se solucionó incorporando el B020 en los sistemas de cómputo oficial para solventar el trabajo del B01, nosotros vimos que no hubo manipulación de los datos”, señaló Corchado.

El analista contó que el estudio encontró especialmente problemas en el acceso a los datos del TREP, que es un sistema de conteo rápido de votos no definitivo ni oficial, y del cómputo oficial. “Hemos identificado hasta 14 incidentes, 11 de ellos calificados como graves”, precisó.

Corchado dijo que no se sabe quién accedió a los datos. “No sé sin han entrado en el sistema con el permiso de un superadministrador; éste puede borrar todo”.

“¿Qué hicimos? Hemos identificado que alguien ha entrado al sistema y no sabemos quién. Hemos visto qué ha pasado en ese momento en el sistema, y hemos visto que no ha pasado nada. Por eso decimos: alguien entró posiblemente por algún motivo relacionado con la gestión del sistema, pero, realmente, no hizo nada: no cambió actas, no borró actas, no transformó actas, no hizo copias indebidas, no eliminó partes de actas ni manipuló la base de datos”, contó.

La noche del domingo 20 de octubre de 2019, un parón del TREP, a las 19.40 y al 83,7%, generó susceptibilidades, alertado inicialmente por la misión de observadores de la OEA. El incidente desembocó luego en la denuncia del entonces candidato presidencial por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, que al día siguiente llamó a vigilias frente a los tribunales electorales.

El entonces presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, lideró protestas que luego coincidieron con un motín policial, la “sugerencia” de dimisión presidencial de las Fuerzas Armadas, la renuncia del presidente Evo Morales, el 10 de noviembre, y la proclamación de la senadora Jeanine Áñez, el 12.

El contrato fue firmado por el director de la fundación de la universidad

El investigador Juan Manuel Corchado develó en la entrevista con La Razón que el contrato para la pericia de los resultados de elecciones en Bolivia de 2019 fue firmado por la Fiscalía General del Estado y el mismo director de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, Óscar González Benito.

“La Fiscalía lanzó una licitación internacional. A nosotros nos llegan informes sobre licitaciones internacionales sobre posibles proyectos a los que nos podemos enfrentar a diario, de numerosas agencias, y cuando lo vi, me interesé por presentarnos”, dijo el especialista, que confirmó que la Fiscalía de Bolivia pagó por esos servicios Bs 216.193,05, unos 26.000 euros.

“Como soy funcionario de la Universidad de Salamanca, yo tengo siempre la obligación de gestionar contratos a través de la Universidad de Salamanca y, obviamente, éste tiene que aprobarlos”, comento Corchado.

En Bolivia, conocido el informe el martes, hubo repercusiones contrarias al documento e incluso a la seriedad de la institución que la propició. Corchado reivindicó la capacidad de su equipo y el resultado de sus pericias. “Habrá equipos igual de buenos, pero no equipos más solventes que dan la experiencia que se necesita para llevar a cabo una pericia de este tipo como el que ofrece la Universidad Salamanca, en este caso al servicio de la Fiscalía de Bolivia y el pueblo de Bolivia”, dijo.

Consultado sobre sus consideraciones respecto del informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que generó una crisis política y obligó la anulación de las elecciones generales de 2019 en Bolivia, respondió: “Sinceramente, no puedo mezclar en este proceso mis consideraciones y mis acciones; me tengo que limitar a hacer un trabajo técnico”.

Sin embargo, reivindicó el trabajo de su equipo. “Nuestro trabajo lo hemos hecho siempre desde la honestidad, la imparcialidad, la independencia, y pensando en las dificultades que está pasando Bolivia. Solo la verdad puede ayudar”, dijo.

Agradeció la oportunidad de informar la posición de su equipo y se disculpó de otro medio de información de Bolivia que lo contactó el martes. “Disculpas a la redactora del diario Urgente de Bolivia, ya que me llamó a altas hora de la noche”, justificó.

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