Miguel Gómez / La Paz
El coordinador de la Fiscalía Departamental de La Paz, Sergio Bustillos, informó este sábado que el Juzgado Primero Anticorrupción de El Alto dictó dos años de cárcel para Sonia Vargas Beltrán y Lorenzo Andrés Aliaga Arraza, por el delito de atentado contra la salud pública, ya que ofrecían servicios sexuales incumpliendo la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus.
“Ambos sentenciados incumplieron el decreto que establece la cuarentena, quienes fueron encontrados en flagrancia. El pasado 2 de abril la imputada Vargas se encontraba en la habitación de un alojamiento ilegal de la zona 12 octubre de El Alto, ofreciendo sus servicios como trabajadora sexual, momento en el que fue aprehendida por efectivos policiales”, sostuvo Bustillos. Aparte, vendía bebidas alcohólicas y no contaba con el carnet sanitario.
Mientras que Aliaga, de nacionalidad, chilena fungía como administrador del alojamiento y conocía de la comisión de los ilícitos. Eso no fue todo, ya que no contaba con la documentación que acredite la legalidad de su permanencia en Bolivia. Durante la audiencia de medidas cautelares, ambos solicitaron someterse a un procedimiento abreviado, lo que fue aceptado por la autoridad jurisdiccional y el Ministerio Público.
“Tras la sentencia emitida por el juez de la causa, la trabajadora sexual se acogió al perdón judicial por ser la primera vez que cometió este delito, por lo que no cumplirá la pena privativa. En el caso del ciudadano chileno se resolvió la expulsión del país”, señaló Bustillos, según una nota institucional.